Géneros y Sexualidades

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Caso Araceli Fulles: la trama de “errores” y complicidades detrás del crimen

Una cadena de errores forzados que develan la connivencia policial, estatal y judicial. San Martin no es la excepción, sólo un botón de muestra. Un femicidio más, producto de la violencia machista, pero que deja en evidencia la descomposición que anida en las entrañas del Estado.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 30 de abril de 2017 | 16:30

La ciudad y los perros

Cuando el 17 de abril la División Canes de Lomas de Zamora fue a allanar la residencia de la calle Alfonsina Storni 4477, en la localidad bonaerense de José León Suárez, no encontró nada. En la casa de Darío Badaracco, el rastreo de rutina no ofreció resultados. Era perfectamente posible, si no mediara un pequeño detalle: los animales estaban adiestrados para el rastreo de personas vivas (Clarín 29/04).

Si alguien está desaparecido, el protocolo (y el sentido común) indican que para su búsqueda hay que llevar animales que puedan rastrear personas vivas o cadáveres. Si el caso es el de la búsqueda de una mujer en medio de una ola insoportable de femicidios, la necesidad se cae de madura. Quienes comandaban el operativo no lo consideraron necesario.

Once días después, el grupo de canes rastreadores K9 de los bomberos de Punta Alta protagonizó el hallazgo de encontrar enterrado en la misma casa el cuerpo sin vida de Araceli Fulles. Era lógico, estaban preparados para esa tarea, por eso uno de los perros detectó la pista desde una plaza ubicada a 100 metros y fue hasta la puerta de la residencia.

Allí también se encontró un papel con un pedido de auxilio que llevaba la firma de “Ara” y que tampoco había sido hallado en la primera parodia de pesquisa.

El problema no estuvo en los perros rastreadores, sino en los que visten uniforme.

Éste y otros “errores” o contradicciones abonan copiosamente la hipótesis del encubrimiento y la complicidad policial y judicial en el femicidio: las increíbles respuestas de Badaracco, que la fiscal dio por verosímiles y que la empujaron a dejarlo en libertad luego de tomarle declaración tres veces, no intervenir su teléfono ni pedir una investigación; el “error” ortográfico en el acta de pedido de captura donde su nombre está escrito con “v” (corta); o la información finalmente hecha pública de que dos de los cómplices detenidos (Emanuel y Jonathan Ávalos) son hermanos de un policía: Elián Ismael Ávalos.

El subinspector Ávalos participaba del rastrillaje del que también formaban parte el subcomisario Hernán Humbert de la Seccional 8° de San Martín (era jefe de la Comisaría 5° cuando empezó la búsqueda, luego fue trasladado) y José Herlein que se mantenía en la 5°. Los tres fueron desafectados horas después de que encontraran el cuerpo de Araceli.

Pero incluso, hasta en el procedimiento para hacer efectivos los desplazamientos de dos de estos tres uniformados hubo una dudosa discordancia de tiempos.

Cuando a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad llegó el “rumor” evidente (la familia lo gritaba desesperadamente a los cuatro vientos) de que la Comisaría 5° podría estar entorpeciendo la investigación, realizó una auditoria en la sede policial.

Los sabuesos internos que investigan a los perros de la calle aseguraron que no encontraron nada “raro” referente a la investigación por la búsqueda de Araceli. “Sólo” hallaron dos bolsitas de cocaína que estaban “guardadas” detrás de una cómoda y que habían sido secuestradas en un operativo realizado en el año 2013.

Por este hecho, se resolvió separar de sus cargos a Humbert y al oficial Herlein.
Pero llamativamente, otra errática y sugestiva demora hizo que la sanción no se efectivizara de manera inmediata y tanto Humbert como Herlein continuaron dirigiendo los rastrillajes, pese a que correspondía que estén fuera de servicio.

Cuando se produjo el desplazamiento de Ávalos, el comisario inspector Héctor Fritz informó que los otros dos aún seguían participando de los rastrillajes y que la responsabilidad de que eso sucediera era… de su secretario.

Asuntos externos

El sitio La Política Online informó en julio del año pasado que se estaba produciendo “un capítulo más de las tensiones que existen entre María Eugenia Vidal y la jefa de los procuradores, María del Carmen Falbo. En el entorno de la gobernadora causó sorpresa el accionar del fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, quien les pidió a todos los fiscales de ese distrito judicial que se abstengan de firmar el protocolo contra la violencia de género en el que venía trabajando el gobierno.” (LPO, 15/07/2016).

Falbo, quien finalmente renunció en diciembre pasado, fue abogada de Aníbal Fernández, secretaria de Justicia provincial de Eduardo Duhalde y luego diputada. Felipe Solá la nombró jefa de todos los fiscales penales de la provincia en el año 2004.

Lapargo, encolumnado con ella, es el jefe que tiene a cargo a la fiscal Graciela López Pereyra que está al frente de la investigación del caso Araceli. Algunos definen a Pereyra como una funcionaria muy de escritorio que no va a los allanamientos y confía demasiado en lo que le dice la Policía, lo que ya es toda una definición. Dime en quien confías y ti diré qué encubres.

Por eso Pereyra no estuvo presente, casualidad, en el primer allanamiento de los perros equivocados y los policías de vista demasiado gorda.

Es evidente que el “protocolo” de Vidal fue otra de las tantas medidas de marketing que no tiene ningún efecto real y para demostrarlo está el aberrante aumento de casos de femicidios en la provincia. Pero la interna de la política tradicional en el barro bonaerense saca cada tanto a la luz la podredumbre que reina en las fuerzas de seguridad del Estado, columna vertebral de la industria del gran delito, con amparo judicial y gubernamental.

Nadie en sus cabales puede afirmar que la Policía o la Justicia de San Martin son una excepción en la provincia que tiene una fuerza de 92 mil hombres armados con un jefe que, según la denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió, maneja todo el narcotráfico en el territorio. Claro, después de hacer esa estridente acusación, Carrió fue competir por una banca en la Ciudad.

A los integrantes de esa fuerza, la gobernadora Vidal les solicita una prueba que certifique cuan frías tienen las narices (un examen toxicológico). Un sólo hecho expone a cielo abierto que es otra resolución mediática y marketinera: les avisa.

Quizá por temor a la blanca tentación antes del anunciado examen es que Humbert, Herlein y sus camaradas de la Comisaría 5° guardaron los dos ravioles secuestrados hace cinco años, detrás de una cómoda de la dependencia.

Araceli Fulles, además de víctima de la violencia machista es también víctima del entramado de descomposición que anida en las entrañas del Estado.

El gobierno de Cambiemos tuvo entre las banderas que le permitieron el ascenso al poder la promesa de “lucha contra las mafias”. Lleva 17 meses de administración y hasta ahora ha demostrado que en la política hacia las fuerzas de seguridad es, con respecto a la gobernación de Daniel Scioli, una simple “continuidad sin cambios”.







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