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ANÁLISIS

Casado contra Abascal ¿hacia una nueva “unidad nacional” como en marzo?

La intervención del líder del PP es saludada por Iglesias y Sánchez. El gobierno se abre a retirar su reforma del CGPJ y el Consejo Territorial acerca posiciones sobre las restricciones. Se cocina una posible nueva unidad nacional que nada bueno tiene que ofrecer a la clase trabajadora y sectores populares.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Jueves 22 de octubre | Edición del día

¿Cual es el significado de lo ocurrido en el Congreso en la mañana de este jueves? A horas de la votación de la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de coalición, tomaba la palabra el portavoz del PP Pablo Casado. Anunciaba entre aplausos su voto negativo y empleaba la media hora de su discurso para arremeter contra quienes actúan de sostén de sus gobiernos nada menos que en Madrid, Andalucía y Murcia.

Esta “separación” del PP de Vox, ha sido saludada por casi todo el arco parlamentario y el grueso de los grandes medios de comunicación. El propio vicepresicente Iglesias la ha calificado de “brillante”, aunque no sin recordarle las hipotecas que mantiene con la extrema derecha en esos gobiernos autonómicos. Pero sin duda el saludo más efusivo y de mayor trascendencia ha venido del presidente Pedro Sánchez, quien ha respondido a esta aparente moderación del líder de la oposición anunciando que congelaba su reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

¿Estamos ante una posible entente o tregua entre los dos principales polos del viejo bipartidismo? Esta por verse, y seguramente aún de ser así será provisional, como todo en este régimen en lento pero constante naufragio desde hace casi una década.

Venimos de semanas en las que esta crisis ha vuelto a colarse por muchas de las grietas que lo corroen. La Judicatura atacó al Ejecutivo con la amenaza de procesamiento del vicepresidente Iglesias, le tumbó las medidas de restricción de movilidad en Madrid obligándole a la proclamación del “estado de alarma”... El gobierno contratacó con su propuesta de reforma judicial, una salida bonapartista que equiparaba al Estado español con la Polonia de la derecha populista de Andrzej Duda.

Mientras tanto la segunda ola seguía, y sigue, escalando, las previsiones económicas se siguen hundiendo – a un 12,8% según el FMI- y en la UE se empezaba a mirar con seria preocupación al Estado español como, otra vez, uno de los eslabones débiles que pueden volver a desestabilizar el continente del que es la cuarta potencia en términos de PIB.

Si la aguda crisis política hace inviable la gobernabilidad ¿cómo van a atajar la oleada de contagios y evitar un nuevo confinamiento? ¿cómo vamos a entregarles casi 75 mil millones de euros a fondo perdido? Esas eran las preguntas que rondaban Bruselas.

Lo que ha ocurrido en estas semanas, aunque los focos mediáticos hayan apuntado menos en esa dirección, es una intervención política de la Comisión Europea, y Alemania en particular, para llamar al orden a la clase política de un Estado que en medios y círculos internacionales algunos tachabann de “fallido”, aunque fuera en forma de exageración polémica.

Primero advirtieron a Sánchez de que su intervención y subordinación de la Judicatura al Ejecutivo se salía de los marcos del Estado de Derecho tal y como es concebido en la UE. Los jueces, esa casta reaccionaria y último baluarte del estatus quo, deben gobernarse en una mezcla de endogamia y control consensuado entre las diferentes familias políticas de cada Estado. En caso de persistir en su pulsión bonapartista, hasta los fondos de reconstrucción podrían verse comprometidos.

La llamada de atención se dirigió también al mismo PP. La Comisión marcó una línea roja al gobierno, pero indirectamente también mandaba a la oposición un mensaje: levantar el veto a la renovación de los órganos judiciales y avenirse a llegar a un acuerdo que normalice la vida institucional española. Hay que ver si Casado cumple la parte de esta especie de trato, tan implícito como frágil.

Por otro lado la propia evolución de la pandemia, que se encamina a un escenario de 5 o 6 meses cada vez más duros -como reconoce el propio ministro Illa-, obliga al gobierno central, la oposición y los diferentes gobiernos autonómicos, a reconstruir aunque sea precariamente algo de la unidad nacional que reinó en las primeras semanas del estado de alarma de marzo.

Pasada la tormenta de la intervención sobre la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad de Ayuso tiró esta semana la propuesta de sustituir el confinamiento perimetral de la capital por un toque de queda nocturno similar al de París. Esta medida ha sido una de las acordadas en el Consejo Interteritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este jueves, aunque su concreción jurídica general está por concretarse.

La reunión de este organismo ha vuelto a contar con cierta unanimidad. Las nuevas restricciones y el plan ha contado con el apoyo de todas las comunidades excepto la abstención del País Vasco y Madrid.

¿Estamos pues ante una cierta reconciliación o tregua entre el gobierno y la oposición? Es posible ¿tenemos algo bueno que esperar de ella la clase trabajadora y los sectores populares? Seguro que no.

En el terreno de la crisis institucional, de conseguir un acuerdo en la renovación de la Judicatura, será para apuntalar su rol de árbitro de la vida política -en especial contra toda tentativa a cuestionar el estatus quo, como hemos visto en Catalunya- y fortalecer la casta judicial -que espera ganar peso en la elección endogámica de las altas magistraturas-.

Como escribíamos hace una semana ni la derecha ni el gobierno “progresista” buscan ninguna democratización de este reaccionario poder del Estado. La disputa es solo por ver quien puede controlarlo o disciplinarlo para que no se les vuelva en contra.

En el terreno de la pandemia el consenso que se pretende fraguar puede simplificar las restricciones, pero el plan de conjunto no cambia. A siete meses de iniciarse la crisis sanitaria ni el gobierno "progresista" ni los autonómicos, proponen medidas orientadas al refuerzo de los sistemas de detección, rastreo y atención sanitaria, mucho menos medidas que resuelvan todas las consecuencias sociales y económicas que agravan los padecimientos de millones y hacen aún más fácil la expansión del virus -precariedad, imposibilidad de guardar cuarentenas, miedo al despido...-.

En lo que se pondrán de acuerdo es en el tipo de medidas restrictivas y su alcance. Coinciden en que todo lo que tienen para ofrecer es hacer uso de la legislación de excepción, sanciones, policías y restricciones. Ni contratación de los sanitarios y rastreadores necesarios, ni intervención de la sanidad y los laboratorios privados, ni impuestos a las grandes fortunas para financiar estos refuerzos sanitarios, otros en educación y transporte o un plan de choque contra la crisis social, ni prohibición de los despidos.... ninguna de estas medidas estarán en la agenda de una nueva “unidad nacional”.

El posible, frágil, fugaz... acercamiento representado hoy en la tribuna de las Cortes entre la derecha de Casado y el “progresismo” del gobierno, reforzará los mismos planes que se vienen imponiendo y que han dejado un saldo de más de 50 mil muertes extraordinarias y el descargue brutal sobre nuestros hombros de esta crisis.

Contra ella, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y la izquierda que no se sienta en el Consejo de ministros y ministras, tenemos por delante la tarea de pelear por un plan que haga pagar esta crisis a las grandes fortunas y empresas, que intervenga y nacionalice todos los recursos necesarios para atajar la pandemia del covid-19, pero también la de la precariedad y la miseria, y que se prepare para imponerlo con un verdadero plan de movilizaciones que tuerza el brazo a quienes nos quieren condenar a ser un sujeto pasivo y paciente.







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