Política

CARCELES Y CORONAVIRUS

Cárceles: pese a la emergencia sanitaria, Cafiero dice que el Gobierno “no puede” hace nada

El jefe de Gabinete se lavó las manos y eludió la responsabilidad del Gobierno en el tema. Para ello apeló a una definición del sentido común de derecha, poniendo en una mismo nivel de aberración a violadores con genocidas.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Lunes 4 de mayo | 15:58

Dentro del gobierno, el ala derechista simpatizante con los cacerolazos de la semana pasada, representada centralmente por Berni y Massa, viene tomando la delantera. Sergio Berni llegó a decir en Twitter algo que ni Bolsonaro ni Trump se atrevieron.

Pero los que la juegan de progresistas están siendo tan responsables de la gravísima situación que atraviesan las personas privadas de su libertad. Nos referimos esta vez al jefe de Gabinete Santiago Cafiero quien se encargó de señalar que "el Gobierno no puede ni debe detener, ni meter preso ni liberar a nadie", sino que es facultad exclusiva del Poder Judicial tomar medidas al respecto.

A estas apreciaciones le sumó que "nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad." Estas fueron algunas de sus declaraciones en AM 750 este lunes por la mañana.

Sorprende por burda la equivalencia que establece entre un violador, por más aberrantes que sean sus actos, con genocidas que fueron parte de crímenes contra la humanidad, que cometieron los crímenes más atroces durante la dictadura cívico-milita-eclesiástica. Asesinos, torturados, apropiadores de bebés, violadores, responsables de la desaparición de los 30.000 y parte del Terrorismo de Estado y contra cuya liberación no se escuchó una sola cacerola.

Pero lo grave en este caso, que es lo mismo que vienen diciendo (y callando también) tanto el presidente Alberto Fernández y la ministra de Justicia, de quien dependen nada menos que… las cárceles nacionales, Marcela Losardo.

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El Poder Ejecutivo viene cediendo a las presiones que le imponen los sectores más reaccionarios de la oposición, de su propio gobierno y de los medios q impulsan la campaña de mentiras y fake news. De este modo, está tomando partido frente a una bomba de tiempo dentro de los penales.

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Las declaraciones de Cafiero en la mañana de este lunes intentar seguir instalando la idea de que todo lo que respecte a política carcelaria está por fuera de la órbita gubernamental. Es falso que desde el Ejecutivos no se pueda intervenir en la toma de decisiones. ¿Para qué está entonces el Ministerio de Justicia? ¿Cómo han hecho gobiernos y estados como dentro de Estados Unidos, Brasil, Chile? Leyes de amnistía, conmutación de penas, reformas a las propias leyes vigentes y un gran número de etcéteras sirven para mostrar que no es que “no pueden”, sino que no quieren.

Como se preguntó la diputada porteña del Frente de Izquierda Myriam, ¿porqué por ejemplo, Alberto Fernández sí se pronunció y pidió todo el peso de la ley para quienes no acaten la cuarentena y frente a la salud de los presos y presas patea la pelota? Evidentemente, la decisión es con confrontar y terminar actuando con el mismo bloque que generó la campaña mentirosa del “van a salir todos los violadores y asesinos.”

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Esto sucede mientras ese fin de semana se conoció este lunes que los habeas corpus que soliciten, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, los defensores públicos para la prisión domiciliaria de detenidos en provincia de Buenos Aires, deberán ser tratados por más de un juez no por uno como fue hasta hace minutos. Una traba más para evitar que el hacinamiento se termine convirtiendo en pena de muerte para miles de reclusos.

Párrafo aparte merece la reciente decisión de declarar la inconstitucionalidad de la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal por parte del juez Jorge De Santo, titular del juzgado en lo criminal 37, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la agrupación Usina de Justicia, que consideraba que las excarcelaciones que sugiere dicha acordada violaban la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas y violentaban la independencia de cada magistrado.

La agrupación tan preocupada por las víctimas tiene entre sus miembros a abogados no muy afectos a la vida. Fernando Soto es uno de ellos, y tiene en su curriculum haber defendido a policías acusados por gatillo fácil en la gestión de Patricia Bullrich, como el prefecto que asesinó a Rafael Nahuel y gendarmes que actuaron en el caso Maldonado.

Por eso insistimos que declaraciones como "Lo que tiene que quedar claro es que el Poder Ejecutivo no puede ni debe detener, ni meter preso ni liberar a nadie" y por ende "no es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales", por parte del jefe de Gabinete son funcionales a una política derechista y criminal que en los hechos avala la pena de muerte por coronavirus.







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