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Red Internacional

Tras la campaña de la derecha oficialista y opositora (basada en información falsa) el máximo tribunal provincial revocó el fallo de la Cámara de Casación del 8 de abril. Una vez más dejan que el coronavirus avance en los penales bonaerenses.

Daniel Satur@saturnetroc

Lunes 11 de mayo de 2020 | 14:13
Foto web Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires

El martes pasado, con una rapidez inaudita, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió admitir el “recurso de queja” que había presentado un día antes el fiscal Carlos Altuve. Con esa resolución, se decidió suspender la acordada del Tribunal de Casación Penal del 8 de abril que habilitaba a los jueces bonaerenses a evaluar y otorgar prisiones domiciliarias para personas privadas de libertad que integran grupos de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus.

La Corte había anunciado que la decisión “de fondo” sobre si aceptar o revocar el fallo de Cámara (firmado por su presidente Víctor Violini) la tomaría luego de escuchar la opinión del procurador general de la provincia, el derechista miembro del Opus Dei Julio Conte Grand.

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Obviamente, en sintonía con la campaña de fake news agitada por derechistas como Sergio Berni, Sergio Massa, Patricia Bullrich y sus medios de comunicación amigos, Conte Grand se expidió en rechazo a las prisiones domiciliarias de miles de personas que hoy superpueblan las cárceles y están acusadas de delitos menores, no violentos, contra la propiedad o bien por tenencia de estupefacientes.

Finalmente este lunes el la Corte bonaerense resolvió por unanimidad “homenajear” al coro de mentirosos y revocar el fallo del juez de Cámara Violini. Aunque lo hizo parcialmente, reconociendo que la crisis carcelaria en la provincia es de extrema gravedad y que la pandemia del Covid-19 amenaza con transformarla en una verdadera masacre.

En concreto, los jueces Daniel Soria, Eduardo de Lázari, Sergio Torres, Hilda Kogan, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani y Roberto Martínez Astorino resolvieron, “de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General”, hacer lugar “parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto” por el fiscal Altuve.

En rigor eso implica: “reencauzar los supuestos” del juez Violini “para su tratamiento y resolución con celeridad por cada órgano judicial competente”; que cada juez o tribunal evalúe “con celeridad” y “dando intervención a las víctimas” (en caso de que existan) “las morigeraciones” de las penas; que también esos “órganos judiciales competentes revisen y evalúen las prisiones preventivas de los imputados a su disposición” (también “considerando los derechos de las víctimas”).

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A su vez la Corte confirmó lo resuelto por Violini en cuanto a “la prohibición de mantener alojados en Comisarías personas de sesenta y cinco años de edad” y el “alojamiento en Seccionales Policiales de personas enfermas, menores de edad y mujeres embarazadas”. Algo que ningún gobierno provincial (desde Scioli a Kicillof, pasando por Vidal) cumplió jamás.

Y en el mismo fallo le “recuerda” al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires “la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de carácter específico para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro a las recomendaciones y directivas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras entidades dedicadas a la problemática sanitaria aquí abordada”. Lo que, obviamente, Axel Kicillof y su ministro de Justicia Julio Alak no están haciendo.

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En ese sentido, vale recordar un dato que desmiente categóricamente la afirmación de Kicillof respecto a que su Gobierno “no puede” tomar medidas que permitan resolver cuanto antes y estructuralmente la superpoblación, el hacinamiento y las graves condiciones de salubridad existentes en las cárceles de la provincia.

El artículo 144 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice expresamente que el Gobernador, como “jefe de la administración de la provincia”, tiene la atribución de “conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación”.

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Tal como lo vienen expresando públicamente, las máximas autoridades de la provincia, tanto ejecutivas como legislativas y judiciales se tiran la pelota mutuamente con el único objetivo de salir bien paradas de esta crisis y ni resolver en lo más mínimo la situación.

Mientras tanto, el coronavirus avanza en cárceles, alcaidías y comisarías (al igual que en todo el país) y la única respuesta seria del Estado es la represión, que ya produjo en este marco al menos una muerte, la del interno Federico Rey en la Unidad 23 de Florencio Varela.




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