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Red Internacional

La Procuraduría de Violencia Institucional publicó un informe en el que se registra un aumento del 16 % de muertes en contexto de encierro en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. La incidencia del coronavirus en un contexto de hacinamiento, sobrepoblación y represión estatal a lo largo de las décadas.

Jueves 18 de febrero | 15:20
Foto Socompa

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), dependiente del Ministerio Público Fiscal nacional y cuyo titular es el fiscal federal Andrés Heim, hizo un relevamiento sobre muertes en cárceles y demás establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ocurridas durante 2020.

Según informó el sitio Fiscales este jueves, el año pasado se registraron 58 fallecimientos en dependencias del SPF, lo que representa el registro más alto de los últimos diez años. El número forma parte de un informe anual sobre muertes en contexto de encierro elaborado por la Procuvin.

De acuerdo al informe, en 2017 y 2018 hubo igual cantidad de fallecimientos, 41 por cada año, mientras que en 2019 hubo 50. Los 58 registrados en 2020 indican que hubo, al menos en términos oficiales, un aumento del 16 % interanual. Otro dato significativo es que 22 de los 58 muertos tenían menos de 40 años.

Durante la última década, según el relevamiento de la Procuvin, se registraron en total 492 muertes en la órbita del SPF.

Un dato previsible sobresale en el informe: de las 58 muertes de 2020, 17 fueron por covid-19. Si momentáneamente no se tienen en cuenta esos decesos, el resto de las muertes en cárceles federales ocurridas el año pasado alcanzaron una cifra equivalente a la de las muertes de 2017 y 2018, cuando no existía la pandemia. Es decir, continuidad absoluta.

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Pero las muertes por coronavirus en un contexto de encierro deben ser consideradas no en sí mismas por la pandemia sino sobre todo por las condiciones en las que se encuentra la población carcelaria, tanto del SPF como del resto de los servicios penitenciarios del país. Hay que tener en cuenta que durante todo el año la circulación de personas hacia adentro y hacia afuera de las cárceles se vio reducida al mínimo.

Como se recordará, en marzo de 2020, apenas declarada la cuarentena obligatoria y demás restricciones, miles de presos y presas protagonizaron enérgicas protestas desde los penales en reclamo de una atención urgente a sus situaciones sanitarias, de alojamiento y de alimentación.

La mayoría de esas protestas fueron reprimidas brutalmente por los gobiernos, tanto nacional como provinciales, causando decenas de muertes por balazos, torturas y demás situaciones de violencia estatal. La protesta en el penal de Villa Devoto, una de las cárceles más importante del SPF, fue quizás la más emblemática de esas protestas.

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A su vez hay que recordar que gran parte de los reclamos que se extendieron por todo el país no fueron nunca respondidos satisfactoriamente por el Estado, lo cual llevó a una situación cada vez más preocupante, con cárceles cada vez en peores condiciones de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos y un silenciamiento de esa situación de parte de todas las empresas periodísticas, tanto oficialista como opositoras.

El Gobierno nacional, con su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conducido por Marcela Losardo al frente, es responsable de esta situación, que como demuestra el informe de la Procuvin llevó a que en 2020 se haya llegado al pico de muertes en cárceles federales en la última década.




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