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Red Internacional

Represión.Carabineros de Chile se niega a entregar registros de cámaras corporales

El Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile estableció en febrero de este año que Carabineros debe entregar copia de los registros de las cámaras corporales usadas en las detenciones de control y orden público. Sin embargo, Carabineros se niega y recurre al Tribunal Constitucional.

Miércoles 16 de junio | 09:03

La brutalidad policial en Chile es palpable. Además de casos resonantes que pueden llegar al asesinato de manifestantes el cuerpo represivo chileno ha sido protagonista de acciones brutales que incluyen persecuciones, disparos, golpes y abusos por lo que fueron denunciados ante organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.

Este accionar histórico de Carabineros se profundizó desde el inicio de la rebelión a fines de 2019 con especial saña contra los y las jóvenes, las mujeres, disidencias y pueblos originarios. Ante la evidencia de la brutalidad policial, el Gobierno había anunciado las cámaras corporales, como una herramienta para "prevenir el uso de violencia en procedimientos policiales”. Esto no solo no pasó sino que ahora Carabineros ni siquiera quiere dar a conocer esas imágenes.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) estableció en febrero de este año, que Carabineros debe entregar copia de los registros de las cámaras corporales usadas en las detenciones de control y orden público, realizadas entre el 18 de octubre del 2019 y el 1 de marzo del 2020, para así dar cabida como prueba, a los videos que estas cámaras contienen.

Es así que al día de hoy la institución se he negado a dar copias de dichas cámaras a la CPLT aludiendo a la inconstitucionalidad del acto, incluso recurriendo al TC (Tribunal Constitucional) para que declare inaplicable la decisión del Consejo de Transparencia, acusando que “revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir a todo evento la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición”.

No olvidemos que desde el inicio de la rebelión popular son 8.581 casos en total en los que está implicada la institución por violaciones a los DD.HH, entonces si tanteamos como medio de prueba empírica los videos de seguridad de las cámaras, estás deberían dar cuenta de cada uno de los casos.

Sabemos también que los millonarios desfalcos al fisco y casos de corrupción dentro de los altos mandos de Carabineros ya no son “casos aislados”, pues son parte ya del cotidiano de sus funcionarios, generándose así una total desconfianza por parte de la ciudadanía a cada acto en que esté involucrada una de las instituciones más desprestigiadas del país.

Indigna también que se hayan blindado por medio de leyes represivas (Ley Anti Protesta) a los funcionarios y funcionarias implicados en casos de delitos consumados y conocidos por la opinión pública, teniendo hasta el día de hoy privados de libertad a más de 2.500 presos políticos de la revuelta, que ven desvanecerse sus causas por la inoperancia de un sistema judicial burocrático amparado en leyes antidemocráticas, que criminalizan la protesta social y perpetúan las violaciones a los derechos humanos.




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