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Red Internacional

¿Día de la independencia? Entrevistamos al economista e investigador de CONICET quien señaló los problemas de la renegociación de la deuda con los bonistas privados y con el FMI, en el día en que el Gobierno pagará millones de dólares a los lobos de Wall Street.

Lucía Ortega@OrtegaLu_

Guadalupe BravoEconomista | @GuadaaBravo

Jueves 8 de julio | 22:07

Este 9 de julio se celebra el día de la Independencia del país, es el mismo día que el Gobierno realizará un pago por 164 millones de dólares a los bonistas, producto de la reestructuración de la deuda alcanzada por Martín Guzmán en agosto de 2020.

“Honrar los compromisos” prometió el candidato presidencial del Frente de Todos en la campaña de 2019,y fue una de las pocas que cumplió.Desde que asumió Fernández hasta abril de este año se pagaron más de U$S 6.000 millones para los compromisos con organizaciones internacionales de crédito (como el FMI) y deudas contraídas con otros Estados. Por el contrario, se recortaron las jubilaciones, los salarios públicos en términos reales, se eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras reducciones.

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Francisco Cantamutto es economista, pertenece a la Sociedad de Economía Crítica y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, UNS- CONICET. En esta entrevista repasa los resultados del acuerdo con los bonistas privados, los términos de la negociación en curso con el FMI, y la hipoteca a futuro que implica la deuda para las mayorías populares.

El acuerdo con los bonistas fue festejado por el oficialismo principalmente porque permitía patear vencimientos, en momentos de escasez de divisas. Si miramos la propuesta final, ¿cuánto ganaron los especuladores?

El reconocimiento que se le dio a los acreedores externos, lo primero que hizo fue lograr una lavado de cara de títulos públicos que estaban cuestionados en cuanto a su legitimidad, incluso muchos de ellos judicializados, al menos tres.Esto le permitió tener bonos frescos, nuevos, que permiten garantizar nuevas formas de litigar y presionar por pagos.

Respecto del valor concreto, si bien los especuladores tuvieron que ceder una parte del terreno del valor de mercado al cual fue canjeado el bono, el que más tuvo que ceder fue el gobierno. En cuanto a la operación en cuestión no hubo prácticamente quitas de capital, fue muy baja en algunos casos y nula en otros. Y lo que se produjo fue un aumento de la maduración de los plazos de pago y una reducción de los plazos de interés.

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En ambos sentidos se ganó un poco de aire fiscal y externo al gobierno para enfrentar lo que hizo este año que son las negociaciones con el Fondo Monetario y el Club de París, que encaró bajo la misma lógica: estirar plazos y reducir tasas de interés. No hay grandes quitas de capital en discusión, no las hubo el año pasado ni las hay en este, ni tampoco una discusión de la legalidad o la legitimidad. En este sentido, los bonistas ganaron nuevos instrumentos con valor de mercado renovado que en los hechos, y con el transcurso y permanencia de la pandemia no han recuperado el valor que esperaban y por ello ya están presionando por un acuerdo con el FMI que incluya medidas de ajuste y reforma.

Con este pago empiezan los desembolsos a los acreedores privados. A partir de 2025 ya serán más de 7.500 millones en concepto de capital e intereses e irán en ascenso. ¿Cuán sustentable es en términos de divisas y para la economía cargar con esos pagos?

En términos de sostenibilidad, la visión que está privilegiándose es la visión heterodoxa de Martín Guzmán, que a diferencia de la ortodoxa entiende que hay un límite a las posibilidades de pago. ¿Cuál es el límite? Básicamente que la economía crezca, genere dólares, y haya resultado fiscal positivo para poder pagar esas deudas. Una ecuación que uno podría pensar que no es tan anómala, pero lo que hace es presumir un origen de esa deuda vinculada a una inversión que generaría crecimiento y divisas. Pero al ser eso falso, la ecuación se tiene que forzar para ajustar. En tal sentido, la idea de sostenibilidad, además de nublar el juicio sobre todo lo transcurrido, tiene dificultades para orientarse hacia el futuro.

Si se quiere que la economía crezca, se debe dejar de pagar durante un plazo de tiempo para hacer esas inversiones que serían necesarias, pero esto implica enfrentar a los acreedores, algo que el Gobierno no está haciendo. Si lo que se quiere es pagar la deuda, esto va en contra del crecimiento de la economía y del resultado externo. De manera tal que Guzmán se encuentra ante un movimiento de pinzas que le impide escaparse dentro su propia lógica. Respecto de la sostenibilidad de los pagos, los bonistas ya están previendo la posibilidad de una nueva reestructuración en los próximos 2 o 3 años, incluso si todo funcionara bien, porque dado los plazos de pagos que está ofreciendo el FMI (un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años) las cuentas no darían para la generación de divisas suficientes para poder lograr pagar los vencimientos.

Si la Argentina continúa esta senda de convergencia y consolidación fiscal, de apertura de la economía (algo que todavía no ha realizado), y de reformas estructurales, con todos esos buenos deberes hechos, en los próximos 2 o 3 años nos enfrentaríamos a una nueva reestructuración para continuar esta misma senda.

El Gobierno niega que haya un ajuste pero Guzman redujo el déficit fiscal a cero. ¿Cómo impacta la deuda sobre las amplias mayorías?

En los hechos el Gobierno logró una consolidación, un ajuste fiscal, por encima de las metas esperadas incluso en el Presupuesto y en la negociación con el FMI. Esto tiene que ver con algo previsible y es que se trata de un año electoral, y se sabía que en la segunda mitad del año el Gobierno va a querer gastar más para poder, no sólo reanimar la economía que sigue mostrando señales de debilidad, sino tratar de recomponer parcialmente los bolsillos de la gente. No solamente por aumentos en las asignaciones, jubilaciones, haberes y salario mínimo, vital y móvil, sino admitiendo paritarias en un estándar más cercano a la inflación.

Por supuesto en el mejor de los escenarios se estaría empatando a la inflación, pero no está sobre la mesa la discusión de recuperar lo perdido en los últimos años, de manera tal que es sumamente insuficiente. Pero el Gobierno en esta lógica de sobrecumplir la meta (de ajuste fiscal) en la primera mitad del año tiene que ver con poder librar recursos en esta segunda mitad del año, algo que de hecho ya está haciendo. También se puede ver que va a avanzar en este sentido con la obra pública, que del año pasado a este creció un 120 %, pero como muestra un informe del CESO, sigue siendo un 6-7% del gasto público total, es decir, una cifra bastante baja. ¿Cuánto de esto va a lograr sacar a la economía de esta inercia de baja recuperación y asimétrica en términos distributivos? Muy poco. Lo que va a permitir es un alivio en los próximos meses que puede ser utilizado políticamente para generar un escenario de supuesto crecimiento virtuoso que está lejos de resolverse, sobre todo cuando se viene un acuerdo con el FMI.

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¿Pensas que el acuerdo con el Fondo podría alcanzarse este año como sostienen algunos analistas? ¿Cuáles serían los condicionamientos del nuevo programa?

Dentro de la propia coalición de gobierno no todas las fuerzas están de acuerdo en si hay que hacer o no un acuerdo con el FMI, y si se tiene que hacer bajo qué términos. En este sentido, la coalición de fuerzas políticas y sociales detrás del gobierno tienen miradas divergentes.Algunos entienden que el acuerdo con el FMI está viciado de legalidad y legitimidad y debería desconocerse, mientras otros entienden que debería realizarse cueste lo que cueste, como es el caso de Sergio Massa. En un lugar intermedio, la visión más albertista, por el lado de Guzmán, tiene que ver con lograr un acuerdo que sea menos pernicioso. Si bien está claro que el propio FMI tiene corresponsabilidad en la firma del acuerdo y saben que han prestado vulnerando su propio estatuto, no están dispuestos a discutir una quita, ni siquiera en el contexto de pandemia.

Al no ofrecer una quita de capital, la alternativa que elaboró el Gobierno era extender los plazos. Ya se ha dejado claro que no se va a ir a un plazo de 20 años que era lo que sugería el Gobierno que implicaría un tipo de acuerdo no previsto, “si se vulneró el estatuto al prestar, que se lo vulnere al renovar”, esto tampoco se va aceptar. De manera tal que la única condición que están negociando con el FMI es reducir los sobrecargos por haber prestado por encima de la cuota, lo que en este momento le está generando a la Argentina un sobrecosto de mil millones de dólares al año, lo cual no es una nimiedad, sigue siendo como la “frutillita del postre”, una cosa pequeña.

¿Cuáles van a ser los nuevos condicionamientos del programa? Eso es parte de la negociación. Ahí el FMI entiende que es el propio gobierno el que tiene que medir su propia fuerza para ver hasta donde avanza, porque sabe que tiene que tener una suerte de viabilidad política que no puede definir desde afuera, sino que tiene que ser visto como una decisión propia. ¿Qué va a elegir el Gobierno? depende de la paleta que ya el FMI definió. Ahí además de continuar esta agenda de ajuste fiscal, se espera que la economía avance en una gradual apertura, en esto el FMI puede no tener apremio pero sí es una orientación a la cual quiere ir. Esto significa desmontar controles cambiarios y de capitales, y la realización de una serie de reformas Sobre la mesa están como siempre reforma laboral, previsional, y la venta de algunos activos que se han recuperado parcialmente en la última década.

¿Con cada pago se profundiza la dependencia? ¿Qué opinas de la propuesta de la izquierda del desconocimiento soberano de la deuda acompañado por una investigación de su ilegalidad e ilegitimidad?

Cada pago incluso parcial, “a cuenta”, como el que se realizó con el Club de París para ganar un puente hasta marzo del año que viene son gestos que se describen, por los propios intervinientes, como gestos de buena fe con los acreedores. Esto significa en los hechos ir generando legitimidad en términos del derecho internacional respecto a la validez de la deuda.

De la misma manera que la renovación de los bonos o la renovación del acuerdo en ciernes con el FMI, es una suerte de lavado de cara de actos ilegales, en términos de la ley nacional y del derecho internacional, complican cada vez más la posibilidad de auditar y discutir la deuda.

Creo que el desconocimiento, incluso una cesación de pagos para investigar, auditar y evaluar el desconocimiento parcial de la deuda fortalecería una posición negociadora. Porque cuál es el costo de el no pago absoluto, significa además de un aumento de las tasas de interés a las cuales pueda tomar prestado el país, significa también el bloqueo de algunas líneas de cooperación y préstamos a tasas diferenciales de algunas líneas de desarrollo y posibles pérdida de acceso a ciertos mercados. ¿Esto es malo, es bueno? Requeriría evaluarlo y contabilizarlo con estudios de impactos claros, algo que no está sobre la mesa en este momento.

Incluso si se decide no pagar el tablero desconociendo absolutamente, el dejar de pagar y auditar fortalecería la posición negociadora para obligar a reconocer un límite en las demandas de los acreedores que son corresponsables por haber prestado a un gobierno que a las claras no estaba usando la deuda para el bienestar de su población, lo cual habilita a hablar de deuda odiosa, ilegal e ilegítima.

También hay que tener en cuenta que así como los acreedores mantienen derechos al cobro, por otro lado las medidas que impliquen garantizar ese cobro se ponen en tensión con los derechos humanos para quienes vivimos aquí. Y en el orden de prelación en la discusión de ambos derechos, los derechos de las personas deberían estar en primer lugar.

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Desde este medio reafirmamos que este 9 de julio se confirma la dependencia. La deuda es un mecanismo de dominación y saqueo de las potencias imperialistas, que en nuestro país pegó un salto en la última dictadura cívico militar. Pagar la deuda en beneficio de los buitres especuladores y del Fondo derivó en catástrofes económicas y sociales permanentes, como la hiperinflación de 1989-1990 o la crisis de 2001. Hacer los “deberes” o ir allanando el terreno para nuevos acuerdos con el Fondo, como los que prepara Guzmán, no se pueden realizar sin ajustar al pueblo trabajador. Los datos de la realidad que viven millones lo confirman con subas en la pobreza, el desempleo y el encarecimiento del costo de vida.

La deuda es ilegal y fraudulenta. La izquierda propone el desconocimiento soberano, junto a otras medidas como la nacionalización de la banca y el comercio exterior para reorganizar la economía en función de las necesidades de las mayorías y no de unos pocos.




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