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Red Internacional

Precariedad de la vida. Campana: incendios en el Barrio San Felipe

En la mañana del jueves 23 y el viernes 24, se incendiaron dos casas, en una de ellas fallecieron una mujer con sus 3 hijos. En la ciudad donde se producen tubos para gasoductos, las familias trabajadoras pagan con su vida la decisión de los gobiernos de turno.

Martes 28 de junio | 20:00

De acuerdo a versiones de medios locales, los incendios se habrían generado por desperfectos de artefactos eléctricos y estufas.

En Campana vemos como decenas de miles de trabajadores viven en la desocupación y en la precarización laboral. Mientras en Siderca se producen tubos sin costura con destino a la exportación (participando en el 31% del mercado mundial), hay miles de familias que no cuentan con gas natural. La fábrica puesta a disposición de las necesidades de las grandes mayorías podría reconvertir su producción y pasar a ser una gran central que fabrique materias primas para la construcción de tubos con costura para los gasoductos. De esta manera ninguna familia se quedaría sin acceso al gas natural.

En la ciudad también hay cementeras como Holcim, fabricantes de cerámicas como La ex Cormela y de ladrillos huecos como la Pastoriza, solo por mencionar algunas. Cada una de ellas amasa fortuna mientras les trabajadores no pueden acceder a una vivienda digna.

Las necesidades de las mayorías no están en la agenda del Gobierno ni de los grandes empresarios que hacen ganancias a cuesta del trabajo de todas las familias de la ciudad. Con un plan de viviendas y obras públicas todos les trabajadores podrían acceder a una vivienda digna sin dejar su vida en el trabajo o en una noche de frío.

El gobierno municipal del macrista Abella es responsable, así como el gobierno provincial de Axel Kicillof, que se dedica junto a Alberto Fernández a pagar la deuda (la estafa macrista) al FMI, destinando migajas al pueblo trabajador.

Según un informe sobre condiciones de vida publicado en mayo de 2021 por el INDEC, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), casi el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente. Más de un millón (1.382.000 personas) viven en situación de hacinamiento crítico, es decir, con más de tres habitantes por cuarto. También el documento revela que casi la mitad de las personas en las ciudades (49,1 %) no acceden a algún servicio o red pública (cloaca, red de gas o agua corriente). Si se proyecta a todo el país, serían alrededor de 22 millones de personas. En tanto el 34 % (15,5 millones en todo el país) no tiene red de gas.

Hace unas semanas se inició el proceso licitatorio para la obra civil del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que culminará en agosto. Se estima que el gasoducto costará USD 1.566 millones. El primer ganador es Paolo Rocca. Al ser la única oferente, SIAT S.A. (Tenaris), del Grupo Techint, se quedó con la provisión de caños que ofertó por USD 437 millones. En la ciudad del patrón de Campana que acumula millones para enriquecerse, hay miles de familias que no acceden al gas natural.

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El gasoducto no está pensado en función de las necesidades de las grandes mayorías. El gobierno no prevé garantizar el acceso a la energía a las miles de familias que, en medio de la ola polar, no tienen conexión a la red de gas natural. Lo único que importa es conseguir los dólares para pagarle al FMI (aunque el objetivo sea de dudoso cumplimiento porque los dólares se los llevan las empresas).

Para cuestionar de raíz este saqueo, la industria energética debería pasar a formar parte de una única empresa estatal, con control de sus trabajadores y trabajadoras, comunidades afectadas en cada territorio, pueblos originarios, profesionales de universidades públicas y organizaciones ambientales. Sólo así se podría decidir democráticamente un plan de transición conservando y creando nuevos puestos de trabajo, y decidiendo qué fuentes de generación de energía se utilizarán en cada zona, con qué financiamiento y para qué usos.
Una medida como esta debería relacionarse con la creación de un plan de obras públicas para garantizar viviendas con eficiencia energética.

Este sistema social no tiene nada que ofrecerles a los millones de trabajadores que día a día sufren estos crímenes ante la impunidad de los empresarios y los gobiernos. Hay que organizar la bronca y cambiarlo todo de raíz, peleando por una sociedad donde los recursos estén puestos al servicio de las mayorías populares y no para enriquecer a los mismos de siempre.




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