Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Reforma al Código Penal: Cambiemos y el peronismo se unen para reprimir la protesta

Funcionarios macristas y senadores del Frente para la Victoria planean avanzar en la criminalización de la protesta social. El diario La Nación y su búsqueda de un nuevo enemigo del Estado.

Alejandrina Barry

@AleBarry19

Eric Soñis

Abogado - CeProDH

Martes 25 de abril de 2017 | Edición del día

En su editorial del domingo en el diario La Nación, Joaquín Morales Solá ventiló las negociaciones entre los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. El objetivo inmediato, según el propio cronista, es consensuar la reforma del Código Penal que, como se adelantó en La Izquierda Diario, ya circularía entre los legisladores de Cambiemos.

La nota de La Nación es parte de una política sistemática de ese diario de alentar al gobierno y el régimen de conjunto a avanzar cada vez más en una política represiva y criminalizadora hacia la clase trabajadora y los sectores populares. Es parte de la batalla cultural oficial que consiste en demonizar y construir enemigos, en este caso a quienes se movilizan por reclamar por sus derechos.

Morales Solá define al mes de marzo como de una “fiesta piquetera”, en referencia a las enormes movilizaciones de docentes, estatales, miles de mujeres que reclamaban por “ni una menos”, centenares de miles que nos movilizamos en repudio al golpe de Estado de 1976, quienes ejercimos nuestro derecho a la huelga el 6 de abril y a realizar movilizaciones y cortes para garantizarlos.

Hay que decir que parte de sus pedidos (y de los editorialistas de La Nación) fueron cumplidos. Como la brutal represión en la Panamericana, o la represión a los docentes que querían poner la carpa itinerante en Plaza Congreso, o la reciente represión sufrida por docentes, estatales y jubilados en Santa Cruz. Pero en una situación donde el plan del gobierno es avanzar en un ajuste mucho mayor, que traerá una mayor conflictividad social, la clase dominante avanza en fortalecer las políticas represivas del Estado para intentar imponerlo.

Nuestra compañera Myriam Bregman planteó algo muy cierto en su cuenta de Twiter.

Tenemos que recordar, una vez más, que ese diario acompañó las acciones más atroces del terrorismo de Estado, el enemigo construido en ese momento era lo que ellos llamaban “subversivos”. Festejaban desde sus editoriales el asesinato y la desaparición de los militantes obreros y populares.

Durante gobiernos constitucionales está el caso, que el mismo Morales Solá cita, de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la llamada masacre de Avellaneda que estuvo precedida por una enorme campaña mediática que denunciaba, como ahora, supuestas acciones desestabilizadoras.

Hoy el enemigo serían, en sus palabras, los piqueteros violentos. Aunque hay que destacar que, para los voceros de la burguesía, esa categoría es utilizada para estigmatizar a todos los que se movilizan.

Ataque directo contra la protesta social

Myriam Bregman también planteo que lo que se pretende con la reforma del Código Penal no sólo es ilegímito sino que es también ilegal.

Mientras que por primera vez se establece como una acción penal específica la “manifestación pública”, el militante o activista que protagoniza un piquete se convierte en un nuevo sujeto penal. De esta manera se introduce un delito penal de autor contra la figura del piquetero. Quien reúna sus características, vagamente establecidas en la ley, podrá ser condenado con penas de prisión que llegan a los ocho años.

Alentada desde siempre por los grandes medios y por un puñado de intelectuales derechistas, “el piquetero” es utilizado para demonizar el corte de calle y la intervención en el espacio público como formas específicas de la protesta social.

En contra de numerosas normas internacionales y fallos judiciales, la actual reforma pretende que participar de estas acciones deje ser un derecho democrático para convertirse en un hecho delictivo.

La fórmula penal y el discurso político distan de ser novedosos. Ideada por los regímenes fascistas en la Europa del 30, durante los 70 en América Latina fue la justificación legal y política del accionar genocida contra militantes políticos y obreros combativos. Contra este mismo sector dirigió sus fuerzas el propio Perón con la reforma del Código Penal en 1973, promulgada con la sangre derramada por la Triple A.

El diario La Nación intenta ubicarse como consejero y justificador ideológico en la escalada represiva estatal. Con un violento discurso llama al Gobierno a que no dé tregua en su guerra contra los piquetes (manifestantes). Para esa tarea Cambiemos cuenta con el infaltable apoyo del PJ/FpV. Con los senadores Pichetto y Urtubey a la cabeza, necesitan de la reforma en la misma medida que sus socios de Cambiemos.

El PJ/FpV garantiza la gobernabilidad de Cambiemos y ha sido un actor clave en las principales medidas del ajuste, con la mayoría en Senadores y un total de 12 gobernaciones provinciales.

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Mientras aumentan las movilizaciones y la bronca contra el ajuste, ese mismo PJ/FpV sabe que puede quedar al desnudo como cómplice directo del gobierno nacional. Los fondos buitre, las petroleras, los especuladores financieros y las corporaciones del agro son los grandes ganadores de esa alianza.

Parte de estos sectores son los que (también) han mantenido espectaculares ganancias en Santa Cruz. Alicia Kirchner demuestra estar en sintonía fina con plan de ajuste: tarifazos, paritarias a la baja y empobrecimiento de las condiciones de vida, represión y criminalización a los que luchan.

Tras los hechos del viernes a la noche en Río Gallegos, los sectores del kirchnerismo (con la solidaridad manifiesta de voceros de Cambiemos) cerraron filas en defensa de la gobernadora y reprodujeron sin fisuras el relato de Cristina Fernández de Kirchner sobre el supuesto ataque de manifestantes a la casa de su cuñada Alicia. Ese relato sostenido en el tiempo no hace otra cosa que justificar deliberadamente las balas de goma y los gases de la Policía de Santa Cruz contra docentes, jubilados, estatales y periodistas.

Cada vez va quedando más en claro que, en el giro represivo contra quienes luchan por sus derechos, el régimen político deja sus grietas de lado y se une para reprimir. Y, por ende, queda cada vez más en evidencia la necesidad de levantar una gran campaña en defensa de las libertades democrática, empezando por el elemental derecho a manifestarnos y defender lo que nos pertenece sin tener que sufrir la brutal represión estatal, dirigida por el color político que sea.







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