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Red Internacional

ANÁLISIS.#CabezadeNarco: el gobernador de Tamaulipas ante anuncio de desafuero

Más allá de las elecciones, Cabeza de Vaca es un ejemplo de la colusión entre altos funcionarios y el crimen organizado. Aunque la Fiscalía General de la República pidió su desafuero, Cienfuegos y otros como Peña Nieto se mantienen impunes. AMLO no los quiere tocar.

Bárbara FunesMéxico D.F | @BrbaraFunes3

Jueves 25 de febrero | Edición del día

El pedido de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado norteño de Tamaulipas y figura del PAN, saca a la luz la podredumbre de décadas de los partidos patronales tradicionales.

El pasado martes la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador ante acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Un año llevaba la investigación.

Desde hace un año la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) investiga a Cabeza de Vaca, a su hermano Ismael, a su esposa Mariana Gómez Leal y a su suegro Juan Ramón Gómez Reséndez. Analizan transacciones financieras, pagos a empresas familiares y depósitos a cuentas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca es sospechoso de defraudación fiscal, de operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Salió al cruce de las acusaciones victimizándose: “Acusaciones contra mí son persecución política desde Palacio Nacional”, alegó. Cabeza de Vaca era una de las figuras de la Alianza de Gobernadores, el agrupamiento de mandatarios priistas y panistas con el cual se habían alineado también Enrique Alfaro (ex Movimiento Ciudadano), gobernador de Jalisco, y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, mandatario de Nuevo León. Esta Alianza, una ruptura de la Conago, se postulaba como un bloque opositor al gobierno de AMLO.

Gertz Manero, titular de la FGR, negó los dichos de Cabeza de Vaca. Pero que se agiten las aguas estando tan próximas las elecciones de 2021 no parece una casualidad. Por lo pronto, el frente Va por México -el PRI, el PAN y el PRD unidos para contender- no ha salido en su defensa. Están más ocupados en la disputa hacia los comicios. Quieren volver a tener el privilegio de saquear y entregar el país a las trasnacionales y el imperialismo, como lo hicieron cada vez que fueron gobierno, como cuando la votación de la reforma energética.

Aunque es la primera vez que se presenta un pedido de desafuero contra un gobernador en funciones, lo cierto es que aunque el Morena tiene mayoría en diputados y aprueben la solicitud, deben turnarla a la legislatura local, donde el PAN tiene la mayoría. Aún si la aprobaran ahí -algo imposible prácticamente- se giraría el caso a un tribunal local, que también dominan los partidarios de Cabeza de Vaca.

Sólo si se aprueba ahí, la FGR tendría la autorización para investigar al gobernador. Esto hace que la proclamada lucha contra la corrupción defendida por el Morena y el pedido de desafuero no tenga ningún efecto práctico respecto a Cabeza de Vaca y sus vínculos con el narcotráfico.

Prontuario de Cabeza de Vaca

Su trayectoria inició cuando era alcalde de Reynosa. En 2005, en el acto por el Día del Niño, repartió juguetes firmados por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo. En 2015, cuando era senador, la DEA dio a conocer que en 2012 Cabeza de Vaca se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna -entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y actualmente procesado en EE.UU. por narcotráfico- en Baja California Sur.

En el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, el nombre del actual gobernador panista aparece entre los diputados y senadores de su partido que exigieron contratos millonarios para no boicotear la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, creada en Washington para habilitar la entrega de hidrocarburos a las trasnacionales.

Cabeza de Vaca, socio del crimen organizado, de empresarios y trasnacionales, es el mismo mandatario que hostigó a las y los trabajadores de la industria maquiladora organizados en el movimiento 20/32, que exigieron con paros, huelgas y movilizaciones, aumento de sueldo de 20% y el pago de un bono de 32 mil pesos.

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Durante su administración, se dio este año la masacre de 19 migrantes en Santa Anita, un nefasto recordatorio de las masacres de San Fernando, una en 2019 cuando asesinaron a 72 personas migrantes y otra en 2011, en la cual se calcula que hubo más de 190 personas asesinadas. La asociación entre gobierno, ejército, marina y el crimen organizado ha tenido un costo brutal para las y los migrantes que huyen de la miseria y de la violencia de sus países de origen y buscan llegar a EEUU.

De la masacre de este año se sabe que hay doce policías estatales implicados. Cuando durante el gobierno federal actual, y con el auxilio de los gobernadores, México pasó a fungir abiertamente como el gendarme de Donald Trump para impedir el avance de las caravanas migratorias hacia suelo estadounidense, la violencia contra los migrantes se endureció.

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Tampoco se puede olvidar que más allá de algunos desencuentros con el gobierno federal ante la promoción de empresas privadas productoras de energías renovables y críticas ante el manejo de la pandemia, cuando se trató de mantener la producción de la industria maquiladora aún cuando las fábricas son grandes focos de contagio, Cabeza de Vaca fue un fiel alfil defensor de los intereses de las trasnacionales y los empresarios.

Pero la lacra de los gobernadores tamaulipecos, donde se alternaron panistas y priistas, lleva más de tres décadas. Cabeza de Vaca, apodado #CabezadeNarco en Twitter, no hace más que seguir la tradición.

Los lazos entre el crimen organizado y los altos funcionarios una y otra vez se vieron expuestos. Ahí está el caso de Manuel Cavazos Lerma, priista, gobernador de Tamaulipas entre 1993 y 1999, acusado de lavado de dinero y de reunirse con el capo de un cártel, según el testimonio en juicio de un líder de Los Zetas.

Lo sucedió Tomás Yarrington, priista íntimo de Bush y de los capos del narco que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, hoy detenido y en espera de sentencia. Eugenio Hernández, otro priista que gobernó entre 2005 y 2010, acusado de lavado de dinero, desvío de recursos y encarcelado; y Egidio Torre Cantú, quien gobernó entre 2011 y 2016, y cuenta entre sus obras públicas la pavimentación de una calle en el municipio de Reynosa a la que nombró Juan Nepomuceno Guerra, líder del cártel del Golfo. Torre Cantú fue acusado de encubrimiento y vínculos con el crimen organizado en 2017.

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Es evidente para millones el carácter absolutamente reaccionario del frente Va por México, que en realidad es el fénix de los partidos repudiados por la mayoría del pueblo trabajador desde la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya estrepitosa caída en las elecciones de 2018 aún les duele. Sin embargo, el Morena, con toda su retórica de cambio no es alternativa; más aún cuando vemos que sistemáticamente recicla expriistas, expanistas y experredistas para afianzar su aparato electoral a nivel nacional, como Clara Luz Flores, expriista candidata a gobernadora de Nuevo León por el Morena.

El caso de Cabeza de Vaca pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de que la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, forjen un partido político propio, independiente de todos los partidos del congreso y de la burocracia sindical. Un partido que enfrente los atropellos de las trasnacionales, los empresarios y el imperialismo estadounidense, un partido que defienda en todos los terrenos los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares y que pelee contra el peor virus que nos golpea, el capitalismo, en la perspectiva de construir un mundo nuevo, sin explotación ni opresión, donde cada quien trabaje de acuerdo con su capacidad y reciba según sus necesidades.

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