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Buscan equiparar la dieta de legisladores y funcionarios cordobeses al sueldo de una enfermera

La legisladora del Frente de Izquierda presentó un proyecto para que legisladores provinciales y funcionarios del ejecutivo (incluyendo el gobernador) bajen sustancialmente sus dietas. Conoce cuanto gana un legislador de Córdoba.

Martes 2 de febrero | 17:29

Prensa Legislatura

La legisladora del Frente de Izquierda, Noel Argañaraz, presentó un proyecto este martes para equiparar el salario de legisladores y funcionarios del poder ejecutivo al de una enfermera con 10 años de antigüedad. La presentación del mismo se da en el marco que se pone fin al recorte en las dietas que habían previsto tanto la legislatura como el Poder Ejecutivo a principios de la pandemia.

Al respecto, Argañaraz señaló “Impulsamos este proyecto, que muestra una posición histórica desde el Frente de Izquierda, que es el equiparar el salario de legisladores y funcionarios al de un trabajador medio. En este caso elegimos a uno de los sectores más golpeados y que está en la primera línea de lucha contra el covid-19 que es el sector de enfermería. El recibo de sueldo de una enfermera con 10 años de antigüedad, en un hospital público provincial, es de alrededor de 54 mil pesos, más un bono de 8 mil que recibieron por la pandemia. Ellas son realmente esenciales, pero el gobierno provincial acordó junto a la burocracia sindical del SEP, una remuneración que coloca a nuestras enfermeras por debajo del nivel de la pobreza según datos del INDEC, viéndose obligadas las mismas a buscar trabajo en el sector privado, para poder llegar a la canasta básica familiar. Queremos de esta manera visibilizar la problemática de miles de personas que han sido indispensables, aún más en el último año, salvando centenares de vidas”

Por otro lado, la joven legisladora de la izquierda afirmó que " mientras el 80 % del pueblo trabajador cordobés cobra menos de 40 mil pesos promedio y hay una pobreza y desocupación histórica en la provincia, un puñado de funcionarios y legisladores tienen dietas de privilegio que se asemejan más a las de un gerente, con un básico de 320 mil pesos y un salario de ´bolsillo´ que llega a los 200 mil pesos. Creemos que el recorte no tiene que ser circunstancial ni voluntario por la pandemia, si no permanente como sostenemos históricamente desde el Frente de Izquierda en nuestra provincia y todo el país. En mi caso, al igual que mis compañeros Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Laura Vilches y todos los parlamentarios del PTS, percibo una dieta equivalente a la de un trabajador medio y el resto lo donamos para fortalecer las distintas luchas populares que se dan en todo el país”

IGUALACIÓN DEL MONTO DE LAS DIETAS y HABERES DE LEGISLADORES y FUNCIONARIOS CON EL SALARIO DE UNA ENFERMERA

Artículo 1º. Objeto. Iguálese el monto de las dietas o haberes que perciben las/los legisladores y todos los funcionarios/as políticos/as de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Córdoba con el que percibe mensualmente una enfermera de Cargo 726015 Operativo categoría 1 de 40 horas con 10 años de antigüedad.

Artículo 2º. Alcance. A partir de la vigencia de la presente ley, los/as legisladores provinciales y funcionarios/as políticos/as del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia sólo podrán percibir aumentos en sus dietas y/o haberes en el mismo momento y en la misma proporción a los aumentos que registren los haberes que percibe el personal de enfermería según lo estipulado en el artículo 1º de esta ley.

Artículo 3º. Remuneración única. Los legisladores y funcionarios públicos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo perciben mensualmente como dieta y haberes el monto equivalente al salario de una enfermera con 10 años de antigüedad, sin ninguno de los adicionales extraordinarios que se hayan dado o se den por covid-19.

Artículo 4º. Adhesión municipal. Invitase a las Municipalidades que cuentan con Carta Orgánica propia a adherir a la presente ley

Articulo 5°. De Forma

Noel Argañaraz
Frente de Izquierda y de Trabajadores

Fundamentos

Presentamos este proyecto de ley, que mantiene en definitiva una posición histórica del Frente de Izquierda y la tradición de los socialistas revolucionarios, que es que la dieta percibida por legisladores y funcionarios políticos, sea el equivalente al salario medio de un trabajador o una trabajadora. Esta es una tradición inscripta desde el primer gobierno obrero que existió en la historia que fue la Comuna de París en 1871, que una de sus primeras medidas fue la equiparación de los salarios de funcionarios con los de cualquier trabajador medio.

En esta ocasión buscamos equipararlo al de una enfermera que preste servicios en un hospital público provincial, de planta permanente y con 10 años de antigüedad. Las razones abundan.

Es sabido que, gracias al accionar del personal médico, se evitaron durante la pandemia, que la cantidad de muertes haya sido mucho mayor. Mediante jornadas extenuantes, inclusive trabajando en más de un lugar, ya que el sueldo no alcanza, y los bonos prometidos tardaron en llegar, expuestos al contagio, e incluso con XX personas que fallecieron. En ese marco, es destacable el esfuerzo de las enfermeras, que muchas de ellas también son sostén de sus hogares, que trabajaron con el sistema de camas calientes, es decir, daban el alta a un paciente recuperado de covid-19 para que inmediatamente detrás ingresara otro.

Lo que es a todas luces conocido por la población cordobesa no lo fue por el Estado. En el mes de mayo de 2020 se conoció la imputación, por parte de la Justicia Provincial, de dos médicos por un brote en un geriátrico de Saldan. Una verdadera canallada que tuvo la contundente y masiva respuesta del personal de salud que realizó una kilométrica caravana por las calles de la capital provincial. Cómo si fuera poco, esta imputación era usada en función de encubrir al verdadero responsable del brote en aquél geriátrico, nada más ni nada menos que el padre de uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Lejos de poder realizar su función con la tranquilidad que necesitaba el personal de salud, las políticas del ejecutivo, los llevaron una y otra vez a las movilizaciones y a los reclamos. Estos reclamos no eran sólo salariales, sino que incluían cosas tan básicas como la provisión de materiales de resguardo para evitar los contagios.
En este proyecto de ley buscamos equiparar el sueldo de legisladores y personal político, es decir gobernador, ministros y demás miembros del poder ejecutivo. Creemos que el Poder Judicial debería tomar una medida similar. Nuestro proyecto de ley no abarca al conjunto de los trabajadores estatales.

El salario de bolsillo, de una enfermera, con título universitario, con 10 años de antigüedad, siendo de planta permanente y afiliada al Sindicato de Empleados Públicos, fue en el mes de noviembre de 58810 pesos. Dentro de este monto se encuentran 8 mil pesos de un aporte extraordinario covid-19. El salario, con los últimos aumentos, se encuentra alrededor de los 54 mil pesos.

Los bajos salarios que hay en el sistema de salud, hace que nuestras enfermeras deban buscar trabajos complementarios en el sector privado, o incluso como empleadas particulares, para poder tener un sueldo que les permita vivir bien. Ni hablar que un gran porcentaje de ellas son jefas de hogar, ya sea por quedar a cargo solas de los mismos, o porque sus parejas perdieron los empleos en medio de esta crisis económica que vinimos viviendo.

Según datos oficiales del INDEC, la canasta básica total, que es la que define la pobreza, en un hogar de cuatro personas llega a los 53 mil pesos, es decir, que el salario de nuestras enfermeras se encuentra justo en el límite de la pobreza. Pero seguramente los y las legisladoras no tendrán problemas en vivir con estos montos, ya que, por ejemplo, hay legisladores que han firmado esa paritaria miserable, entonces, suponemos que opinan que se puede vivir bien con un salario así. El 2021 comenzó con una inflación en nuestra provincia del 5%, es decir que en el primer mes ya se “consumió” una sexta parte del 29% de inflación previsto para este año por el gobierno provincial en el presupuesto votado a principios de diciembre.
Esto contrasta abiertamente con las dietas que recibimos los legisladores, el básico de los legisladores es 320 mil pesos, y el salario de bolsillo se acerca a los 200 mil. A pesar de la medida que se presentó como solidaria, tomada a principios de la pandemia, con una rebaja importante en las dietas, el monto percibido fue más del doble de lo que cobró el personal de enfermería.

¿Pero por qué estas dietas? La explicación es sencilla. Para garantizar normas y fallos favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, terratenientes y operadores de bolsa, es necesaria una casta especial de políticos profesionales, que viva como los altos gerentes de las grandes empresas y a la que no le tiemble el pulso a la hora de gobernar y legislar en favor de los grandes capitalistas y grupos económicos. Esta alevosa desigualdad, entre un pequeño grupo de funcionarios políticos que viven como ricos y millones de trabajadores y pobres que no llegan a fin de mes, tiene el único objetivo de perpetuar este régimen social basado en la explotación. Un sistema en el que sean los/as trabajadores/as quienes garanticen las enormes ganancias capitalistas y paguen también sus inevitables crisis, como busca imponerse ahora con medidas de ajuste, tarifazos, inflación y techo salarial. Los privilegios de los que gozan legisladores provinciales, los/as diputados/as, senadores/as y funcionarios/as políticos/as contrastan con las condiciones de vida, las necesidades y los padecimientos de la amplia mayoría del pueblo pobre y trabajador. Por eso, constituye una gran falacia que para justificar tales privilegios se afirme que quienes ocupan cargos políticos deben cobrar sueldos millonarios para “ejercer su función”, como si el trabajo de un/a obrero/a, de una empleada doméstica, de una enfermera o de una trabajadora de la educación no valiera nada, y la “función pública” fuera algo para “especialistas”. Por el contrario, bien podrían destinarse esos cuantiosos fondos a paliar necesidades populares como la falta de vivienda, de acceso a la salud, al transporte, a la educación; para un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres o un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar; planes para reforzar aún más la estructura de salud para enfrentar la pandemia o tantas otras de las carencias con las que cuenta nuestra provincia.

Es por esto señor presidente, y otros argumentos que podré dar en comisiones o el recinto en momento del tratamiento del siguiente proyecto de ley, que solicito a mis pares el acompañamiento en el mismo.







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