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Red Internacional

Servicios públicos. Bronca contra los tarifazos: 9 millones de hogares podrían recibir fuertes aumentos

Esta cifra surge de la cantidad de hogares que no se inscribieron en el registro para mantener los subsidios (que son unos 4 millones), más los hogares que excedan el consumo de los 400 KwH (que podrían alcanzar los 5 millones). Festejan el FMI y los empresarios como los amigos de Massa y dueños de Edenor, Vila y Manzano. Y pierden las familias trabajadoras y de menores ingresos. La bronca ya empieza a expresarse.

Celeste Vazquez@celvazquez1

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Jueves 4 de agosto | 12:05

Volvieron los tarifazos y no hay dudas. Alrededor de 9 millones de hogares, una cifra muy superior a lo que había prometido el Gobierno cuando presentó su política de “segmentación tarifaria”, sufrirían un fuerte aumento en las tarifas de los servicios públicos. Si bien, en un principio los incrementos estaban pautados para los servicios de energía, ahora desde el oficialismo confirmaron que también habrá tarifazos en el agua.

¿De dónde surge esa cifra?

  •  Por un lado, de la suma de la cantidad de hogares que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para mantener los subsidios, que son unos 4 millones. Aquí el oficialismo, para justificar su ajuste y el golpe terrible que va a significar para los ingresos, vapuleados ya por la inflación, parte de una premisa falsa: que el que no se anotó es porque corresponde al sector de mayores ingresos y era consciente de que le iban a quitar los subsidios.

    Ese sector, que desde la Secretaría de Energía estimaban iba a ser del 10 % cuando se anunció la segmentación, según los números que difundió Sergio Massa, el superministro ungido por Alberto y Cristina Kirchner, resulta que ahora es del 30%.

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    “¿Que pasará con todos aquellos que no puedan acceder a internet para hacer el trámite?, ¿o con aquellos que no se enteren? ¿y los que viven en zonas alejadas y no puedan realizar las gestiones de manera presencial?”, adevertíamos hace un tiempo en esta nota. Lo que pasó es que no se anotaron, lo cual era bastante previsible, ya que la campaña oficial sobre este tema fue inexistente. Y eso explica en parte ese 30 %.

  •  Por otro lado, y tiene que ver con parte de los anuncios nuevos, de la cantidad de hogares, unos 5 millones, que pueden registrar consumos superiores a los 400 KwH y que pagarían como tarifa plana (es decir sin ningún tipo de subsidios) el excedente en el consumo. Un límite superable si hablamos de un hogar conformado por 3 o 4 integrantes. Los aumentos llegarían en septiembre.

    “Casi cuatro millones de hogares argentinos no solicitaron mantener el subsidio y ese es un primer corte. Entre los 9 millones que sí solicitaron el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo”, dijo Massa. La promoción del ahorro en el consumo no es otra cosa que la ampliación de la cantidad de hogares que sufrirán los aumentos de ahora en más.

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    Hay que recordar, además, que en Argentina más del 43% de los hogares (más de 14 millones de personas que viven en más de 4 millones de hogares) no tiene acceso a algún servicio público. Parte de estos hogares, suplen la falta de gas para calefaccionarse usando la electricidad. Ese es el caso de Marilina que es docente y aún con subsidio pagó $ 7.500 de luz. Su consumo excede, y por mucho, los 400 KwH estipulados porque utiliza la electricidad para no morirse de frío en invierno.

    Su historia, que podés leer en esta nota, quedó registrada ayer en la redes sociales en el mismo momento en que Massa hacia los anuncios. No es la única. En nuestra redacción ya comenzamos a recibir, decenas de denuncias que iremos publicando de usuarios que superan ese límite y ya pagan tarifas abultadas.

    Este plan queda muy alejado de lo que había prometido el Gobierno cuando comenzó a jugar con la idea de los aumentos segmentados hace unos meses atrás. Desde un primer momento y para maquillarlo, desde el oficialismo se insistió con dos ideas: que solo se quedarían sin los subsidios el 10 % de la población, y que el resto de la población no recibiría incrementos en lo que va del año. Ambas cosas, a la luz de lo anunciado por Massa, no van a cumplirse.

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    A esto hay que sumarle que también fue anunciado un aumento en la tarifa de agua. Fue informado por el superministro también y confirmado en la mañana de este jueves por la presidenta de Aysa, Malena Galmarini. Resta saber cómo será la segmentación en lo que tiene que ver con el gas y el agua, ya que eso no fue explicitado.

    Una vez más: festejan y ganan los mismos y pierden también los mismos

    Con este tarifazo ganan y pierden siempre los mismos. Entre los primeros están los dueños de las privatizadas que con Macri llegaron a aplicar aumentos superiores al 2.000 %, pero que durante el Gobierno del Frente de Todos nunca dejaron de ganar tampoco. Sólo el año pasado recibieron casi 11.000 millones de dólares por parte del Estado en calidad de subsidios y para el año que viene se proyectan unos 15.000 millones más.

    Dentro de ese grupo están Daniel Vila y Jose Luis Manzano, dueños de Edenor y el resto de los empresarios y licenciatarios de los servicios públicos, que desde las privatizaciones de Menem en los 90 a esta parte no perdieron nunca. También el FMI que explicitamente pidió, ni bien comenzó a negociar los términos del acuerdo con el Gobierno y el renunciado Guzmán, el aumento en las tarifas de los servicios públicos.

    Entre quienes pierden están los millones de hogares que deberán hacerle frente a los aumentos en los servicios. Familias trabajadoras, que por ser numerosas o vivir en zonas donde no hay red de gas por ejemplo, registran consumos altos y perderán los subsidios.

    Es necesario, como se viene reclamando desde la izquierda, tener una mirada integral de todo el sistema energético. Hay que terminar con las privatizaciones, nacionalizando los servicios públicos y la producción de hidrocarburos. Un sistema energético nacional integrado, bajo administración de sus trabajadores y control de usuarios de sectores populares y movimientos ambientalistas, permitiría garantizar tarifas accesibles para el pueblo trabajador, al mismo tiempo que extender y mejorar la calidad de los servicios cuidando nuestros recursos naturales y el ambiente.

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