Política

UN NUEVO ESCÁNDALO SACUDE SANTA FE

Binner y Bonfatti: ¿del amparo al financiamiento narco?

El Partido Socialista y el Frente Progresista, que hicieron una gran bandera con su supuesta “honestidad”, han visto estallar ante sus ojos verdaderas bombas que demostraron el entramado de intereses mutuos entre funcionarios políticos y los negocios legales e ilegales capitalistas en Santa Fe.

Miércoles 15 de octubre de 2014 | Edición del día

Si para muestra basta un botón, el binnerismo ya tiene una mercería completa: al escándalo del jefe policial narco Hugo Tognoli y de los cientos de policías narcos, al encubrimiento a proxenetas (como la crisis de Supergatitas), a la denuncia por manipulación de evidencia en la notebook del narco Medina, ahora se suma el financiamiento ilegal de la campaña electoral de Binner en 2007: dos millones de pesos “en negro”, y un escándalo político y judicial. ¿Financiamiento narco para la esperanza blanca del progresismo argentino?

La podredumbre del régimen santafesino crece desde 2007

Como se detalla en otra nota de La Izquierda Diario, la justicia federal investiga a Hermes Binner por encontrar casi dos millones de pesos de origen impreciso en el financiamiento de la campaña con la que el pulcro médico socialista, calificado como un modelo de decencia por Víctor De Gennaro, fue electo en el 2007 como Gobernador de Santa Fe. En el registro que bochó la auditoría de la Cámara Electoral figura que son “aportes privados” sin precisar nada más. También se hallan aportes de la empresa concesionaria del Puerto de Rosario, investigada por lavado de dinero del narcotráfico. En una provincia donde el narcotráfico no solo mueve millonadas, sino que se recicla como múltiples negocios “legales” donde se lavan las ganancias extraordinarias de la venta de drogas, estas ambigüedades huelen mal. Tan mal como la candidatura de Binner.

Capitalismo y narcotráfico

Las burbujas inmobiliarias, la soja, el negocio de “la noche” (recordemos que el narco asesinado Medina era el concesionario del boliche Esperanto), son negocios en los que las ganancias generadas de manera “ilícita”, aunque con participación directa del Estado, transmuta en negocios legales, también con protección e impulso estatal.

El narcotráfico no es un flagelo, como dicen los gobernantes que se rasgan hipócritamente las vestiduras, sino que es un gran negocio que camina de la mano con negocios mejores vistos. Las enormes torres de lujo sobre el Paraná, esos monstruos inmobiliarios que elogió Cristina y que se construyeron en una ciudad en la que 200 mil personas viven en barrios de emergencia, son un fenómeno recíproco y simétrico al de los 2 mil millones de pesos que mueve el narco anualmente en Rosario. El narcotráfico es un gran negocio capitalista que protege, tras bambalinas, el mismo Estado y los mismos funcionarios que dicen combatirlo. ¿Los socialistas denunciados desconocen esto? ¿Y los peronistas denunciantes? No, ninguno de ellos.

Corrupción y capitalismo

Este nuevo estallido abre una importante crisis, pero no sorprende: diariamente Binner, Bonfatti, pero también la oposición provincial, bendicen, impulsan y favorecen a la Rosario “blanca y capitalista” y, claramente, no piden carta de ciudadanía a sus “inversiones”. Fue bajo gobiernos socialistas que se desarrolló esta Santa Fe para los capitalistas, y cuando más profesionalmente se encubrió y financió a la Policía que regentea el negocio desde las comisarías. Pero esta realidad nació ya en los gobiernos peronistas.

Bajo todos los gobiernos, además, los puertos de Santa Fe, los más importantes del país, son controlados por pooles sojeros y por las multinacionales aceiteras, que son las que deciden cuándo entra y sale algo de la provincia. Un control multinacional de nuestra “soberanía”, enormemente funcional a la proliferación del narco.

Pero es más profundo el tema: una casta política que gana decenas de miles de pesos por ser concejales, diputados, secretarios, actúa como un verdadero ejército que vota leyes e impulsa negocios para lo más granado del capitalismo, otorga subsidios a empresarios amigos, concede leyes de flexibilización a cámaras empresarias, aprueba concesiones leoninas y promueve licitaciones teledirigidas. El paso entre ese rol habitual “legal” de la casta política a favor de los empresarios, a los escándalos de corrupción, narcotráfico y proxenetismo, como los que vemos en Santa Fe, no es un salto en calidad, sino una continuidad lógica, aunque algunos no quieran hacerse cargo.

Una casta política enriquecida: que los funcionarios ganen como maestras

La corrupción no es una enfermedad, sino un mero síntoma de un sistema de conjunto corrupto, que se basa en la promulgación y protección de negocios para una ínfima minoría, mientras condena a las mayorías populares a salarios que pierden con el fin de mes, a vivir en villas, a padecer la decadencia de la salud pública y la crisis educativa.

La propuesta del diputado del PTS y el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, de que los diputados y funcionarios cobren como docentes u obreros, fue previsiblemente ignorada por los representantes de los partidos tradicionales, aunque no por él, que dona gran parte del sueldo de diputado a apoyar conflictos de trabajadores. No se trataba, para nosotros, de una medida de mera “anticorrupción”, sino de recuperar una de las mejores tradiciones de la clase trabajadora en su historia, para evitar que los funcionarios sean una casta servil diferenciada de los trabajadores rasos, apuntando a que sean simplemente trabajadores en funciones políticas. Lo contrario que los modelos de políticos tradicionales del peronismo, el radicalismo, el PRO y el PS, que son meros empleados de los grandes empresarios. ¿Hacen falta más pruebas?

Despidos antisindicales en Santa Fe

La tolerancia y hasta el cariño que dispensan los funcionarios del gobierno de Santa Fe hacia los empresarios de todo tipo y pelaje, contrasta de manera elocuente con el trato hacia los trabajadores que levantan la cabeza para denunciar las condiciones de trabajo, la precarización laboral, el fraude laboral.

En este mismo momento, Lucas Castillo, trabajador de la empresa Liliana, metalúrgica que hace 64 años que no permite tener delegados, viene de lograr un fallo a favor en la Justicia, que ordena que sea reincorporado en la empresa, de la que fue echado junto a 11 compañeros por organizarse y luchar por lo que su sindicato no luchaba. En marzo, los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia se negaron a escuchar la denuncia que ahora ratifica la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Por su lado, el dirigente portuario Raúl Mamani, enrolado en la CTA, fue despedido del Puerto de Rosario por representar a sus compañeros, que paralizaron el puerto ante la falta de respuesta. En ambos casos, esos pasillos de los ministerios que son verdaderos paseos para empresarios que van a reclamar sus “demandas”, fueron verdaderas murallas para trabajadores y luchadores. Desde estos párrafos denunciamos esta “realpolitik” capitalista de Bonfatti y cía., y tomamos partido por los compañeros.







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