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OPINIÓN/POLÍTICA NACIONAL

Berni y la Bonaerense: del encubrimiento y los elogios a la crisis abierta

La principal fuerza represiva del país se lanzó a un reclamo económico-corporativo. Como ocurrió con todas las demás, en los últimos meses había sido reivindicada por el oficialismo por su rol en la cuarentena obligatoria.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 20:18

“Lo bancamos a muerte y en eso nos sacamos el sombrero con él". Las palabras de Luis Tonil salieron en vivo y en directo por televisión, retumbaron en las redes sociales y llegaron a cientos de miles de personas.

Desde el Puente 12, ubicado en La Matanza, uno de los voceros policiales daba su aval a Sergio Berni por lo actuado ante la desaparición y muerte de Facundo Castro. Es decir, celebraba el encubrimiento llevado a cabo. Ocurrió en la noche del martes, cuando ya era evidente que el reclamo policial amenazaba prolongarse.

Aquellas palabras, sin embargo, fueron una isla de elogio en un mar de críticas. Sergio Berni, el hombre de los spots fuertes y los gestos marciales quedó en el centro de los ataques de su propia tropa. Aquella con la que, al decir del periodista Marcelo Falak, ensayaba un cogobierno desde hacía diez meses.

De ese ensayo nació esa prepotencia policial, visible por estas horas en los canales de TV. Ese cuasi co-gobierno implicó un creciente y constante empoderamiento del mayor aparato represivo del país. La reiterada pose marcial del ex carapintada buscaba empatizar, generar un vínculo identitario entre “duros”, llamados a poner “orden” en el marco de una situación inédita marcada por la pandemia.

La protesta policial que se despliega hace ya varios días reconoce allí su raíz. Expresa la contradicción entre ese empoderamiento -simbólico y discursivo, pero muy real- y las condiciones en las que los uniformados despliegan sus tareas. El motor económico del reclamo es evidente. Reconocerlo no implica avalarlo. Solo definir las razones reales del movimiento en curso.

Esa construcción que elevó al poder policial a un nuevo escalón tuvo en Berni su voz más estridente. Pero no la única. El mismo Alberto Fernández se encargó de enaltecer a las diversas fuerzas represivas durante la cuarentena obligatoria. La decisión de que el Ejército penetrara en las barriadas más humildes del conurbano -para desplegar tareas que podrían haber cumplido movimientos sociales o sindicatos- se tomó en la cúpula del Estado nacional.

El reclamo en curso nació de las disposiciones de la política oficial. Una política que empujó el restrictivo orden del Aislamiento Obligatorio sin tomar ninguna medida de fondo para enfrentar las consecuencias desastrosas de la crisis sanitaria y económica. Cuestión que queda al desnudo en la creciente cantidad de contagios y en las amenazadas de colapso del sistema sanitario. En esa suerte de plan, el poder de las Policías no podía más que ascender.

En estos meses crecieron los cuestionamientos hacia Berni por el lugar que eligió ocupar. Su accionar ante el caso de Facundo Castro acrecentó los mismos. Sin embargo, siempre tuvo en la cúpula del Poder Ejecutivo un aval. Axel Kicillof, contra vientos y mareas progresistas, decidió sostenerlo en su cargo.

Represores, no trabajadores

En este contexto ¿alguien puede sorprenderse de que en las concentraciones policiales se reivindique al policía Chocobar? ¿O que se destilen toneladas de agravios contra “los chorros” o contra los movimientos piqueteros? ¿O la prepotencia desplegada este miércoles en la puerta de la Quinta de Olivos?

Pero, ¿es acaso otra cosa la Policía? ¿Son acaso otra cosa las fuerzas represivas?
Cierto progresismo se empecina en ver en el Estado otra cosa que el Estado. El siglo XX -y lo que va del XXI- presenció un intento impotente por presentar a las fuerzas represivas como algo más que el guardián del poder social capitalista. La concepción de la llamada Seguridad Democrática -desplegada ampliamente en la agenda nacional- se nutre de esa falsa idea, de la utopía ensoñada de encontrar fuerzas de seguridad educables y educadas en otros valores distintos a la represión.

La historia nacional reciente registra múltiples e impotentes intentos de reforma policial. Trae a la memoria purgas recurrentes, inútiles más allá de su extensión.

Pero cada motín policial muestra que los Chocobar son miles. Decenas de miles. Que no hay “manzanas podridas”. Que cada policía es el resultado lógico de la construcción de un aparato con un fin específico: atender al sostenimiento de un orden social completamente desigual, basado en el lucro capitalista.

Desde ese punto de vista, la comparación esbozada con la clase obrera carece de sentido. La función social del policía lo convierte en un enemigo de trabajadores y trabajadoras, no en parte de ese colectivo.

Cabe agregar la enorme descomposición que recorre a una fuerza ligada a múltiples negociados legales e ilegales. El gran delito -que incluye trata de personas, narcotráfico, desarmaderos y un largo etcétera- aparece indisociablemente ligado a la Bonaerense.

La demanda de impunidad -fácilmente reconocible en el último de los 14 puntos del petitorio policial- atiende a esa cuestión. A la posibilidad de desplegar “sus labores” con total autonomía, sin control o vetos de un poder político que, a veces, tiene que esmerarse por aparentar la representación de la voluntad popular.

Esta Policía empoderada no es tan solo el resultado de lo ocurrido en los meses de cuarentena. Como recordó por estas horas Myriam Bregman, es la que aún debe explicaciones por Julio López, Miguel Brú y Luciano Arruga, entre muchos (muchísimos) otros.

Vandorismos

Aunque podía olerse el descontento, el reclamo policial irrumpió sorpresivo en la escena nacional. Su virulencia se hizo evidente desde el inicio. Una escalada creciente llevó desde los aplausos y bocinazos hasta rodear la Quinta de Olivos este miércoles. Esa amenaza presencial la había sentido, en noches anteriores, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El oficialismo respondió al apriete con su fórmula patentada: ceder ante los reclamos de la derecha. Este martes, muy temprano, un cansado Sergio Berni se ofreció como vocero de la capitulación, anunciado un aumento salarial que se niega a médicos, enfermeras, terapistas y demás personal de salud.

Sin embargo, la concesión no alcanzó. El movimiento de protesta ascendió. Montó un piquete de represores en La Matanza, se desperdigó por la provincia de Buenos Aires y llegó a otras provincias. El recuerdo de 2013 se hizo presente en muchas memorias. Aquel año el reclamo corporativo de las fuerzas de seguridad había asolado múltiples distritos, generando un caos potente en provincias como Córdoba o Tucumán.

Ese vandorismo policial fue respondido con evasivas por las autoridades provinciales. Una mesa de diálogo -convocada este miércoles por la mañana- fue borrada de la agenda sin mayores detalles. A lo largo de la jornada, intentando debilitar el conflicto, funcionarios bonaerenses hablaron de un aumento “amplio y abarcativo”. Pero la abstracción no dejó contentos a los uniformados y sus familias. La lógica de la situación trasladó los hechos y el reclamo a la Quinta de Olivos.

Este miércoles por la noche, desde ese mismo lugar, el presidente Alberto Fernández anunció una medida destinada a fortalecer en lo fiscal a la provincia de Buenos Aires. La decisión implicaría blindar financieramente al distrito que encabeza Axel Kicillof. Sería el quien, este jueves, anunciaría formalmente una propuesta de aumento en las remuneraciones.

Durante la tarde, el progresismo oficialista eligió soldar su propia base política. Lo hizo evocando los recuerdos golpistas de Bolivia, acontecidos hace menos de un año. Desempolvó denuncias y acusaciones contra los efectivos policiales y la fuerza. Recordó causas y denuncias, como si las mismas no hubieran existido en la víspera de la protesta. Y, finalmente, convocó a movilizarse. Aunque, cuando caía la noche, parte de quienes habían propuesto marchar a Olivos declinaron hacerse presentes.

De golpismos y relatos

Las tensas imágenes en la Quinta de Olivos conmovieron el mundo de la política. Desnudaron, al mismo tiempo, los límites del movimiento policial.

La intransigente presencia de efectivos policiales fue condenada por todo el arco político. Contra la amenaza golpista agitada por una porción sustancial del oficialismo, importantes referentes de la oposición patronal condenaron cualquier manifestación en ese lugar. Hasta el incombustible Fernando Iglesias se vio obligado a sumar sus críticas. Ese marco unitario quedó en evidencia en la imagen de Alberto Fernández rodeado por intendentes de todo el arco político, incluyendo a Juntos por el Cambio.

La gran corporación mediática -ubicada en oposición al oficialismo nacional- limitó el acompañamiento a la prepotencia policial. Cuando ya empezaba a caer la tarde, un analista/operador, que suele ser sindicado como el vocero de Héctor Magnetto, definía las medidas policiales como “ilegales”.

Esas condicionalidades marcan una diferencia con los hechos bolivianos de 2019. Detrás del reclamo policial no emerge ninguna fracción social con peso significativo como para potenciarlo. Ni grandes empresarios, ni capas de las clases medias, ni la población trabajadora. Esta situación traza un eventual techo al movimiento en curso.

Sin embargo, aún no está escrito el final de la historia. El reclamo sigue su curso. El Gobierno provincial no ha anunciado concretamente un porcentaje de aumento en las remuneraciones. Este jueves estará marcado por definiciones más precisas.

La nación olvidada

Pero la Argentina convulsionada no es solo la del reclamo policial. Es, también, la que tiene como protagonistas a miles de familias que luchan por hacer efectivo su derecho a la vivienda. Un derecho que se evidencia letra muerta en un país donde -se estima- 4 millones de familias no acceden a una vivienda digna.

Las ocupaciones de tierras hacen emerger una crisis habitacional profunda, arrastrada desde hace décadas. La irracionalidad social se trasluce al abordar este tópico: solo en la Ciudad de Buenos Aires se estimaron 138 mil viviendas ociosas en 2019. El derecho a la especulación inmobiliaria tiene primacía sobre el derecho a la vida de las sectores más humildes.

En este caso, la historia no corre a favor del oficialismo debutante. Como escribió Monica Arancibia en este medio “si se analizan los años kirchneristas los pagos de deuda fueron, en promedio, 2,5 veces mayores a los desembolsos en salud, y 6,3 veces mayores a los desembolsos en vivienda”. La crisis habitacional, como la prepotencia policial, no nació de la nada. Son, ambas, largos legados de la democracia capitalista argentina.

La crisis política desatada alrededor de la protesta policial y las importantes ocupaciones de tierra ponen en escena un nuevo momento de la política nacional. Marcan los contornos de una nueva situación donde las tensiones sociales empiezan a hacerse evidentes, donde los giros bruscos de la situación pueden hacerse presentes sin preaviso. Donde se hace necesario y urgente desplegar la construcción y de una fuerza política y social independiente por parte de la clase trabaja y los sectores populares.

Al mismo tiempo ponen al desnudo los límites del oficialismo nacional para enfrentar los problemas estructurales. Por más que Alberto Fernández haya aparecido rodeado por parte importante del arco político patronal, el anuncio significa una concesión a la exigencia de la protesta policial. El vandorismo policial logra imponer el direccionamiento de fondos hacia su demanda.

En segundo lugar, porque los montos en discusión no irán a fortalecer la atención sanitaria frente a la pandemia. O a empezar a resolver el urgente problema de la vivienda que emerge con las ocupaciones. Por el contrario, su primer fin será el antes señalado.

Detrás de los gestos, las palabras y las imágenes, el oficialismo nacional sigue cediendo a las exigencias de la derecha.







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