Sociedad

CRISIS SANITARIA Y HABITACIONAL

Barrio Cabezas: el Covid-19 destapó la desigualdad social y urbana en Berisso y Ensenada

Instalado el aislamiento parcial y la militarización, con más de 50 casos confirmados, los problemas estructurales que llevan a condiciones sanitarias deficitarias no se resuelven. Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP registran y alertan sobre esta situación.

Nahuel Impromptu

Estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP | miembro del Comité Socio-urbano

Martes 16 de junio de 2020 | 11:17

El primer informe lanzado desde el Comité Socio-urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP puso sobre la mesa los problemas estructurales que aquejan a las familias trabajadoras en las villas y asentamientos desde hace años y que se profundizaron con las políticas neoliberales en los ’90 y que desde entonces no ha parado de crecer. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o la red cloacal, la situación de precariedad de las viviendas que, a puro pulmón, las familias pudieron poner en pie, y el hacinamiento en las grandes ciudades son algunos ejes.

Barrio Cabezas y la emergencia sanitaria

En los últimos días trascendió en los medios nacionales la noticia del brote de contagios de Covid-19 en el barrio José Luis Cabezas ubicado en los límites de la localidad de Ensenada, Berisso y La Plata, entre las calles 122 y 129, y entre 52 y 54.

Con más de 50 los contagios confirmados, la respuesta de los intendentes Mario Secco de Ensenada y Fabián Cagliardi de Berisso, con el apoyo del Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad Sergio Berni, fue el aislamiento parcial de un sector del barrio. Son alrededor de 50 casas donde habitan 220 personas. El resto del barrio quedó bajo vigilancia activa, con un despliegue policial similar al operativo realizado en la Villa Azul de Quilmes. Una emergencia sanitaria en un sector de extrema vulnerabilidad, que solo encuentra la militarización como respuesta del gobierno.

¿Pero bajo qué condiciones enfrentan hoy estas familias la pandemia y cuáles son los problemas estructurales que padecen desde desde su origen como barrio?

La precariedad habitacional y la precariedad de la vida

El barrio José Luis Cabezas surgió en el año 1997 cuando las primeras familias se asentaron con sus casillas improvisadas y fue conformándose paulatinamente con la llegada de nuevas familias con la misma necesidad de acceder a un espacio en donde vivir. El Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RRPVAP) define al Barrio Cabezas como una villa, cuya característica central está en que son autourbanizaciones informales producto de ocupaciones de tierra urbana vacante o de la afectación de tierras fiscales, de tramas irregulares, es decir, no son amanzanados. Viviendas construidas con materiales precarios, alta densidad poblacional, y escasa infraestructura y espacios libres.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 en el barrio vivían alrededor de 25 habitantes por hectárea. Nueve años más tarde, según un nuevo censo, ese número se duplicó; por hectárea vivían alrededor de 50 habitantes. Estos son los últimos datos oficiales. Al día de hoy se estima que hay alrededor de 1200 habitantes, y por la extensión del barrio, los números actuales serían de 300 habitantes por hectárea.

En el año 2016, entre los meses de octubre y noviembre, el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdICHS, UNLP/CONICET) elaboró un censo que se realizó en el barrio relevando datos sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas y su acceso a los servicios básicos.

Se constató que el 56,5 % de las familias viven en casas (56,5%), el 18% en piezas de inquilinato, el 16% en casillas y el 8% en departamentos.

El 70% de las viviendas tienen déficit en los componentes del índice de calidad constructiva de los materiales, según calidad de los pisos, paredes externas, revoques externos y la cubierta. Siendo el índice de insuficiencia leve el 44,4% de las viviendas (déficit en uno de los componentes), 8,5% de insuficiencia moderada (dos de sus componentes), severo el 11% (tres de ellos), y muy severo el 4,8% (déficit en todos sus componentes).

Nivel de insuficiencia habitacional con respecto a la calidad constructiva de los materiales:

En cuanto al equipamiento de las viviendas:

Al 36% falta de agua caliente, el 13% no tiene heladera y el 4,3% le falta de cocina.

El 26,2% de las viviendas tiene la unidad sanitaria ubicada afuera y en el 24,3% de los casos es compartido con otros hogares. Un 28% de los baños con inodoro o letrina no tiene botón, cadena o mochila.

Estos datos no son menores, si tenemos en cuenta el ejemplo de la villa 31, donde la primera vecina que dio positivo a Covid-19 compartía el baño con 13 personas más.

Sobre los servicios básicos, un gran porcentaje tiene conexión a red eléctrica, pero muchos sin las medidas básicas de seguridad y con gran riesgo de provocar accidentes o focos de incendios. Los problemas de tensión lo sufren la mayoría de los vecinos.

Ningún hogar del barrio tiene conexión a red de gas natural. La mayoría utiliza garrafa, y solo un 16,6% de los hogares tiene acceso a la garrafa social.

La mayoría de los hogares dispone de conexión de agua de red, aunque sin embargo, la cantidad, calidad y regularidad es altamente deficiente, sobre todo en las viviendas cercanas a Av. 122. Esto alimenta la falta de higiene necesaria, sobre todo en el marco de la pandemia.

De la misma forma, el aspecto del sistema de desagüe tiene enormes deficiencias, sólo a pozo ciego se realiza en más de la mitad de los casos. Un 23,3% de los hogares tienen cámara séptica y pozo ciego, un 16,6% desagota en el arroyo y el 4,3% a red cloacal.

El servicio diario de recolección pasa por la Av. 122, entrando al barrio dos veces por semana siempre y cuando no llueva o las calles no estén inundadas. Las calles son de tierra, excepto para las viviendas alineadas sobre la calle 122. El alumbrado público del barrio es parcial y bastante precario. Muchas luminarias fueron puestas por los vecinos. La mayoría de los vecinos denuncia los grandes problemas ambientales de la zona. El arroyo que bordea el lado sur del barrio está contaminado, arrastrando residuos del zoológico y recibiendo el desagüe de aguas servidas de algunas viviendas del barrio, presencia de ratas y de calles fácilmente inundables cuando llueve, la contaminación del aire producida por YPF y los basurales alrededor y debajo del puente ferroviario.

Precarización laboral y Pobreza estructural

En los últimos meses, y particularmente desde que empezó el aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia, los niveles de pobreza y empeoramiento de las condiciones de vida de millones ha dado un salto exponencial, agravando la situación en la que están sumergidas miles de familias que viven en los asentamientos informales.

Si bien en la actualidad no existe un informe oficial sobre el impacto de la crisis que estamos atravesando, es seguro que los niveles de pobreza en los barrios precarios se haya profundizado. En el caso del Barrio Jose Luis Cabezas, el censo antes mencionado realizado a fines del 2016, ya marcaba una situación muy crítica de sus habitantes.

En cuanto a la situación ocupacional, del total de la población económicamente activa, el 21.8% está subocupada de acuerdo con la definición del INDEC, es decir, trabaja menos de 35 horas semanales, desea trabajar más y está disponible para hacerlo. Con un altísimo porcentaje de trabajo no registrado, para el 82% de los trabajadores sus condiciones laborales no están reguladas por un convenio colectivo, invirtiendo la situación laboral promedio a nivel nacional, llegando este al 40% de trabajo no registrado. El 69% de las personas asalariadas no tienen descuento jubilatorio, el 80% no cobran salario familiar, mientras que el 79% no están afiliados a un sindicato. En cuanto a las ramas de actividad, las que concentran la mayor cantidad son construcción (26%), comercio (14%) y servicio doméstico (29%), siendo estos rubros los de mayor proporción de trabajo precario y bajos salarios en la media nacional. Considerando el conjunto de varones ocupados, la rama que registra mayores porcentajes es la construcción (47%) y en segundo lugar el comercio (15%). En tanto en el grupo de mujeres ocupadas, el servicio doméstico concentra más de la mitad de los casos, seguido por el comercio (13%).

En relación a los ingresos, ya en aquel entonces el 59% de los ocupados del barrio José Luis Cabezas percibía ingresos inferiores al valor del Salario MÍnimo Vital y Móvil, con un fuerte contraste con lo que sucedía en el Gran La Plata (30,6%). La mayoría de los hogares había recibido ingresos de dos o más de sus integrantes. En casi la mitad (45%) se trataba de dos aportantes. Los ingresos mensuales del 31,9% de los hogares no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de bienes y servicios, es decir, se encontraban en condiciones de pobreza, mientras que el 3,7% no alcanzaba a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, es decir se encontraban en condiciones de indigencia.

Pasan los Gobiernos y se profundiza la situación de crisis de millones

Ya pasaron 23 años desde que se formó el barrio Cabezas. Los vecinos han venido denunciando sistemáticamente los problemas que sufren cotidianamente. Han pasado distintos gobiernos, de distinto color político y ninguno tuvo el mínimo atisbo de aunque sea paliar paulatinamente esta situación en la que están sumergidas las miles de familias que viven en villas y asentamientos. No hubo ninguna diferencia sustancial en lo que respecta a la política urbana entre todos los gobiernos que se han sucedido, nacionales y provinciales, incluso en las distintas intendencias pasaron desde el PJ, UCR, hasta el FpV y Juntos por el Cambio. Todos colaboraron y llevaron a esta situación de crisis y emergencia habitacional.

El Barrio Cabezas claramente no es la excepción. En los últimos 40 años la proliferación de villas y asentamientos informales en las grandes ciudades del país no ha parado de crecer. En el Gran La Plata, ya en la década de 1980 los asentamientos informales ascendían a 27 en total, mientras durante la década de 1990 se sumaban 61 nuevos asentamientos. Desde la crisis del 2001 y su posterior recuperación, con un crecimiento económico récord para el país, las estadísticas no mejoraron, sino que por el contrario, nuevamente no pararon de aumentar.Hacia el año 2010 habían 53 nuevas villas y asentamientos en el conglomerado, y a 2015 (último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) se sumaban 20 más, alcanzando un total de 161 asentamientos informales en total. Si bien durante los años del macrismo en el gobierno no hay datos precisos, un informe reciente de la UCALP relevó una totalidad de 240 asentamientos informales, es decir, un ritmo de crecimiento similar al de las etapas anteriores.

Pero este desarrollo de un modelo urbano profundamente excluyente y desigual, estuvo acompañado por otro fenómeno que se dio en paralelo, el crecimiento exponencial de viviendas ociosas, donde ya para el 2015 el Gran La Plata se convertía en el segundo conglomerado con mayor índice de viviendas vacías del país.

Según el Censo 2010, las viviendas desocupadas en el partido de La Plata representaban el 19%, alrededor de 50 mil vivienda y departamentos en los que no habita nadie. El llamado "boom de la construcción" no fue más que la producción de inmuebles para la especulación inmobiliaria. La dolarización del mercado inmobiliario, y la intensificación de la función de la tierra y el suelo urbano como activo financiero, evidenciando un aumento de los precios, también dolarizados, una dinámica deliberadamente más rápida que la dinámica salarial, cuyos aumentos estuvieron infinitamente por debajo. De esta manera, el mercado impuso sus condiciones del desarrollo de la ciudad, con el aporte indispensable de la administración pública y los gobiernos que la alentaron, excluyendo a lo largo de los años a sectores trabajadores cada vez más amplios, viéndose en la obligación de acceder al suelo y a una vivienda (precaria) por medios informales.

Ese es el modelo de ciudad que promovieron los distintos gobiernos, y como si fuera un circo de cinismo, ante el peligro inminente que se anunciaba en caso de que la pandemia llegará a los barrios populares, los gobiernos de la ciudad por un lado, y de Provincia y de nación por el otro se tiraron la pelota de la responsabilidad los unos a los otros. Nada hicieron antes de la pandemia y mucho menos desde que empezó el confinamiento, ni siquiera para garantizarles el elemento básico sanitario como es el acceso al agua. Por el contrario el profundo desprecio hacia los vecinos quedaron a las claras por ejemplo cuando lejos de buscar soluciones para las familias del barrio cabezas, en el 2019 la funcionaria Florencia Arietto, de Juntos por el Cambio, se refirió como "inmigrantes usurpadores" hacia los habitantes del barrio que bordea las vías que van al puerto, incluso haciendo hasta una amenaza de desalojo en vivo y en directo en el programa de Mirtha Legrand.

Más cercano es el ejemplo de Mario Secco, actual intendente por el Frente Todos de Ensenada, que a la hora de declarar para Clarín sobre el actual foco de contagio en el barrio responsabilizó a los primeros contagiados "Eran parientes y esto fue producto de la imprudencia. Dos trajeron el virus y contagiaron a los demás". Pero lejos de eso, como venimos denunciando en este medio, la falta de acceso seguro al agua potable y el hacinamiento, de la mano del alto nivel de contagio del virus, fue un “cóctel” brutal para las familias en los barrios.

Por una salida de Emergencia ante la crisis y Plan de Reforma Urbana Estructural

Como lo venimos planteando desde la Izquierda Diario, es necesario implementar una serie de medidas de emergencia para hacer frente a la pandemia, como es la exigencia de test masivos, la entrega de alimentos y elementos sanitarios, salario de cuarentena de $30.000 y la prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial, además de poner a disposición las 49.276 viviendas ociosas e inmuebles de la Iglesia, y también los hoteles que en épocas de cuarentena se encuentran vacíos para ponerlos a disposición de las familias afectadas por los contagios.

Desde el punto de vista estructural, es necesario el debate urgente de una Reforma Urbana Integral, que tome las múltiples dimensiones que definen la compleja construcción social de la ciudad. Para ello hay que partir de lo más básico que es pelear por trabajo en blanco y de calidad para todos los trabajadores, con un salario mínimo que esté acorde a la canasta básica familiar, y todos los derechos de seguridad social necesario, además de la prohibición de los desalojos.

Es necesario declarar, en primer lugar, la emergencia habitacional, con tres líneas programáticas de abordaje: una respecto a la vivienda ociosa, otra sobre los alquileres y, finalmente, sobre la construcción de viviendas nuevas.

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Todas estas medidas deben contemplarse buenas condiciones ambientales y de vivienda, integrada a la vida urbana con equipamientos sociales, como escuelas, hospitales, espacios para la cultura, recreación, etc. para un desarrollo cultural rico y diversificado para toda la población , un plan urgente de infraestructura para áreas de las ciudades hoy inundables y también de movilidad que permitan una articulación entre los distintos modos de transporte, privilegiando la creación de transportes públicos accesibles, de calidad y no contaminantes.

No podemos confiar en estos gobiernos y el Estado que han profundizado este modelo de exclusión y desigualdad, reflejados crudamente en el territorio urbano. No se puede confiar en los que, ante una pandemia que se lleva miles de vidas en todo el mundo, decidan destinar 50 veces más presupuesto para pagar la Deuda ilegal y fraudulenta, que a vivienda y urbanismo o a la salud pública.

Estas demandas sólo se pueden conquistar mediante la organización y lucha de todo el conjunto de los trabajadores y el pueblo. Es la alianza obrera y popular, la única fuerza social que puede plantear una salida de fondo, atacando los intereses capitalistas que reproduce esta ciudad profundamente desigual. Es mediante la unidad y lucha en las calles de estos sectores sociales la que puede imponer una agenda a favor de las grandes mayorías, que luche por presupuestos que estén a la altura, mediante el NO pago de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior, recursos indispensables para una Reforma Urbana Integral, que esté planificada y administrada por los trabajadores de la construcción y de los servicios, las organizaciones sociales y vecinales, profesionales y de las universidades públicas del país.

Desde la juventud del PTS, La Izquierda Diario y, estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP nos proponemos denunciar y difundir la situación que pasan las familias en los barrios y apostamos a potenciar la organización, para exigir las medidas necesarias por derechos tan elementales.

Si querés denunciar la situación en tu barrio comunicate con nosotros 221 6826827







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