SEMANARIO

Balotaje, polarización y crisis del régimen político en Perú

Cecilia Quiroz

PERÚ

Balotaje, polarización y crisis del régimen político en Perú

Cecilia Quiroz

Ideas de Izquierda

El balotaje del 6 de junio, que terminó con la victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, estuvo marcado por una alta polarización entre los sectores sociales que aspiran a un cambio de fondo y quienes pretenden preservar sus privilegios y el orden establecido por la Constitución neoliberal de 1993. Esta polarización es consecuencia de la profunda crisis económica, sanitaria y política que la propagación del coronavirus ha profundizado sustantivamente y a su vez tiene que ver con el agotamiento del neoliberalismo a escala nacional e internacional. La victoria de Castillo abre un período nuevo y todavía impredecible, donde seguramente esta pugna entre el cambio y la continuidad jugarán un papel importante.

Al cierre de esta nota todavía se respiraban en todo el país las expresiones de esta polarización. Miles de seguidores de Pedro Castillo se movilizaron espontáneamente cuando se supo que el Jurado Nacional de Elecciones JNE emitió un fallo, del cual luego se retractó, donde se ampliaba los plazos para la presentación de las impugnaciones de votos emitidos en algunas mesas electorales, con lo cual buscaba favorecer abiertamente a Keiko Fujimori, ya que se creaban las condiciones legales para su triunfo fraudulento. Días antes el fujimorismo, de la mano de los medios de comunicación de señal abierta, realizó en la ciudad de Lima una movilización donde rechazaba los resultados de la segunda vuelta y criticaba de manera caricaturesca el supuesto comunismo que le endilgan a Castillo y a sus seguidores, a quienes también discriminan racial y clasistamente.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Contexto preelectoral

Este proceso electoral estuvo atravesado por una profunda crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, la cual ha dejado hasta la fecha casi 190 mil fallecidos y 6 millones de desempleados según informó hace poco el Instituto Peruano de Economía (IPE). A esta situación se suma una profunda crisis del régimen político, la cual se expresa en el descrédito de las instituciones, los partidos y sus principales figuras públicas. Esta crisis política, que es una manifestación de la crisis orgánica, se inició a finales del 2016 cuando se hicieron públicos los vínculos de importantes personalidades con los negocios de Odebrecht. Esto llevaría a la posterior caída de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y a la asunción de Vizcarra, al suicidio del líder aprista Alan García y al encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, la exalcaldesa de Lima Susana Villaran, entre otras “personalidades” que se sumaron al ya encarcelado Alberto Fujimori y al investigado por corrupción Alejandro Toledo, hoy prófugo en EE. UU. Más tarde también caería Vizcarra por sus vínculos irregulares con empresas constructoras y, Manuel Merino –quien lo reemplazaría en el ejecutivo– también se vio obligado a renunciar ante la presión social expresada en las explosivas movilizaciones de noviembre del 2020, las cuales rechazaban el accionar del parlamento y de los partidos que llevaron a Merino al gobierno.

La causa de fondo de esta crisis orgánica tiene que ver con la incapacidad de la clase dirigente para seguir imponiendo el modelo neoliberal, el mismo que ha demostrado su agotamiento no solo a escala nacional sino también a escala continental, por esa razón hemos podido apreciar últimamente las masivas movilizaciones en Chile, Ecuador y Colombia, donde el denominador común es el rechazo a las políticas de ajuste enmarcadas dentro de los lineamientos del Consenso de Washington. A decir de Gramsci, “la gran empresa fallida” neoliberal se expresa entonces en la incapacidad de los gobernantes para construir hegemonía o consensos, lo cual ha llevado a una crisis del Estado en su conjunto y de las formas de organización política e ideológica de la clase dirigente. Esto también se pone de manifiesto en la alta fragmentación política, y en la incapacidad de los partidos burgueses para construir coaliciones estables a nivel de los poderes del Estado. Por eso, en los últimos años hemos tenido en el Perú conflictos permanentes entre el ejecutivo y el legislativo, donde la expresión más categórica se dio a fines del 2020, cuando el parlamento de mayoría neoliberal sacó de su cargo al presidente neoliberal Martin Vizcarra.

Esta crisis política vino acompañada de un despertar de las luchas obreras y populares, lo cual es consecuencia del impacto de la crisis económica internacional, por esa razón en 2017 se dan importantes y contundentes huelgas de los trabajadores mineros en la macroregión sur del país, en minas como Southern, Cerro Verde, San Juan de Chorunga, entre otras. Además de la potente huelga magisterial donde por primera vez aparece Pedro Castillo como dirigente de los docentes, quienes, con tres meses de huelga, enfrentaron las políticas educativas y punitivas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y a la podrida burocracia sindical de Patria Roja. Paralelamente se desarrollaron importantes movilizaciones a nivel nacional cuestionando el indulto a Alberto Fujimori y la corrupción, lo cual llevaría a que se empiece a hablar de la necesidad de cambiar la constitución política de 1993 a través de una Asamblea Constituyente.

Durante este último año (2020 y lo que va del 2021) y ya en pandemia, se dieron importantes luchas de las y los trabajadores de salud contra la precariedad laboral y por la exigencia de plenos derechos. En diciembre del 2020 y enero del 2021, los trabajadores agrarios de Ica y del norte peruano protagonizaron una gran huelga cuestionando el régimen laboral agrario que permite que los obreros de este rubro trabajen 12 horas diarias o más, con salarios mínimos y sin ningún tipo de estabilidad. Sin embargo, por su efecto político, destaca en este período la lucha mayoritariamente juvenil de noviembre del 2020 contra el ilegítimo gobierno de Manuel Merino; al cual obligaron a renunciar después de una semana de intensas movilizaciones y enfrentando una brutal represión policial. Esta lucha volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la posibilidad de acabar con la constitución del 93 a través de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la burguesía, de la mano de los medios de comunicación y contando con la complicidad de la izquierda reformista y neo reformista y la burocracia sindical, desviaron la bronca social encaminándola institucionalmente a través del gobierno de Francisco Sagasti quien fue nombrado presidente por el Congreso, mientras que Mirtha Vázques del Frente Amplio asumió la presidencia del parlamento.

Cabe mencionar que en las movilizaciones de noviembre, la represión policial asesinó a los jóvenes estudiantes Brayan e Inti y en la huelga de los obreros agrarios de diciembre serían asesinados por la policía tres trabajadores del campo. Hasta la fecha los responsables materiales y políticos de estas muertes no han sido investigados y menos sentenciados.

El Tribunal Constitucional tuvo un papel activo para archivar las normas que parcialmente favorecían a los trabajadores como el retiro de los fondos previsionales o la eliminación de los régimenes precarizadores del sector salud. En este último caso el Tribunal Constitucional (TC) falló diciendo que era inconstitucional eliminar la precariedad de la salud aduciendo que no había los recursos en el Estado para pagar la planilla de las y los trabajadores; sin embargo, el Estado si tuvo millones para costear los planes de salvataje a los empresarios a través del plan “Reactiva Perú”. Esto puso en evidencia, una vez más, que el “equilibrio y la independencia de poderes” del cual nos hablan los políticos y los “técnicos” al servicio de la burguesía, es en realidad un mecanismo de la democracia capitalista que sirve para frenar cualquier intento de afectar aunque sea parcialmente las ganancias de los empresarios, por ello, instancias como el TC juegan permanente como “candado” para salvaguardar el régimen vigente.

A todo esto se sumó el escándalo del Vacunagate, el cual mostró la utilización del poder político y la gran desigualdad existente. Por eso, mientras el expresidente Vizcarra, sus ministras, los dueños de laboratorios, periodistas, burócratas sindicales y otros allegados del ejecutivo accedían irregularmente a la vacunación, miles, sobre todo de los sectores más afectados por la crisis económica, se contagiaban a diario y fallecían mayoritariamente por carencia de oxígeno y de los recursos sanitarios básicos para encarar la pandemia. Recientemente se transparentó las cifras de los fallecidos, estableciéndose que son 187 mil personas que murieron en el marco de la falta del testeo molecular masivo, de oxígeno medicinal, de ventiladores mecánicos y de camas UCI. Mientras tanto, los dueños de la sanidad privada (propietarios de clínicas, laboratorios, cadenas farmacéuticas, centros de producción y expendio de oxígeno medicinal) no dejaron de incrementar sus fortunas, encareciendo para ello los precios de los bienes sanitarios, para lo cual contaron con la venia del estado y los gobiernos de turno.

Cómo Castillo y Keiko pasan a la segunda vuelta

Estos son algunos elementos que condicionaron el contexto en el cual se desarrollaron las elecciones del 11 de abril y el balotaje del pasado 6 de junio. Como ya lo dijimos, las elecciones presidenciales y de congresistas se dan en el marco de una profunda crisis del régimen político y eso se refleja en los porcentajes de votación tan bajos de quienes pasaron al balotaje: 19.099 % para Pedro Castillo y 13.368 % para Keiko Fujimori. Ambos candidatos no superaron el 20 % de los votos válidos, mientras que el voto nulo, viciado, blanco y el ausentismo, superó el 40 % del total de los electores. Todo esto en un marco de alta fragmentación partidaria, la cual se manifestó en la participación en la primera vuelta de 18 candidaturas a la presidencia de la República con sus respectivas listas congresales.

Pedro Castillo, quien se postuló por el partido Perú Libre liderado por Vladimir Cerron (de origen estalinista y cuestionado por temas de corrupción), realizó una campaña sostenida en el apoyo del gremio docente, del cual es dirigente y del que se hizo conocido nacionalmente por liderar la huelga magisterial del 2017. Castillo encaró la primera vuelta con un tibio programa de reformas, el cual presentaba muchos límites conservadores, como el desconocimiento de las demandas de las mujeres y la diversidad sexual. Sin embargo, en dicho programa cuestionaba algunos elementos de las políticas neoliberales y el accionar de instituciones como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo (que como ya vimos hacen parte del engranaje al servicio de mantener el status quo), además de agitar la promesa de cambiar la Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente para que “la riqueza nacional sea para los peruanos”, lo cual quedó plasmado en su lema de campaña: “no más pobres en un país rico”.

Con esta prédica y valiéndose de mítines en las regiones más pobres del interior del país, Castillo empezó a calar en los sectores más golpeados por la crisis, quienes lo empezaron a ver como una alternativa frente al resto de políticos que fácilmente son asociados con el continuismo y la corrupción. Por eso, en el último tramo de la primera vuelta pasó, de estar en los últimos lugares, a los primeros lugares. Así pues, poco a poco, se fue convirtiendo en el representante de la indignación de un sector del pueblo empobrecido, de los trabajadores y campesinos, mayoritariamente provenientes de las regiones del interior del país, quienes han visto cómo sus condiciones de vida empeoraron a raíz de las políticas de ajuste de los diferentes gobiernos de turno.

Por eso Castillo le arrebató el liderazgo de la izquierda a Verónika Mendoza a quien, hasta semanas antes del 11 de abril, se la presentaba como una de las favoritas para pasar a segunda vuelta. Al parecer, el apoyo de Mendoza a PPK en el balotaje de 2016, y su apoyo al gobierno de Vizcarra y recientemente al de Sagasti, bajo la lógica de “preservar la institucionalidad”, hicieron que esta termine siendo percibida por el electorado como parte de los viejos políticos del régimen.

Por otro lado, Keiko Fujimori, quien viene siendo investigada por haber recibido aportes ilegales de Odebrecht y de otras empresas para sus campañas presidenciales –incluso estuvo con prisión preventiva en tres oportunidades– en un primer momento de la primera vuelta no parecía con muchas posibilidades de victoria. A pesar de ello, y debido a su aparato partidario y al desprestigio de los otros candidatos de la derecha, terminó segunda con un magro 13 %. En esta campaña recuperó la figura y el populismo que caracterizó al gobierno de su padre Alberto Fujimori, prometió mano dura contra la delincuencia común, empalmó por derecha con sectores críticos a las gestiones de PPK, Vizcarra y Sagasti y se comprometió con los empresarios a mantener y preservar los pilares de 1993 que su padre empezó a edificar. Eso, y el ya mencionado debilitamiento de sus contendores le bastó para pasar a la segunda vuelta

Segunda vuelta y polarización política

Apenas se supo que Keiko pasaba a segunda vuelta junto a Pedro Castillo, personajes políticos como Rafael López Aliaga, Cesar Acuña, Mario Vargas Llosa, Hernando de Soto, y otras figuras de la derecha se subieron al barco del fujimorismo y, de la mano de los medios de comunicación, empezaron una intensa campaña racista y macartista con la cual buscaban relacionar al docente cajamarquino con las ideas del estalinismo, al cual venden como “comunismo”, y con el régimen venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Con costosos paneles luminosos “contra el comunismo” –cuyo origen y financiamiento nunca fue investigado por los organismos electorales– y la campaña de “terruqueo”, que implicaba relacionar a Castillo con los grupos alzados en armas en las décadas de 1980 y 1990 como Sendero Luminoso y el MRTA, se buscaba generar miedo en la población para que de esa manera Keiko pudiera remontar y salir airosa en la segunda vuelta.

En el tramo final de su campaña, Keiko desarrolló una propuesta populista con la cual buscaba ganar el voto de los sectores populares más golpeados por la crisis. Prometió una serie de bonos y medidas asistencialistas que iban incluso contra las premisas básicas de su concepción neoliberal. Por ejemplo, habló de otorgar bonos de 10 mil soles (3,500 dólares aproximadamente) para las familias que perdieron familiares por Covid-19; así mismo, para las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros prometió la entrega directa del 40 % del Canon Minero. Esto le sirvió poco, ya que en estas zonas perdió por amplios márgenes de diferencia.

Mientras tanto, Pedro Castillo, ante la polarización con el fujimorismo y la derecha reaccionaria, fue moderando su discurso. En ese entender, de cuestionar al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, pasó a decir que respetaría la autonomía de estas instituciones del Estado. Además de ello, firmó, junto a Keiko Fujimori, la denominada “Proclama Ciudadana”, donde se comprometían a respetar la constitución del 93 y el estado derecho.

Sumó el apoyo de Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, del Frente Amplio de Marco Arana, de la burocracia sindical de la CGTP y de otros sectores de la izquierda reformista y neo reformista que se han asimilado a la institucionalidad del régimen del 93. Otras organizaciones, como UNIOS Perú (que son parte de la UIT-CI), llamaron a votar críticamente por Castillo en la segunda vuelta y se sumaron entusiastamente a su campaña presidencial sin hacer reparos al evidente viraje del candidato de Perú Libre en este segundo tramo del balotaje. De esta manera, UNÍOS término replicando una vez más el proceder de la izquierda institucional.

Para responder a las críticas de la derecha; en el debate técnico, así como en el debate presidencial, desde Perú Libre dejaron en claro su defensa y respeto a la propiedad privada (capitalista) y su voluntad de diálogo con el empresariado, allanándose así a los cuestionamientos que les hacían la burguesía y los medios de comunicación. Esto quedó claramente evidenciado en el hecho que durante la segunda vuelta ya no se habló de las nacionalizaciones ni se tomó la agenda pendiente de los trabajadores expresada en el cuestionamiento a los despidos masivos a través de la suspensión perfecta de labores o los regímenes precarizadores del trabajo, además de que la consigna por una Asamblea Constituyente perdió el énfasis de la primera vuelta.

A pesar de todo ello, Castillo ganó porque, como ya lo dijimos, los sectores más golpeados por la crisis lo votaron con la esperanza de cambios de fondo. A ellos se sumó el voto de los sectores que rechazan a Keiko Fujimori y que se expresan en torno al “No a Keiko”, el cual, en las últimas elecciones (2011 y 2016) se manifestó en los balotajes de segunda vuelta y terminó por definir las elecciones. Este sector, que representa al denominado malmemorismo, promueve la idea que la corrupción es un problema moral y no relacionado con el sistema capitalista; aduce que hay que defender la democracia de manera abstracta, sacando de discusión que la democracia de los Estados modernos es la democracia capitalista. En ese sentido, cuestiona a Alberto Fujimori y ahora a Keiko Fujimori y lo acusa de no respetar la institucionalidad y el estado de derecho. El “No a Keiko” no es siquiera antineoliberal. Es una mediación, cuya lógica impide desarrollar la lucha contra la herencia neoliberal y acabar con toda la herencia del régimen del 93, pero tiene relevancia electoral. Por eso el analista político Gonzalo Banda la considera como el partido político más grande del Perú.

La victoria de Castillo y la continuidad de la crisis orgánica

Los resultados de la segunda vuelta han demostrado el alto grado de polarización y de diferenciación social que se vive en el país y el enfrentamiento entre, lo que algunos académicos han denominado los dos Perú: El Perú de Lima y de un puñado de regiones del norte donde ganó Keiko Fujimori, versus el denominado “Perú profundo” donde se ubican la mayoría de las regiones pobres del interior y básicamente de la sierra. Aquí ganó masivamente Pedro Castillo con resultados impactantes como el 89 % en Puno, 83 % en Cusco, 81 % en Apurímac, 82 % en Ayacucho, 85 % en Huancavelica, 73 % en Moquegua, 68 % en Huánuco, 66 % en Pasco y 71 % en Cajamarca. Esta aguda diferenciación es una manifestación de la desigualdad social generada por la implementación de 30 años de neoliberalismo, lo cual ha llevado a la pobreza a millones de peruanos, sobre todo de regiones en donde paradójicamente se han desarrollado los mega proyectos mineros que solo han servido para asegurar el enriquecimiento de una minoría de empresarios y de una casta de políticos y técnicos a su servicio.

Por esa razón, los votantes de Castillo tienen muchas expectativas en que esto pueda empezar a cambiar y que se puedan materializar a la brevedad sus demandas más sentidas que tienen que ver con trabajo, acceso a servicios básicos, sanidad, etc. Este hecho, que ha sido una de las principales fortalezas de la campaña a favor de Castillo en la segunda vuelta, se puede convertir en un problema serio para un Castillo ya convertido en presidente si es que este decide darles la espalda a sus votantes y gobernar con la derecha como lo hizo Ollanta Humala cuando en el 2011 también llegó al gobierno prometiendo una serie de reformas que ya en el gobierno no dudó en dejarlas de lado para gobernar de la mano de los grandes empresarios.

Castillo tampoco la tendrá fácil en el Congreso ya que aquí la mayoría de congresistas de las otras tiendas políticas son defensores asiduos del neoliberalismo y por tanto del régimen del 93, mientras que los congresistas de Perú Libre son 37 (de 130 en total), lo cual no les alcanzaría (incluso manteniendo la unidad de su bancada) para imponer sus medidas programáticas propuestas en la primera vuelta y ni siquiera aquellas –ya limadas– de la segunda vuelta como el referéndum para la reforma constitucional que permitiría incorporar en la constitución de 1993 la figura de la Asamblea Constituyente para cambiar dicha Constitución. Solo la lucha y la movilización social podrían alterar esta situación. La pregunta es ¿querrá Pedro Castillo, en su condición de Presidente de la República, apelar a la lucha y a la movilización social para imponer sus medidas?

Considerando los llamados al empresariado y los compromisos firmados por Castillo en la segunda vuelta, en los cuales se pronuncia por el respeto y la vigencia de la Constitución de 1993 y por el respeto a la propiedad privada, y por tanto al orden económico imperante, no se puede descartar que Castillo busque un gobierno de unidad nacional con la burguesía, por ello, recientemente emitieron un comunicado para reafirmar su predisposición al diálogo con el empresariado, el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva (base monetaria de las políticas neoliberales) y el pago puntual de la deuda externa contraída por los gobiernos anteriores. De darse esta posibilidad, probablemente se ensayen algunas medidas efectistas para mantener las expectativas de la población, como bajar el sueldo de los funcionarios públicos (incluido el presidente) o meter presos a algunos políticos corruptos, pero sin chocar con las bases económicas de los capitalistas.

Sin embargo, por el carácter estructural de la polarización que se abrió en la segunda vuelta y por la profundidad de la crisis económica y política que estamos viviendo, la victoria de Castillo en sí misma no cierra esta crisis, ya que, para los trabajadores y los sectores populares que votaron por él, es fundamental –como ya vimos– la implementación de medidas económicas que les permitan superar la difícil situación en la que los ha dejado la crisis económica y sanitaria, y ello no será posible si no se confronta con los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, que tienen en el actual régimen económico y jurídico a su principal chaleco de fuerza. Por esa razón, la discusión por el cambio de constitución estará sobre la mesa, a lo cual se suma la lucha por trabajo, salud, vivienda, entre otras demandas básicas para los trabajadores y los sectores populares.

Pretender encaminar esas demandas en el marco de la institucionalidad vigente es imposible, ya que las normas y las instituciones están hechas para salvaguardar los intereses de los empresarios y las políticas de saqueo nacional, como bien lo demuestran los últimos fallos del Tribunal Constitucional. Solo la lucha y la autoorganización de los trabajadores y el pueblo garantizaran la posibilidad de avanzar hacia la derrota definitiva de los grandes empresarios y a desmontar la herencia fujimorista expresada en el régimen de 1993, a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que permita materializar un plan de emergencia sostenido en la inmediata derogación de las medidas que promueven los despidos masivos (como la suspensión perfecta de labores) y la precarización laboral; la nacionalización bajo control de sus trabajadores de empresas estratégicas como las vinculadas al negocio de la salud y la gran minería; la nacionalización con control obrero de la banca para poder generar el financiamiento requerido por los pequeños comerciantes y pequeños agricultores, y el no pago de la fraudulenta deuda externa para acabar con el saqueo nacional y poder contar con los recursos suficientes para repotenciar servicios básicos como salud, vivienda y educación. Estas y otras medidas transicionales son fundamentales y de primer orden para empezar a salir de la presente crisis y a ellas solo se llegará con la lucha de las y los trabajadores y el pueblo.


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Cecilia Quiroz

Bachiller en Historia, militante de Pan y Rosas Perú y la CST