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Red Internacional

Castas. Avanzada de la Corte: Rosatti asume como titular del Consejo de la Magistratura

Lo hace en medio de los cruces con sectores del Frente de Todos por la avanzada del máximo tribunal sobre el organismo encargado de designar y sancionar a jueces, que de todos modos sigue en manos de los partidos tradicionales. Nombres más, nombres menos, el Consejo está demasiado lejos de ser un mecanismo democrático, donde jueces y juezas se elijan por el voto. El poder Judicial es el único que no se somete a la elección popular, que tampoco puede removerlos.

Lunes 18 de abril | 14:00

Este lunes, pasado el mediodía, se consumó una avanzada por parte de la Corte Suprema sobre el control de la elección de los jueces. Ese proceso se hace hoy mediante el antidemocrático Consejo de la Magistratura, creado con la reforma constitucional de 1994 que Alfonsín y Menem pactaron para consolidar el camino neoliberal en curso. A partir de hoy, por un fallo de los propios miembros de la Corte, Horacio Rosatti -ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner- quedará como presidente del organismo.

A mediados de diciembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado constitucionalmente de nombrar, sancionar y remover jueces y juezas a nivel nacional. Así el máximo tribunal del país invalidó la reforma promovida en 2006 por Cristina Kirchner y obligó a reducir la cantidad de miembros que integran el Consejo. A su vez le dio un plazo de 120 días al Congreso para que dictara una ley que organice el Consejo de acuerdo a la ley previa.

Como se sabe, hasta la semana pasada el Frente de Todos intentó conseguir la aprobación de un proyecto de ley (presentado días antes de aquel fallo de la Corte) que reformaba el Consejo de la Magistratura. Entre otras cosas el proyecto oficialista ampliaba la cantidad de miembros y excluía a la Corte Suprema en su integración. Por eso, si bien Cristina Kirchner consiguió la media sanción en el Senado, Sergio Massa fracasó en su intento de logran la otra media en Diputados, con lo que se llegó al viernes pasado a la medianoche sin reforma.

Este domingo el juez federal de Paraná Daniel Alonso volvió a confirmar su medida cautelar dictada previamente en la que le impide al Congreso designar representantes al Consejo de la Magistratura. Esa causa fue iniciada por sectores del peronismo que buscaban frenar la llegada de Rosatti. Poco más tarde, anticipándose a lo que este lunes fue noticia desde la primera hora, la vicepresidenta volvió a expresar por Twitter su enojo con la Corte.

Como ya se dijo en este diario y en reiteradas oportunidades, las diferencias palaciegas entre los representantes de las castas política y judicial, más allá de los discursos, no son más que un juego de intereses alrededor de cuántos miembros debería tener el Consejo y qué instituciones los proveen.

Pero el funcionamiento de ese organismo, antidemocrático desde su origen con la reforma constitucional de 1994, está hecho a medida para que los partidos que se turnan en la Casa Rosada y se reparten el poder en el Congreso, puedan negociar qué tipo de “justicia” necesitan para mantener un régimen político, social y económico que garantice los máximos intereses de las clases dominantes del país.

Que el Consejo vuelva a estar en manos de la Corte grafica cómo funciona la casta judicial: no les alcanza con cargos vitalicios, salarios y jubilaciones de privilegio, sino que también quieren estar al mando de la designación de sus miembros. Del otro lado, el Frente de Todos hace su juego y especula con torcer el destino del Consejo hacia un rumbo más favorable al peronismo gobernante.

Por caso, el kirchnerismo está muy interesado en la designación de jueces y demás márgenesde maniobra en causas tramitadas en Comodoro Py en las que están procesados Cristina y muchos de sus exfuncionarios.

Detrás de las banderas y discursos del Frente de Todos que critican los privilegios e intereses políticos del Poder Judicial, queda a la vista que nada de esto se cuestiona, sino que se preserva. El mecanismo por el cual se designan jueces siguen estando en manos de los partidos tradicionales, opuesto por el vértice a la necesidad de que éstos sean electos por el voto de forma democrática, el único poder que nunca se somete a la elección popular, ni tampoco a la posibilidad de ser removido por ésta. Entre los privilegios y cargos obtenidos por negociación política, se garantiza que el Poder Judicial siga defendiendo los intereses patronales y políticos de los gobiernos, totalmente alejados de las necesidades de los y las trabajadoras y mayorías populares. Sostener el Consejo de la Magistratura es preservar a esta casta, no cambiará su naturaleza por su cantidad de miembros.

Esa es precisamente la crítica que planteó el Frente de Izquierda Unidad. Myriam Bregman, diputada nacional de ese espacio, criticó duramente la actuación de la Corte al tiempo que señaló los vínculos entre los principales partidos capitalistas y esa casta. Además planteó la necesidad de que jueces sean elegidos por el sufragio popular.




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