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Red Internacional

Se notificó la realización de una audiencia para tratar el desalojo de las hermanas Antual-Albornoz del territorio en cercanías de Ingeniero Jacobacci.

Martes 12 de abril | 20:37

La audiencia está convocada para el lunes 18 a las 14 horas de manera virtual y se espera que allí se trate la orden de desalojo que recae sobre las dos mujeres integrantes de la Lof Antual Albornoz. María recibió la notificación en el acampe que sostiene junto a organizaciones e integrantes de otras Lof.

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Además, en la localidad de Ingeniero Jacobacci se realizó un Trawun, reunión, con integrantes del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, representantes de Educación Intercultural Bilingüe y la vicepresidencia del INAI y miembros del CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indigenas) para sesionar en el territorio como parte de las acciones en apoyo al reclamo de las Hermanas Antual y otros conflictos vigentes.

El desalojo y la justicia a favor de la propiedad privada

La justicia ordenó sacar a María y Natividad de su ruca en favor de Edgardo Adem, supuesto propietario que adquirió 9800 hectáreas a la familia Abi Saad terrateniente de Jacobacci en el 2007 a 95 centavos la hectárea. Una estafa que no tuvo en cuenta a las familias que allí vivían.

La acción de desalojo del viernes 1 de abril fue encabezada por el fiscal Martín Lozada, en cumplimiento de la orden emitida por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence.Ambos funcionarios, tienen trayectoria en las causas de desalojo y defensa de la propiedad privada a favor de empresarios y terratenientes amigos del poder.

En septiembre del 2020 La comunidad Buenuleo denunciaba al fiscal, como garante de la persecución y hostigamiento de los grupos que ingresaban a sus territorios a favor del empresario Emilio Fiedrich, quien pretendía quedarse con 90 hectáreas que pertenecen a la familia desde 1880. Actualmente la comunidad sufre una nueva amenaza de desalojo.

En octubre de 2020, con al menos unos 150 policías de Río Negro y la asistencia de drones, se ordenó el desalojo de la Lof Gallardo Calfu por parte del magistrado y fue comandado por el fiscal. Se trata de un lote ubicado justo en la entrada al predio Lago Escondido, propiedad de Joseph Lewis, el amigo de Macri.

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Además el juez Juan Laurence participó en las causas judiciales contra los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu a favor del Obispado de San Isidro contra la recuperación en Cuesta del Ternero donde ocurrió el asesinato de Elías Garay y en causas contra familias que buscaban un pedazo de tierra para vivir, como la toma en cercanías del Cerro Otto

Para completar el grupo de hombres de la ley, se encuentra el abogado de Adem, Ernesto Saavedra, conocido representante de las distintas causas contra las comunidades mapuche en Río Negro. Actualmente es abogado de del empresario Rocco y del sicario Feilberg, acusado de asesinar al joven mapuche Elías Garay.

La lista de amenazas, intervenciones y maniobras contra las comunidades originarias y sus reclamos son compartidas por fiscales, empresarios y los distintos gobiernos. Actúan en común en beneficio de los intereses empresariales y de los grandes terratenientes que sin tapujos asesinan a quienes resisten, de la mano de las fuerzas represivas o grupos de matones.

Es urgente el reconocimiento y efectivo cumplimiento de las leyes constitucionales e internacionales que protegen a los pueblos originarios y que esos mismos jueces, fiscales y abogados deben hacer cumplir. El único camino posible para ello es la unidad de todos los sectores en lucha, sindicales y sociales junto con el Pueblo Nación Mapuche para enfrentar la oleada represiva y persecutoria a quienes reclaman el cumplimiento de sus derechos.




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