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Red Internacional

Con un plan de vacunación atrasado y tras más de un año de enviar a millones de trabajadores al matadero, obligándolos a amontonarse en trenes y líneas en medio de la pandemia, ahora Funes de Rioja amenaza con represalias.

Lucho Aguilar@lukoaguilar

Miércoles 11 de agosto | 11:48

En plena segunda ola, sin vacunas y con protocolos insuficientes, millones eran obligados a ir a trabajar para tener la economía “a pleno”, como decía el presidente. Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo reconocían al menos 16 muertes “laborales” diarias por covid. Ese fanatismo patronal por mandarnos al matadero, ahora se ha transformado en una amenaza autoritaria e ilegal: a quienes no estén vacunados, se les podrá descontar sus sueldos. Siguen así las medidas ya tomadas en Francia y debatidas en otros países.

Según el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, “con la vacunación, quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse. Sino, no podrá ingresar y el empleador podrá cesar la dispensa, el haber o las asignaciones no remunerativas. Esto es el cese del pago”. La medida incluye a quienes estén haciendo teletrabajo y sean obligados a volver a la presencialidad. "El punto central es el cuidado recíproco", dicen.

El cinismo de los grandes empresarios no tiene límite. En las industrias alimenticias que representa Funes de Rioja, se produjeron miles de contagios. Hubo muertes en Mondelez, Alijor, FelFort, entre tantas otras. Y en algunos casos por hacer “paragüitas de chocolate”. En Ledesma hasta los mayores de 60 siguieron trabajando y así lograron el récord empresario de fallecidos por covid en 2020. Pero la empresa no recibió ni un llamado de atención ni sanción, ni nada.

Pero ahora dicen que les interesa "el cuidado recíproco" de la salud. Caraduras.

Las conducciones sindicales han sido absolutamente cómplices de este ataque. El gobierno nacional también. Por eso, como reflejó Ambito Financiero, “la cartera laboral analiza una normativa para blindar a los empresarios”.

Otro industrial de la UIA pero cercano al Gobierno, Ignacio De Mendiguren, dijo que con la medida se busca "forzar la vacunación", pero se necesita un acuerdo entre empresas, gobierno y sindicatos. Se puede decir que la bravuconada de la UIA es para apurar ese acuerdo.

¿Cómo defender la salud pública y de la clase trabajadora?

La izquierda exige desde que comenzó la pandemia medidas para defender la salud del pueblo trabajador. Lejos de cualquier postura “anti-vacunas”, ha planteado que estas deberían ser un derecho garantizado para toda la población. Son los acuerdos del Gobierno con los laboratorios los que hicieron que hoy solo una de cada cuatro personas ha recibido las dos dosis.

Por eso la amenaza de la UIA parte de negar la realidad. Incluso el Ministerio de Salud no ha tomado aún la decisión de incluirla en el Calendario de Vacunación, ya que se trata de vacunas en desarrollo aprobadas de emergencia.

Pero además de una provocación autoritaria, la medida que amenazan los empresarios es ilegal. Como analizó Matías Cremonte, referente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), “más allá de lo que cada uno piense del que no se quiere vacunar, hoy no hacerlo es todavía un derecho. Si un trabajador no vacunado se pone a disposición y es el empleador el que no quiere que vaya a trabajar tampoco puede haber una consecuencia que lo perjudique, ni disciplinaria ni salarialmente” (Ámbito).

Hay que rechazar el intento de darles a las patronales más poder para atacar el bolsillo y los puestos de trabajo. También al Estado, que como vimos en el caso de Jujuy tomó medidas como las que hoy plantea la UIA.

La solución pasa por otro lado. Por un lado, como planteaba Alejandro Vilca (diputado provincial PTS en Jujuy, “se necesita una política integral en materia sanitaria que incluya además del acceso de todos a las vacunas y la liberación de las patentes, que se cumplan las medidas adecuadas para atacar activamente la epidemia, incluidos los recursos para un plan de testeo, rastreo y aislamiento, barbijos N95 para todos, esenciales frente a las nuevas variantes más contagiosas”.

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Pero además, la necesidad de aumentar la población vacunada no puede ser resultado de una amenaza autoritaria. Como analizábamos esta semana ante las medidas autoritarias tomadas por Emmanuel Macron en Francia, lo que se necesita es “una campaña dirigida a las personas no vacunadas en manos de los trabajadores y la población. Una campaña basada en la pedagogía que los sindicatos y las organizaciones de base podrían apoyar voluntariamente. Para abordar las causas estructurales de la desconfianza, esta campaña debe ir de la mano del pedido del levantamiento de las patentes y la nacionalización bajo el control de los trabajadores y la población de las empresas farmacéuticas”.

Si en Europa, donde la vacunación con la segunda dosis supera en su mayoría al 50 % de la población, estas medidas son abiertamente autoritarias y sirven como cobertura de la desastrosa gestión de la pandemia por parte de los gobiernos, en Argentina donde la vacunación con la segunda dosis es menor al 25 %, la medida pedida por la UIA es absolutamente antiobrera. Se sabe que una sola dosis de la vacuna pierde gran parte de su eficacia ante la variante Delta. Esta variante que está haciendo estragos en Europa, Estados Unidos y Asia, está empezando a crecer en América Latina y ya hay casos de circulación comunitaria en Argentina. Amenazar con sanciones a los trabajadores cuando aún no hay vacunas suficientes para una segunda dosis que permitan morigerar los efectos de esta nueva variante, no solo parece una burla sino que es la continuación de la política criminal que los empresarios llevaron adelante durante toda la pandemia.

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A diferencia de la CGT y la CTA, que han avalado el decreto que obliga a volver a trabajar con una sola dosis, la izquierda y el sindicalismo combativo son los principales defensores de la salud obrera y la salud pública. Por eso son quienes pueden encabezar la pelea contra esta amenaza patronal, exigiendo a los sindicatos que rechacen el plan de Funes de Rioja y Moroni y realicen asambleas para que discutir las medidas elementales para cuidar la salud de todos y todas.




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