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Red Internacional

Con aumentos en el precio de los biocombustibles solo de entre 43 y 75 por ciento entre octubre y enero de este año, las familias Blaquier, Rocchia Ferro, la norteamericana SeabordCorporation festejan. Al igual que Glencore, Cargill, AGD, Cofco, Dreyfus, Bunge entre otras. El gobierno sella su pacto con los pulpos del agronegocio. Se necesitan medidas de otra clase.

Lunes 4 de enero de 2021 | Edición del día

A partir de la resolución N 1/2021 de la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional, ordenó un aumento del precio de los biocombustibles que producen los ingenios azucareros, productores de maíz y de soja en todo el país.

En el caso del precio del biocombustible derivado de la caña de azúcar (que se mezcla con naftas) tiene un aumento del 43,3% entre octubre y enero de este año –antes el precio estuvo congelado-. Pero hay que tener en cuenta que la inflación minorista de 2020 sería del 35% según distintas consultoras. A su vez, con la ronda de incrementos hasta mayo de 2021 la suba sería del 17,3%.

En el caso del biocombustible derivado del maíz, en el marco de la puja del gobierno con el sector, no se actualizaron aún los precios que solían ser los mismos que el biocombustible derivado de la caña de azúcar.

Para el biocombustible derivado de la soja, que se destina a la elaboración de diesel, la mejora en el pecio es mayor aún. Entre octubre y enero de este año el precio se incrementa un 75%; mientras hasta mayo inclusive lo haría en un 20%.

Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.

Recordamos que por Ley N 26.093 el Estado regula el precio de los biocombustibles en base a una fórmula que considera un margen de ganancias a los productores y, por otro lado, les otorga un negocio cautivo dado que es obligatorio el corte de naftas y diesel con un 12% y 10% por litro respectivamente. De esta manera, los productores del biocombustible se aseguran un cupo para vender el producto.

Por el lado de la producción de hidrocarburos según Infobae fuentes del mercado anunciaron que trasladarán parte de esta suba en los biocombustibles al precio final de los combustibles. En el surtidor se esperan subas de al menos el 2,5 y 4 por ciento.

Para el caso de los ingenios se trata de una gran mejora a un producto que le ha otorgado ganancias millonarias durante los últimos años, al cual apostaron destinando cada vez más caña de azúcar a la generación de etanol y no a la producción de azúcar. Ledesma informa en su memoria de balance que “Al 31 de mayo de 2019, Bio Ledesma S.A.U. obtuvo como resultado final una ganancia de $ 28.595.000”.

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Solo tres ingenios ubicados en el NOA, El Tabacal (SeaborCorporation), La Florida (Los Balcanes) y Ledesma (Blaquier), concentran aproximadamente el 60% de la producción anual de alcohol en el país de un total de diecisiete ingenios que cuentan con destilerías. La mayoría del alcohol obtenido de la caña de azúcar tiene como destino la producción de biocombustibles. Un negocio que chocó de frente con la necesidad de contar con esta materia prima en medio de la pandemia. Sin embargo, el gobierno nacional los premia con esta suba de precios del alcohol, cediendo incluso al lobby de la Cámara Argentina de Biocombustibles, los propios Gobernadores que conformaron una Liga Bioenergética y grandes medios del agro como Clarín y La Nación que desde el año pasado vienen haciendo columnas de doctrina a favor del sector.

Por el contrario, los diputados del PTS-Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de declaración de utilidad del alcohol que producen los ingenios en el parlamento del NOA y en la Legislatura de Jujuy. Sin embargo, los bloques mayoritarios de la UCR y el PJ mantuvieron su voluntad del lado de los dueños de los ingenios.

Pulpos del agronegocio

La política del gobierno nacional es cada vez más clara respecto a sus favores al agronegocio donde se ubican actores de peso mundial y donde el capital local se ubica como socio menor. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, sostiene que en el caso de biodiesel son 37 empresas de las cuales 7 dominan casi el 80% de la producción, entre ellas se encuentran: Cargill (USA), Cofco (China), Louis Dreyfus Company (Francia), Molinos Río De la Plata (local-Pérez Companc) y Renova (Glencore-Vicentin) y Viluco S.A (local, Lucci), T 6 (AGD, familia Urquía). Para el etanol de maíz, cinco empresas concentran la producción y se trata de grandes actores mundiales, Aca Bio Coop (31%), Pro Maíz AGD/Bunge (28%), Bio 4 (15%), Diaser (15%), Vicentín (10%), según un informe del sector elaborado por el ministerio de Economía de la Nación.

El discurso oficial de los ministros de Agricultura y de Desarrollo Productivo intenta justificar estas medidas o la quita de retenciones de fin de año a un sector del agronegocio bajo la necesidad de dólares para hacer frente al pago de la deuda con el FMI y el resto de los acreedores. Pero este sector está a la cabeza de la fuga de capitales históricamente, o sea, respecto a los dólares que pueden generar en caso de mejorar las exportaciones, no hay garantía que queden finalmente en el BCRA. Los ofrecen por un lado y los compran por el otro.

Además de ser un sector que profundiza el impacto ambiental con el uso de agroquímicos como también hasta el mismo impacto de los biocombustibles es neutral según la propia Cámara Argentina de Biocombustibles, “El carbono verde es el que ya está en el inventario de la biosfera. Si quemamos o liberamos carbono verde a la atmósfera, no modificamos el balance final. Lo que entra en la atmósfera por combustión sale de ella por fotosíntesis: como un balance constante que circula entre dos cuentas corrientes.”

Con este claro guiño del gobierno a los pulpos del agronegocio se necesitan implementar medidas de otra clase. Frente a la especulación con el dólar, el monopolio del comercio exterior, facilitaría tener un control y un poder de veto frente a los principales exportadores del país, pero también sobre los principales demandantes de dólares para atesoramiento o “fuga”. Esto a su vez, exige la nacionalización del sistema bancario y la creación de un banco estatal único bajo control de los trabajadores porque de esta forma se pueden frenar los canales por donde se mueven los dólares que son fugados del país. Estas medidas necesitan tener control de las principales tierras productivas, por eso la expropiación de los 4000 terratenientes se torna fundamental al momento de reorganizar la producción agrícola en función de las necesidades de la población trabajadora y con un plan racional de respeto del suelo y de la naturaleza. Para avanzar por este camino está planteado organizar a la clase trabajadora ocupada y desocupada, en forma independiente de los gobiernos dado que solo su fuerza social puede frenar los negocios capitalistas.

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