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Red Internacional

Este jueves, a instancias de la familia del joven asesinado por la policía en Paso Viejo, luego de la excarcelación de tres de los cinco acusados, junto a la banca del Frente de Izquierda se realizó una importante audiencia que contó con la participación de legisladores de distintos bloques, familiares de otros casos, organismos de derechos humanos y otras organizaciones y personalidades solidarias.

Jueves 10 de junio | 21:35

De la reunión, que fueron invitados la totalidad de los y las legisladoras, participaron las legisladoras del Frente de Izquierda Unidad, Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, las concejalas del FIT-U Cintia Frencia y Laura Vilches (mandato cumplido). Fue parte la referente de Izquierda Socialista Liliana Olivero. También participaron legisladores de la UCR como Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, y la de Encuentro Vecinal María Rosa Marcone.

Estuvieron conectados asesores de otros legisladores. Familiares de víctimas de otros casos como Rosa y Lorena Guzmán y Claudio Malizzia. Participó Viviana Alegre y Candela Guzmán estudiante procesada de la UNC. También la ex legisladora porteña y miembro del CeProDH Alejandrina Barry.

La madre de Joaquín Paredes, Soledad, e Ivana, amiga de la familia e integrante de la comisión "Justicia por Joaquín" abrieron la reunión contando algunos de los hechos. Soledad comenzó señalando que su hijo era un chico muy bueno y que quería muchos a los animales. Que había ido a la plaza ese sábado 25 de octubre, a la noche para saludar al amigo y a los cinco minutos llegaron los policías que inmediatamente abrieron fuego. Allí se registraron 20 disparos y cuenta que los efectivos se fueron dejando abandonado a Joaquín.

Al dirigirse a la comisaría, con los efectivos dentro, siguieron disparando desde la comisaria efectuando más de cien disparos. Señaló que no es sólo uno el que mato a Joaquín y que a a siete meses de su asesinato se dejó en libertad a tres. Pidieron justicia señalando que todos son culpables ya que ninguno fue capaz de parar la balacera. Remarcó que esa noche pudo haber más de un Joaquín.

Pidió para que se pueda intermediar para una audiencia con el Gobernador Schiaretti, el Ministro de Seguridad Alejandro Mosquera y el Fiscal General Juan Manuel Delgado.

Ivana, amiga de la familia y miembro de la comisión "Justicia por Joaquín", comenzó recordando a más de una decena de chicos asesinados por el accionar policial en nuestra provincia.

Pidió que los presentes repudien esos asesinatos y las excarcelaciones a los agentes que realiza el tribunal de Villa Dolores. Denunció que las fianzas son de 200 mil pesos, y que la vida de Joaquín no vale eso. Denunció hostigamiento a los sobrevivientes de aquella noche en la plaza. Pidió por una ley contra la violencia institucional que surja de la voz de la familias. Señaló que "No puede ser que la policía investigue a la policía".

Denunció que fueron 112 las balas disparadas y fueron disparadas con seis armas distintas. No se trata de un caso de abuso de autoridad. También señalo que llamativamente los dermotest dieron negativo y hubo adulteración de los libros de actas de la comisaría. Exigieron que paguen los cinco por el asesinato de Joaquín.

Lamentaron que no estuviera presente el legislador departamental por Cruz del Eje, Alejandro Ruiz, quien nunca hablo de homicidio, y que tuviera la oportunidad confirmar o no si fue él quién firmo el aval para que entren a la fuerza dos de los homicidas, también para que clarificara si existe alguna relación política entre el legislador y el policía Luna, liberado la semana pasada.

Lorena Guzman, hermana de Lautaro, que en pocos días se cumplirá un año luego de que fuera atropellado con un amigo luego de una persecución policial

Al cumplirse el año no se tienen aún las pericias, ni las cámaras. Frente a la prensa el comisario mintió sobre supuestos “frondosos antecedentes” que en realidad correspondían a otra persona con el mismo apellido. El policía que lo asesino ni siquiera está imputado. Denunció el hostigamiento luego de las marchas que realizaron, parándose al frente de la casa

Viviana Alegre, quién busca a su hijo desaparecido hace 9 años, señaló que a veces parece que hay desaparecidos de primera y segunda. Que ella lo sufre en carne propia con un hermano desaparecido por la dictadura y un hijo en democracia.

Resaltó que la lucha se da en las calles y ese necesario ponerse firme y no se trate sólo de conveniencia política.

Ratifico el acompañamiento a todas los familiares y pidió el acompañamiento en la búsqueda hasta encontrar a su hijo Facundo.

Claudio Malizzia, padre de Yamil señaló que había, lamentablemente, mucha similitud en el tratamiento de los casos. Denunció que la justicia (o injusticia) permite que se instale el miedo entre los familiares. Señaló que entre los fiscales no quisieron investigar el caso y a dos años y siete meses no hay imputados y no hay ninguna persona presa por el asesinato de un adolescente.

Denunció toda una serie de atropellos realizados por la policía del departamento Tercero Arriba, con casos de impunidad que incluyeron la quema de una casa, con bombas molotovs, donde murieron dos personas. Luego de eso, uno de los policías mató, atropellando, luego de volver de un baile a un niño de 12 años.

Denunció que no sólo nunca fueron presos, sino que fueron ascendidos y que en su caso, el policía asesino de Lucas Funes estaba encargado de la investigación del asesinato de su hijo.

Relató que quién es indicado como el asesino de su hijo, fue ascendido hace dos meses al cargo de comisario. Que en las fiscalías no son recibidos, los echan de tribunales incluso poniéndoles policías para que no puedan entrar.

Marcó que los abogados ni siquiera se animan a recusar a la fiscal por miedo a las represalias. Señaló que lamentablemente se está haciendo la idea que no va a tener justicia para su hijo.

Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, y miembro del Ceprodh, señalo que para tener justicia hay que mantener la movilización, enfrentando a los poderes del Estado y con las investigaciones de manera independiente. Que así de esa manera se logró justicia encarcelando a los genocidas. El gatillo fácil no es en general, es de clase, que los asesinados son pibes de los barrios populares. Señaló que la policía como institución es irreformable, que cumple una función determinada.

Luego de una serie de intervenciones de los legisladores presentes, cerró Noel Argañaraz diciendo que no se tratan de casos aislados sino de un modus operandi que se repite en toda la provincia de Córdoba.

Reafirmó el compromiso del PTS y el Frente de Izquierda para acompañar el pedido de justicia mediante la lucha.

Los legisladores se comprometieron a elevar una carta con el pedido de audiencia de los familiares de Joaquín con autoridades provinciales, e insistir hasta que se lleve a cabo. También que se haga una declaración de repudio a las liberaciones para que se discuta en la legislatura y el compromiso de acompañar la movilización si así lo define la comisión de "Justicia por Joaquín".

También se resolvió difundir a nivel nacional el petitorio trabajado por la familia donde se repudian las excarcelaciones y el cambio de caratula.




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