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Red Internacional

El atentado con explosivos forma parte de una avanzada de sectores reaccionarios que encuentran un contexto propicio. Desde la izquierda queremos poner en debate cómo dar una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos.

Daniela RodriguezDocente y delegada Suteba | Bahía Blanca

Viernes 28 de mayo | 12:46

El 25 de mayo la agrupación La Cámpora sufrió un atentado con explosivos en su local partidario. Fue una noticia que conmocionó a la ciudad, recibiendo un amplio y contundente repudio de diversas personalidades políticas e instituciones del ámbito local y nacional.

En Bahía Blanca se han dado previamente casos de ataques, como roturas de vidrios, pintadas o intimidaciones a partidos e instituciones (Casa Cultural Marx del PTS, locales de la CCC, el PC, y el FdT, la Asociación Israelita, la UNS). Pero el ataque al local de La Cámpora con una bomba y panfletos es un salto en los métodos utilizados, similar a los de la Triple A y la extrema derecha en los ’70. Es por eso que necesitamos poner en debate cómo responder a estos grupos de derecha, que no operan en el vacío sino que encuentran un contexto propicio que los alienta a actuar desde la clandestinidad con una sensación de total impunidad.

Si bien el intendente local Héctor Gay fue uno de los que repudió el ataque, no hay que olvidarse que en un acto en 2016 habló del “enemigo interno”, en un lenguaje propio del discurso de combate a la “subversión” en la dictadura, en el que se formó en la escuela de Massot. Otro suceso grave fueron las declaraciones durante el juicio a la Triple A de los principales dirigentes del PJ local, Simon y Alvarez, quienes dijeron “no saber nada” sobre el accionar de la banda terrorista y de la patota de Rodolfo Ponce de la UOM, su principal organizador. Un escándalo que si algo esclarece es en qué vereda de la lucha por memoria, verdad y justicia se ubican la dirigencia peronista tradicional bahiense.

En diciembre salió a la luz la operación de inteligencia que durante el macrismo desarrolló el espionaje ilegal, particularmente en nuestra ciudad, contra militantes y referentes políticos, sindicales y sociales. No hay que subestimar el poder de fuego de estos “sótanos de la democracia”, especializados en perseguir luchadores, desviar causas, chantajear y armar operaciones varias. Desde el Frente de Izquierda Unidad venimos exigiendo su disolución y la apertura de todos sus archivos.

A nivel nacional, hace ya un tiempo vemos en distintas marchas y declaraciones de referentes de la derecha, parte de las proclamas de los panfletos aparecidos en el atentado. Desde los grandes medios se alienta y amplifica la voz de sectores reaccionarios, mientras personajes como Patricia Bullrich se pasean impunemente en campaña. El mismo día del atentado hubo convocatorias de estos sectores en distintas ciudades del país, y en Tandil las consignas de las pancartas eran similares a las aparecidas en el local de la Cámpora.

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La causa por el atentado está en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la Dra. María Gabriela Marrón, cuestionada por su rol favorable a la policía bonaerense al frente de la investigación de la desaparición de Facundo Castro a manos de esa fuerza. La instrucción en tanto, está en manos del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un reconocido “amigo” de acusados por delitos de lesa humanidad con una extensa trayectoria en defensa de la impunidad de los genocidas, y que debió renunciar por su escandalosa parcialidad en la causa de Facundo. Claramente no se puede depositar “confianza” en esta justicia para esclarecer el ataque al local partidario.

El fortalecimiento del discurso y del accionar de la derecha no sólo es responsabilidad del macrismo y de los grandes medios de comunicación. Detrás de los grupos antiderechos, de los Gomez Centurión o los Espert, hay un poder económico-empresarial real que sigue marcando el rumbo de la política económica y social en el país, beneficiándose de las decisiones gubernamentales.

El propio Estado con medidas concretas, y a través de funcionarios como Berni, facilita el terreno para el avance de la derecha. Retrocedió en expropiar a Vicentin avalando la estafa millonaria; no toca las ganancias de los bancos, laboratorios y exportadores, que siguen lucrando en medio de la pandemia; ajusta el presupuesto para seguir pagando al FMI la odiosa deuda con la plata que se necesita para salud, trabajo y educación. Frente al levantamiento policial que rodeó la propia residencia presidencial, el gobierno otorgó sin chistar más presupuesto, salarios y equipamiento a las fuerzas de seguridad. En el plano internacional, reeditó la teoria de “los dos demonios” frente a la agresión al pueblo palestino, equiparando el terrorismo del Estado de Israel con la respuesta de la población atacada.

El ministro Berni atacó a los organismos de DDHH y salió a bancar a la policía cada vez que fue necesario, como frente al femicidio de Ursula o la desaparición de Facundo. El propio Kicillof acompañado por Berni, aparece todas las semanas entregando cientos de patrulleros y poniendo la política de “seguridad” como uno de los ejes de su gestión. Como si fuera poco, frente al clamor de “defender la propiedad privada”, lo vimos en Guernica desalojando con topadoras a miles de familias, mientras TN y el grupo Clarin trasmitían en vivo celebrando el operativo. Cederle a la derecha en sus reclamos, permitir su accionar impunemente, o incluso tomar parte de su programa desde el propio gobierno, tiene consecuencias.

Berni y el operativo represivo en Guernica

Consideramos que ante la gravedad de lo sucedido no podemos quedarnos solamente en las expresiones de repudio por las redes y mediante comunicados. Las mujeres, lxs jóvenes y los trabajadores en general tenemos que dar una clara demostración de cómo responderle a la derecha mediante métodos democráticos y de acción masiva.

Fuimos cientos de miles en las calles los que derrotamos el 2x1 que quería garantizar la impunidad a los genocidas. Millones salimos con la marea verde para defender nuestros derechos frente a la violencia machista y los sectores conservadores, conquistando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito pese al lobby de las iglesias y sus representantes en el parlamento.

Marcha contra el 2x1 a genocidas en Bahía, 2017

Frente al creciente malestar por el ajuste económico y la crisis sanitaria, vemos el resurgir de la protesta social. A medida que la conflictividad y el descontento se profundice, ataques como el del miércoles 25 de mayo buscarán reiterarse para amedrentar o directamente dañar a quienes se propongan luchar.

En nuestra ciudad, contamos con herramientas y fuerza para responder. En primer lugar, sindicatos recuperados y centrales independientes como Suteba y CTA, o el importante gremio aceitero en el corazón del poder económico local. A su vez, el Frente de Todos cuenta con el apoyo activo de sindicatos poderosos como Comercio y gran parte de la CGT, movimientos sociales, agrupaciones feministas y de la juventud. Desde el Frente de Izquierda, ponemos a disposición nuestra fuerza militante y la colaboración de nuestros simpatizantes para actuar contra estas agresiones. ¿Qué sucedería si además de declaraciones de repudio, se llamara a participar a todo ese enorme sector? ¿Cuánto durarían las provocaciones y amenazas de la derecha?

Solo con una amplia y contundente respuesta activa podemos empezar a pararle la mano a estos ataques. Llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organismos de ddhh, sociales y políticos a impulsar instancias de organización y debate en asambleas, para votar acciones en común que, contemplando la situación actual de pandemia, se propongan ganar las calles para enfrentar y derrotar realmente a la derecha.




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