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Red Internacional

Sigue el ajuste.Arroyo: tras cuatro meses con más actividad económica "no baja la gente en los comedores"

Todo un reconocimiento de las consecuencias de la política de ajuste del Gobierno en la vida de los sectores más golpeados por la crisis económica. Aún así, niega que sea necesario un nuevo IFE.

Juana Galarraga@Juana_Galarraga

Miércoles 7 de julio | 15:28
Foto: Télam

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación del Grupo Perfil y la Universidad del Salvador (USAL).

“Tenemos diez millones de personas que reciben asistencia alimentaria, ya hace cuatro meses que aún con más actividad económica, no baja la cantidad de gente en los comedores”, sostuvo en ese contexto.

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A pesar de este reconocimiento de las consecuencias de la política oficial sobre la población más pobre, Arroyo sigue negando que sea necesario volver a entregar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“El IFE tuvo que ver con un momento muy específico, con el cierre total de las actividades económicas en abril, mayo, junio”, aseguró. Su argumento es totalmente contradictorio. En su esquema se supone que el IFE era necesario con la actividad económica cerrada para el sector informal y desocupado. Ahora sin embargo, no considera que vuelva a ser necesario a pesar de que la gente no puede dejar de ir al comedor por más changa que pegue y por más "recuperación" que haya. Vale aclarar que el ministro suele hacer alusión a la posibilidad de volver a changuear, como signo de la tan mentada recuperación económica.

“Estado presente”: alimentos ausentes

“El problema que tenemos es el precio de los alimentos: tenemos diez millones de personas que reciben asistencia alimentaria, ya hace cuatro meses que aún con más actividad económica, no baja la cantidad de gente en los comedores. La gente hace changas pero va también al comedor, para estirar, para llegar a fin de mes. O sea, que aun con más actividad económica, se mantienen diez millones de personas en los comedores y en los merenderos”.

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“El problema son los precios de los alimentos”, dice, como si esta cuestión fuera algo totalmente ajena a la política del gobierno del que forma parte. De hecho el próximo miércoles vence el programa “Precios Cuidados”, integrado por 670 artículos. El Gobierno nacional ya tiene decidido prorrogarlo por tres meses más, pero con un pequeño detalle: aumentos en los productos que rondan entre el 4 % y el 8 %. Que los precios sean cada vez más inaccesibles para un sector cada vez más extenso de la población, no es un problema caído del cielo.

El periodista de este diario, Eduardo Castilla, denunció recientemente el poder concentrado de los grandes monopolios ligados a la producción y la comercialización de alimentos en Argentina. “El poder de dar de comer”, está en manos de un puñado de empresas que lucran con la comida que falta en las mesas trabajadoras y populares.

Según detalla el artículo, el Gobierno declama una batalla permanente contra los llamados “formadores de precios”. Los instrumentos para esta batalla son los programas como “Precios Máximos”, “Súper Cerca”, etc. Estas políticas centradas en los precios, dejan “intacto el entramado capitalista que determina las condiciones generales de producción industrial de alimentos y artículos de primera necesidad”. De allí su nula eficacia para contener la suba de los precios de los alimentos.

Según el discurso oficial, este tipo de políticas son la forma del Estado de “hacerse presente” para salvaguardar los intereses de la población más precaria y vulnerable. Sin embargo, que los monopolios de las alimenticias conserven todo su poder es resultado de la política del Frente de Todos, que contrario a lo que dijo en la campaña electoral, no empezó “por los más débiles”.

El Frente de Izquierda es la única fuerza política que plantea un mecanismo verdaderamente efectivo para el control de precios: a partir de comités de trabajadores de las alimenticias y consumidores populares que eviten el abuso de las empresas, junto a otras medidas como el monopolio estatal del comercio exterior para terminar con la especulación de las multinacionales agroexportadoras.

No fue magia: fue el ajuste

“El IFE llegó a nueve millones de personas: tres millones volvieron al trabajo y están en la situación prepandemia, otras tres millones van camino a hacerlo, y hay tres millones con muchos problemas, porque se quedaron sin trabajo, porque es un jardinero que tenía diez casas y ahora tiene cinco, o es una empleada doméstica que tenía un número de horas que no pudo recuperar”, detalla Arroyo. Este cálculo le viene bien para justificar el alcance de las políticas asistenciales vigentes.

“Primero, tuvimos un bono de 15.000 pesos, para quienes tienen la AUH en el AMBA. Luego, estuvo el Repro 2, que es el pago del salario para parte de la gente del sector privado, que ahora es de 22.000 pesos. Esa ayuda llegó también a los pequeños emprendedores. Y subimos lo que tiene que ver con la Tarjeta Alimentar, para los chicos de hasta 14 años para llegar a los cuatro millones de chicos. También hay un nuevo bono de 6.000 pesos para personas que tienen el Programa Potenciar Trabajo”, explicó.

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Como parte de esta batería de políticas, este martes Arroyo elogió la decisión del Gobierno nacional de adelantar a septiembre el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), previsto para febrero del 2022. Según dijo esto busca "mejorar el bolsillo de los argentinos para que los salarios le ganen a la inflación”. El aumento del SMVyM acordado este año fue del 35 % -con una inflación que en mayo registró casi un 50 % de variación interanual- y en siete cuotas a pagarse entre abril de 2021 y febrero de 2022. Luego de esos aumentos se preveía alcanzar la cifra de $ 29.160. Mientras, la Junta Interna de ATE Indec estimó una canasta de consumos mínimos (incluyendo el gasto de alquiler) para un hogar en mayo de $ 99.930. Las medidas del Gobierno son espuma con poco impacto real de cara a las elecciones.

Por otra parte, según denunció el economista Pablo Anino en el suplemento Ideas de Izquierda, “en este 2021, en medio de una potente segunda ola de Covid, los anuncios del oficialismo están lejos de abarcar el universo de personas que percibieron el IFE. En abril, junto con mayores restricciones a la circulación, se implementó por única vez un bono de $15 mil para un millón de beneficiarios en el Gran Buenos Aires. Recientemente, se anunció un bono extraordinario de $6 mil a cobrarse en julio para otro millón de inscriptos en el programa Potenciar Trabajo. Previamente, el oficialismo había anunciado el adelanto del complemento de $7 mil por única vez para 1,3 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y una ampliación en la Tarjeta Alimentar, que llega a 2,3 millones de hogares”.

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Es que contrario a lo que asegura Arroyo, el Gobierno está lejos de poner a la asistencia social como una de sus principales prioridades. Consultado sobre si los préstamos del FMI deberían destinarse a la asistencia o a pagar más deuda, Arroyo decidió, otra vez, hablar como si no fuese funcionario de primera línea del Gobierno: “Eso lo define el equipo económico y tiene que ver con un conjunto de decisiones macroeconómicas. La verdad es que yo no participo de esas definiciones”.

Ante el intento de evasiva del funcionario, los periodistas insistieron para conocer su opinión sobre el punto. Ahí Arroyo acudió a falsear la realidad en su defensa. “Claramente, ha habido una ampliación presupuestaria importante para el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado y, realmente, muy importante este año”, aseguró. Hay que recordar que el IFE se recortó del presupuesto 2021 porque el Gobierno calculó que este año no habría pandemia. La decisión de achicar el gasto en partidas como asistencia social, salud y educación, tuvo que ver con la necesidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, de cumplir con las imposiciones del FMI en el marco de la renegociación de la deuda externa. Se supone que estas recetas, según explicó el Gobierno el año pasado, ayudarían a combatir la inflación.

Este recorte además, se hizo sobre un piso bastante bajo. El año pasado, “Argentina fue uno de los países que menos gasto público desembolsó para la asistencia por Covid, no sólo comparado con potencias económicas, sino también con los países vecinos de la región”, explica Anino en su citado artículo.

“Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en mayo de 2021 en comparación con el mismo mes de 2020, los desembolsos totales del Ejecutivo Nacional en programas sociales retrocedieron 42 % en términos reales (en decir, después de quitar el efecto inflacionario). Allí explican que el recorte del IFE no es compensado con las medidas del corriente año”, continúa.

Por otra parte, el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó que la pobreza por ingresos en 2020 habría trepado del 45 % al 53 % si no existiera la Tarjeta Alimentar, el IFE, la AUH y otros programas. “El ‘Estado presente’ que propugna el Frente de Todos apenas alcanza a reducir en un 8 % la pobreza, pero deja inmutable el 45 % restante. Una incógnita que queda abierta es en qué medida la tibia recuperación económica en curso compensará el recorte en los programas sociales para evitar que las futuras estimaciones oficiales de pobreza no exhiban cifras más dramáticas”. Las confesiones de Arroyo son una respuesta clara a este interrogante.




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