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Red Internacional

El 1 de enero perdió vigencia la norma que obligaba a las ART a presumir que la infección por coronavirus era una enfermedad profesional, por lo que debía ser cubierta por las aseguradoras. Ahora habrá que demostrar “caso por caso” ante las siempre amigables comisiones médicas.

Lucho Aguilar@lukoaguilar

Miércoles 5 de enero | 10:16

Una nueva ola de covid azota el país. 95 mil casos en un día. El brote afecta a muchos sectores económicos, aún en vacaciones. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras que hacen funcionar las aerolíneas, el transporte urbano, la gastronomía y otros servicios turísticos. Las propias patronales reconocen su preocupación por la paralización de actividades a raíz de la cantidad de contagiados. El plan del gobierno y las patronales es que la economía “funcione a pleno”, con la vuelta de los contagiados al trabajo lo antes posible, pero la propia crisis sanitaria le pone un límite a ese plan.

En La Izquierda Diario venimos reflejando la nueva ola y sus consecuencias en los lugares de trabajo. Llegan denuncias todos los días.

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Pero ahora no encontramos con otro hecho que muestra el desprecio por la salud y la economía de millones. En medio de la explosión de contagios, el Gobierno decidió tomar una medida que favorece a las ART y perjudica a los trabajadores que tienen la “suerte” de estar registrados. Hasta el 31 de diciembre, el Covid era una enfermedad de carácter profesional (no listada) para quienes hubiesen prestado efectivamente tareas en sus lugares de trabajo. Así lo determinaba el artículo 7 del decreto 39/21 de "emergencia en material ocupacional". Se presumía que si se contagiaban era justamente porque tenían que seguir trabajando y viajando para ello.

Esto permitía a cualquier trabajador (registrado) reclamar atención, licencia y cobertura. También a sus familiares, en el caso de que la enfermedad traiga consecuencias graves. Recordemos que durante la segunda ola las estadísticas oficiales llegaron a registrar el fallecimiento de 16 trabajadoras y trabajadores por día por causa de covid. Dato que dejaba de lado a miles de informales que no entraban en esos números.

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Era una medida limitada, dentro del sistemas de riesgos de trabajo actual, pero elemental. ¿Cómo será ahora? Según aseguraron fuentes oficiales a distintos medios, "en el caso que el trabajador entienda que su contagio fue en el ámbito laboral podrá acudir a las Comisiones Medicas por el trámite de reconocimiento de enfermedad profesional no listada que está previsto en el decreto 1278/00. No es que quedan absolutamente sin cobertura sino que queda abierta esa vía pero bajo el estudio de caso a caso" (I-Profesional). Solo quedará vigente para personal de salud y también para las fuerzas de seguridad (que no son trabajadores).

La decisión de la comisión tendrá en cuenta elementos como si hay muchos casos en la empresa, qué tipos de tareas realizaba la persona, si realizó sus tareas dentro del establecimiento o en forma remota, entre otras. O sea, el trabajador deberá enfrentar las “comisiones médicas”, siempre tan amigas de las patronales, con los pocos elementos que puede tener a su alcance. ¿De dónde puede sacar todos esos datos, que en muchos casos solo los tienen los empresarios o directamente no hay forma de comprobarlos?

El tema de fondo es el negocio de las ART y las prestadoras de salud. En la segunda ola se abrió una crisis porque las aseguradoras adeudaban más de $ 3000 millones a prepagas y obras sociales y cerca de $ 17 mil millones a las familias de las víctimas fatales. Además estaba en discusión los gastos de las licencias, por un monto de más de $ 7 mil millones. En pocas semanas se habían gastado el "fondo fiduciario" que la ley tenía reservado para estos casos. Es que con el sistema de riesgos de trabajo, la salud obrera se ha transformado en un número más de los libros contables.

Si bien hoy en este momento de la “tercera ola” han bajado las internaciones y muertes, ha aumentado brutalmente la cantidad de contagios, o sea de consultas médicas y pedidos de licencia por enfermedad.

La normativa era parte del decreto 413/21, que también prorrogaba la prohibición de despidos sin causa hasta el 31 de diciembre de 2021 y duplicaba las indemnizaciones. Queda claro entonces que la decisión oficial es un nuevo guiño a las empresas, no solo a las ART. Además de ser empujados al contagio, miles de trabajadores y trabajadoras deberán encargarse de probar cómo se contagiaron o, en muchos casos, seguirán trabajando aun siendo casos estrechos, sospechosos o directamente con síntomas, ante la posibilidad de perder el dinero o incluso sus puestos.

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El Frente de Izquierda rechaza la presión de la patronales a exponer la salud de los trabajadores, recortando derechos elementales, ni hablar de quienes trabajan de manera “informal”. Hay que exigir que se mantenga la presunción de enfermedad laboral, así como el respeto de los días de aislamiento sin descuentos salariales, sanciones, ni pérdida de puestos de trabajo.

Esta exigencia está ligada a la exigencia a los sindicatos y el impulso de comisiones de seguridad e higiene con acceso a información de la empresa y plenos poderes de hacer cumplir los protocolos de seguridad.

Las vidas trabajadoras importan.




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