Sociedad

ARGENTINA INNOVADORA

Argentina Innovadora 2020: ¿ciencia para quién?

El ajuste en ciencia y tecnología se acompaña del mantenimiento de los lineamientos estratégicos de elaborados durante el gobierno kirchnerista. ¿Cuáles son los motivos de esta aparente contradicción?

Santiago Benítez

Dr. en Biología. Trabajador del CONICET - Miembro de la Agrupación Docentes e Investigadores de Izquierda.

Sábado 18 de marzo de 2017 | Edición del día

El plan Argentina Innovadora 2020, paradójicamente llamado a veces el "plan Barañao", forma parte ineludible de la herencia del anterior gobierno. En el actual contexto de ajuste en ciencia y tecnología, frases como "había un plan" son comunes entre quienes se ven afectados por los recortes presupuestarios y en los ingresos a la carrera de investigador científico de Conicet. Esta frase hace referencia a un objetivo concreto del plan: "incrementar el ingreso de personal a esta institución a un ritmo del 10% anual" como puede leerse en su resumen ejecutivo.

Pero el mismo Plan 2020 genera dudas en aquellos que critican al actual modelo científicos ¿No fue acaso diseñado por el mismo ministro Lino Barañao y su equipo? ¿No era Alejandro Ceccatto, actual presidente de Conicet, el secretario de Articulación Científica y Tecnológica durante el anterior gobierno? Muchos elementos de los últimos meses llevan a profundizar esta duda. El anuncio de los cambios en la política de ingresos al Conicet, donde se reduce el número de ingresos, dejando de lado el objetivo de incrementar la planta de trabajadores científicos, se combina con un cambio en los criterios de selección, ya que el 50% de las vacantes se destinarán a los temas estratégicos definidos en el plan 2020. Por otra parte, la insistencia mediática de Lino Barañao de que los científicos deben trabajar en una empresa y que el Conicet "no es una agencia de empleos" revelan que la política científica es una complicada mezcla de cambios y continuidades (incluso profundizaciones) antes que un sencillo relato de "traiciones".

En una nota reciente en la revista Anfibia y en el contexto del actual recorte presupuestario y de despido de trabajadores, Diego Hurtado (Dr. en Física, miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), establece una comparación entre la política científica durante los años noventa y la adoptada durante los gobiernos kirchneristas. Según Hurtado "Las empresas trasnacionales traían la tecnología de sus casas matrices y los grupos concentrados nacionales se dedicaban a la soja o al procesamiento de materias primas. Por eso, la revolución neoliberal de los noventa no necesitaba ni científicos, ni tecnólogos."

Sin embargo, según Hurtado la asunción de Néstor Kirchner trajo como novedad "un gobierno decía que iba a poner en el centro de su política económica un proyecto de país industrial", el cual "necesita un sistema educativo en expansión, que proyecte qué tipo de conocimiento se necesita y, por lo tanto, cuáles serán las áreas de mayor demanda para planificar la formación de técnicos, ingenieros y científicos sociales y naturales. En este contexto se crea a fines de 2007 el MINCyT". Respecto a la actual posición de Barañao en el gobierno de Macri, afirma: "La gran falacia que difunde sin decirlo es que un proyecto de país neoliberal, desindustrializador, que apuesta al agro, a la minería y a los flujos especulativos necesita la misma ciencia y tecnología que un país industrial que se orienta a la justicia social."

Hay varios motivos por los cuales esta interpretación de "regreso a los noventa" hace aguas y resulta insuficiente para comprender la crisis actual. Es en las continuidades de las políticas de diferentes gobiernos que pretenden introducirnos en un "capitalismos en serio" donde radican las contradicciones que estallan en este momento. Es insostenible para quienes pensamos la ciencia desde una perspectiva anticapitalista, el reducir la discusión a cuáles grupos económicos se ven beneficiados por determinada política científica.

La subordinación de la ciencia a las lógicas de mercado es el verdadero riesgo sus trabajadores y para la sociedad. En 1985, Richard Levins y Richard Lewontin escribían en El Biólogo Dialéctico: "Es ampliamente conocido que los gastos en investigación son lo primero en ser recortado cuando una corporación sufre dificultades económicas, presumiblemente porque la innovación tecnológica no tiene una compensación inmediata, mientras que incrementar la publicidad, los costos del trabajo y de los materiales, se reflejan de manera inmediata en la ganancia. (...) el horizonte de decisión típico de los gerentes es como mucho de tres a cinco años. Dado que la investigación a menudo no brinda retornos en ese período, es mayormente prescindible. Al mismo tiempo, el costo de la investigación a largo plazo son socializados, cambiando el lugar de trabajo de empresas individuales a instituciones públicas como universidades e institutos nacionales. (...) Cuando esta investigación socializada se encuentra cerca de producir un producto con valor de mercado, las etapas finales de desarrollo vuelven a manos privadas a fin de asegurarse su exclusiva propiedad."

A pesar de ser presentado como una política de estado en democracia, el Plan 2020 no surge de la discusión democrática dentro de la comunidad científica ni de su construcción colaborativa con otros sectores de la sociedad. Varios de sus puntos llevan a cuestionarlo como una enorme transferencia de recursos humanos y materiales al sector privado, el empresariado nacional en este caso. Una concepción desarrollista de la ciencia contra la que ya advertía Oscar Varsavsky en 1969 porque, finalmente, consistía en la búsqueda de soluciones dentro del sistema y al apoyarla "quedaba la amarga y tácita sospecha de que tal vez a eso lo aprovechaba más el sistema que el país".

En el mismo prólogo de este plan, la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguraba: "los que van a generar la riqueza son quienes trabajan desde la ciencia y la tecnología, no tengan dudas. Esa va a ser la gran fuente de generación de riqueza en el siglo veintiuno." Pero para saber quiénes disfrutarían efectivamente de la riqueza creada, debemos tener en cuenta las aplicaciones concretas fruto del Plan 2020. Por ejemplo, en octubre de 2015 se anunció la liberación para su comercialización de dos eventos biotecnológicos nacionales: la soja resistente a sequía y la papa resistente al virus PV.

La biotecnología constituye una línea prioritaria de investigación dentro del Plan 2020. La licencia para explotar la semilla de la soja resistente a sequía fue otorgada a la empresa INDEAR, constituida por CONICET por parte del estado y Bioceres como contraparte privada. En el directorio de Bioceres se encuentra, entre otras personas, Victor Trucco, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y Gustavo Grobocopatel, más conocido como "el rey de la soja". El grupo económico Los Grobo facturaba en 2016 700 millones de dólares anuales con sus negocios en Argentina, Uruguay y Brasil, dedicándose principalmente a la siembra de soja transgénica y la venta de insumos y servicios.

Pero no son solamente es el empresariado nacional el destinatario de la inversión estatal en ciencia y tecnología. El ministro Barañao afirmaba en 2008 frente al estadounidense Thomas Shannon, (subecretario de estado para el Hemisferio Occidental) que sus intenciones como ministro eran "alentar el emprendedorismo ... cambiando la cultura científica nacional que todavía encuentra algo indigno en convertir investigación en ganancia" y que esperaba "atraer más inversiones de las companías multinacionales, específicamente de los campos de la investigación biomédica, biotecnología y nanotecnología". Estas afirmaciones incluyen a las multinacionales entre las posibles beneficiarias de la política científica. Algo que no debería sorprender de un defensor del agromodelo que dijo que beber agua contaminada con glifosato era como beber "agua con sal".

En un sentido más profundo, la conversión del conocimiento en un insumo para las corporaciones afecta la misma forma de hacer ciencia, porque determina qué tipo de investigación se puede hacer. El criterio de cualquier corporación es maximizar la ganancia, sin importar si el producto es útil o dañino. En su inmensa mayoría, los miembros de la comunidad científica sufren los mismos problemas que cualquier trabajador: desempleo, salarios escasos, malas condiciones de trabajo y falta de financiamiento. Incluso un importante sector de estos trabajadores, a pesar de ser quienes generan la riqueza según los relatos oficiales, carece de derechos laborales básicos y con justicia se reconocen a sí mismos como precarizados. Para aquellos científicos comprometidos con el cambio de sistema, es prioridad converger con las luchas de la clase trabajadora y trasformar profundamente los modos de hacer ciencia. Continuando con las reflexiones de Richard Levins: "No podemos defender la ciencia como es (...) debemos abrir la ciencia a quienes han sido excluídos, democratizar su estructura autoritaria, modelada sobre la de una corporación e insistir en una ciencia cuyo objetivo sea la creación de una sociedad justa compatible con una naturaleza rica y diversa."

Para continuar leyendo, visite en Ideas de Izquierda: ¿Ciencia Nacional o Avanzada Neoliberal? de Luciana Nogueira







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