Impunidad policial

Arcioni y Massoni reglamentan el uso de armas de la Policía de Chubut

Lo hacen mediante la resolución 145/2020 del Ministerio de Seguridad: Un avance para nada casual. El mismo reglamenta el uso de armas de fuego por parte de la policia. Se da en el marco de la lucha estatal contra el ajuste y contra la megaminería en la provincia. Organismos de Derechos Humanos repudian fuertemente.

Martín Saez

Docente | Agrupación Marrón | Referente del PTS Chubut

Domingo 15 de noviembre | 20:04

El pasado miércoles 11 de noviembre salió publicado en el Boletín Oficial la resolución 145/2020 en la que el Ministerio de Seguridad provincial habilita a la policía de la provincia (y la reglamenta) para la utilización de armas de fuego. El mismo se fundamenta en el brutal protocolo "Tueller de los 21 pies" utilizados por las fuerzas policiales extranjeras.

Este protocolo representa un verdadero salto en las medidas represivas sostenidas por el gobernador Mariano Arcioni y su ministro de Seguridad Federico Massoni, en un marco donde miles de chubutenses están en las calles rechazando el ajuste y la megaminería.

Esto se suma a la compra y entrega de armas Taunus TH9 a la policía, por más de 11 millones de pesos el pasado 6 de agosto, en plena pandemia.

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El protocolo habilita a la policía a disparar armas de fuego

Ya desde el Artículo 2º podemos leer que el uso de las armas de fuego se hará "para proceder a la detención de quien represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "hasta lograr su detención". En el Artículo 4º autoriza a los agentes policiales a trasladarse a una "situación potencialmente peligrosa" con el arma cargada, el martillo montado y el cartucho ya en la recamara del arma. En el Artículo 6º se establece el cuándo una situación representa "peligro inminente" destacándose en el inciso b "Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil". En el Artículo 9º se establece que será el policía quien deberá "decidir qué nivel de fuerza debe emplear" y que lo hará según "el grado de confianza alcanzado por el policía en su formación, permanente capacitación, entrenamiento, experiencia y disponibilidad del equipo adecuado".

A su vez, este protocolo aprobado por Massoni establece en sus Artículos 9º y 10º una "distancia de seguridad mínima de 6.4 metros" para el agente policial ante un portador de arma blanca y que si dicho espacio se vulnera "el agente policial estará facultado a realizar un disparo con el arma reglamentaria a una zona baja del agresor (desde la cintura a los pies) […] un segundo disparo a la zona media (entre cuello y cintura) […] un disparo a zona alta del agresor, entendiéndose por zona alta a la región corporal de la cabeza de la persona". A su vez habilita al agente policial a que si considera no necesariamente cumplir los pasos de dar voz de alto, exigir que se arroje el arma blanca y el disparo a la zona baja podrá operar directamente con un disparo decisidamente letal. Por último, se establece que podrá abrir fuego "las veces que fuere necesario".

Estos artículos confirman que el protocolo es un grave avance en la impunidad policial y el gatillo fácil al fiel estilo "doctrina Chocobar" de Bullrich pero que también vemos en Massa y Berni.

Arcioni, los gobernadores y una línea represiva nacional

Esta resolución es un salto en las medidas represivas del gobierno de Mariano Arcioni -que sostiene desde su llegada a la gobernación a fines de 2017- pero que se incrementaron progresivamente desde el comienzo de la pandemia. Por medio de su mano derecha y ministro de Seguridad Federico Massoni, Arcioni ha tomado medidas represivas y de criminalización ante los reclamos de los estatales y por él no a la megaminería. Hace pocas horas se realizaron detenciones a activistas por el no a la megaminería en la ciudad de Rawson en medio de una semana de masividad en las calles en defensa de la Iniciativa Popular 2020. Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Rivarola, el mismo que estuvo vinculada a causas de espionajes al activismo antiminero.

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Durante la cuarentena, en Chubut se presenció una escalada de violencia e impunidad policial y los ejemplos sobran: Los centros de detenciones montados en los gimnasios de Escuela, las detenciones a quienes se trasladaban a realizar cuidados familiares cómo el joven que la policía bajó de un colectivo en Comodoro Rivadavia o la mujer detenida en Madryn a la cual se la transportó en una pequeña celda sin ventanas y sin decirle a donde la llevaban. En esta localidad se obligó a dos trabajadoras a desnudarse en el baño de una comisaría y a realizar sentadillas.

En Trelew el grupo GEOP de la policía sin motivo alguno le disparó en la cara a un trabajador que se encontraba en el patio de su casa y a los pocos días de hacer la denuncia fue visitado en horas de la madrugada por la policía que le bajó la puerta y le robó parte del sueldo. Asi mismo, se filtró en redes un audio de Paulino Gómez, Director de Seguridad de Chubut, diciendo "Traten de meter gente en cana".

En Esquel, Massoni entró con la montada a los humildes barrios Ceferino, Estación y Badén en un acto de entera provocación y criminalización de los barrios populares. Allí cerca, en Corcovado, durante abril fueron detenidas tres mujeres Mapuche que habían salido a comprar alimentos, trasladadas a una comisaría para ser fotografiadas, interrogadas y obligadas a firmar un acta en blanco.

Pero este nuevo envalentonamiento, la Resolución 145/2020, no representa un hecho aislado, sino que se basa en una línea política nacional del Frente de Todos pero apañada por todos los partidos patronales, que busca darle cada vez más concesiones a la policía y al conjunto de las fuerzas represivas con el fin de garantizar que la crisis la pague el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares. Alberto Fernández cedió a los reclamos corporativos de la policía hace algunas semanas y también luego de la represión en Guernica realizó junto a Kicillof entrega de vehículos policiales en Lomas de Zamora.

Pero sin dudas, el mayor ejemplo está en Berni, que encabezó los operativos de desalojo en Guernica y el resto de las tomas, encubrió a la policía ante la desaparición forzada y muerte de Facundo Castro. Es la inequívoca referencia de que el Frente de Todos, del cual Massoni y Arcioni son parte, avalan la criminalización de la pobreza, la protesta y la defensa de la policía represora.

La APDH, CORREPI, el CEPRODH y otros organismos de Derechos Humanos repudian y denuncian en estas horas este protocolo que no tiene que pasar.

Te compartimos la Resolución 145/2020:

Boletín Oficial de Chubut: resolución del Ministerio de Seguridad by La Izquierda Diario on Scribd

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