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Red Internacional

El gobernador Mariano Arcioni, en una entrevista emitida por Canal 12, volvió a manifestar que la legislatura tiene que tratar la megaminería antes de las elecciones. También habló de la deuda salarial con trabajadores estatales y jubilados, la vacunación ante la pandemia, su alianza con el Frente de Todos y las elecciones. Un discurso de campaña en medio de un ajuste y saqueo de la provincia.

Jueves 10 de junio | 11:35
Fotografía ADNSur

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, este 9 de junio, volvió a plantear su política prominera y extractivista que comparte con el Gobierno nacional a través del propio presidente Alberto Fernández y el secretario de Minería Alberto Hensel, al señalar que “Es más hipócrita y engañoso querer discutir la zonificación minera después de las elecciones, hay que tratarlo ahora”.

Y agregó “Es una locura que sigamos dependiendo del barril de petróleo y estoy dispuesto a pagar el costo político por la minería”. El gobernador volvió a pedir el tratamiento urgente del proyecto de zonificación minera en la Legislatura, pidió a los legisladores que “aborden el dictamen que ya fue aprobado por la comisión de Recursos Naturales”.

Arcioni insiste en el tratamiento porque sabe que las disputas y cruces en el peronismo parten de que todos están de acuerdo en que hay que avanzar en ampliar la matriz productiva de la provincia, es decir, en la megaminería. La discusión está en el cómo, sí es como la impulsan desde la gobernación y el gobierno nacional, que es ahora y cueste lo que cueste. O como dicen el intendente Luque, el dirigente del PJ Linares y la vicepresidenta Cristina Fernández que proponen discutir y avanzar después de las elecciones, tras meros cálculos electorales.

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Lo que no dice el gobernador es que el proyecto está trabado en este momento porque la justicia provincial ordenó a la legislatura detener el tratamiento del proyecto de zonificación 128/20 dando pie al amparo exigido por las comunidades de la meseta. Ya que el proyecto minero de Arcioni incumple gravemente leyes nacionales e internacionales como "la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obligan a los Estados a establecer mecanismos institucionales de participación y consulta con las autoridades propias de los Pueblos Indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente, tal como ocurre con el proyecto de zonificación minera".

La pelea entre la política extractivista del gobierno nacional y provincial que destruye el ambiente por un lado y el pueblo trabajador, las comunidades y la juventud de la provincia que defiende el agua y el ambiente por el otro sigue abierta. Y como viene sucediendo en la provincia desde hace más de 18 años, la pelea se va definir en las calles con la fuerza de la movilización.

En otra parte de la entrevista, Arcioni, siguiendo este discurso que viene sosteniendo de que “el panorama hasta fin de año es alentador” y destacó que “los esfuerzos y sacrificios realizados están dando resultados”.

El mandatario provincial reivindicó el ajuste que viene realizando en la provincia y a nivel nacional el Frente de Todos –para envidia de Macri– la “aceptación pactada del ajuste” no compensa “las fallas del chantaje económico” sino que se basa en ellas. La histórica tregua de los sindicatos y las organizaciones “sociales” oficialistas es la que viene garantizando el avance del ajuste y de la subordinación al FMI.

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El ajuste es concreto para cualquiera que lo mire, salvo para el Gobierno que busca ocultarlo o justificarlo. Salarios que pierden con la inflación en el sector privado y congelamiento salarial desde 2020 en el sector público es un hecho más fuerte que mil palabras de un relato que reivindica el atraso salarial y la deuda con los jubilados de la provincia. Es que Arcioni, al igual de Fernández, entre los jubilados y los bancos, también eligió a los bancos.

Si Arcioni durante dos años pudo imponer este esquema de ajuste a las y los trabajadores estatales como vía para cumplir con los acreedores externos es porque no actuó solo. Le facilitaron su tarea, las direcciones sindicales, todas ligadas al PJ, aceptando paritarias de miseria en el sector privado y congelamiento salarial en el estado provincial, sin ofrecer resistencia, como también desde la propia Legislatura el PJ que con su totalidad de legisladores y legisladoras votaron los presupuestos de ajustes, como antes habían votado el pacto fiscal de Macri.

Los trabajadores y la juventud de la provincia han demostrado una fuerte voluntad de lucha contra el ajuste y el saqueo. Lo demuestran los 18 años de lucha contra la megaminería y las duras luchas del 2018 y 2019.

Hoy, ante la nueva ofensiva del gobierno provincial y nacional, de saqueo, extractivismo y ajuste en curso es necesario que las luchas, como la ambiental o la salarial, no queden reducidas a ejercer presión sobre los mecanismos del régimen, es decir, la legislatura o la justicia, y que peleen por caminos separados, sino que es necesario lograr poner en pie nuevas instituciones de unificación y coordinación de las luchas.

La coordinación, como empezó a desarrollarse en el AMBA, entre los sectores en lucha, permite potenciar las peleas parciales y unirlas en un solo curso de acción contra los gobiernos y las empresas que impulsan estas políticas contra el pueblo trabajador, las comunidades y la juventud.

Así también, abre la perspectiva de construir una hegemonía de la clase trabajadora, desde la juventud precarizada y lxs desocupadxs hasta los sectores sindicalizados, junto con el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, los movimientos medioambientales, etc., que confie en sus propias fuerzas, fortaleciendo una política independiente de todos los partidos patronales, tanto oficialistas y opositores y del gobierno nacional y provincial.

En el marco de la polarización impuesta hacia la salida electoral, solo un camino políticamente independiente podrá dar paso a que las lucha se afirmen sin caer en la trampa malmenorista de la interna del PJ, que solo se diferencia en los tiempos para este saqueo mientras imponen el ajuste en curso.




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