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Red Internacional

En la siguiente nota reflexionamos sobre la Universidad: ¿Cuál es la situación de las y los estudiantes a casi dos años de la virtualidad? Mientras Martín Guzmán envió un nuevo presupuesto a la baja para el 2022, entre el 2020 y el 2022 el ajuste llegó al 18 %. ¿Qué implican estas decisiones para las condiciones materiales en que debemos estudiar y trabajar y para el ingreso y permanencia? Perspectivas para reflexionar sobre las y los estudiantes como un actor que pueda intervenir en la crisis en curso.

Juliana YantornoSocióloga UNLP

Sábado 16 de octubre | 14:21
@coqueinchaurre

En las últimas semanas se conoció la noticia de que volverá la modalidad presencial a las universidades del país desde el próximo año. Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias, anunció que el dictado de clases será de forma bimodal, aunque sin especificar lo que esto significaría. Algunos rectores hablan de la presencialidad total.

En esta nota nos proponemos hacer un recorrido acerca de cómo fueron estos cerca de dos años de virtualidad en la educación superior. Las universidades de todo el país se volcaron de lleno a una modalidad virtual forzosa sin contar con las condiciones para hacerlo. Desde un inicio el gobierno y las autoridades universitarias descargaron el peso de la virtualidad sobre los docentes y estudiantes, sin buscar brindar ni conectividad ni dispositivos para su implementación. Muchos estudiantes quedaron directamente afuera por no contar no los recursos mínimos indispensables para esta modalidad de cursada.

El gobierno nacional, junto a las autoridades universitarias, tomaron medidas que llevaron a una mayor precarización, ahogamiento presupuestario y ajuste sobre la educación. De esta manera, la Universidad se desentendió de problemáticas tales como la falta de internet y dispositivos tanto de estudiantes como docentes, las condiciones de vida de la comunidad educativa que en muchos casos se encuentran al cuidado de lxs hijxs, o tienen jornadas laborales extenuantes que les limitan el tiempo para conectarse a las clases. A los docentes no se les dieron ni siquiera los limitados beneficios que establece la ley de teletrabajo.

La resolución a estos problemas quedó librada a la situación socioeconómica de cada estudiante o docente. A su vez, estos últimos vieron pulverizados sus salarios con paritarias a la baja y muchas veces con el doble de trabajo en sus espaldas. Al mismo tiempo, la vida de los jóvenes y del conjunto de la sociedad se vio más ajustada con índices cada vez más altos de pobreza, desocupación y trabajos precarios. Los beneficios que quieren mostrar sobre la virtualidad en realidad son más bien una trampa debido a que tampoco garantiza que se pueda finalizar una carrera dada la escasez de recursos que afectan a la misma calidad educativa. La vida política universitaria se vio limitada al extremo. Una trampa que apunta a reforzar el individualismo, cursar los que puedan y de la forma que puedan.

¿Presencialidad bajo qué condiciones?

Un aspecto a remarcar es que luego de darse estos anuncios generales para todas las universidades, las arbitrariedades para poner trabas a los estudiantes no se hicieron esperar. El rectorado de la UBA estableció que los exámenesfinales en el CBC se harían de forma presencial obligatoria, cuando los estudiantes ya se habían anotado con modalidad virtual. Lo mismo sucedió en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata o en Económicas de la UBA y otras tantas Universidades, donde los exámenes también se dictarán de forma presencial y obligatoria. Este tipo de decisiones afectan a los estudiantes, docentes y no docentes, quienes organizaron este cuatrimestre virtual. Muchxs están cursando desde lugares remotos, tienen trabajos o familiares a cargo que nos les permite hoy acercarse a la facultad. Los estudiantes reclaman que se respete la modalidad actual de cursada y se den las opciones para rendir los finales ya sean virtuales o presenciales. Si bien estas decisiones dependen de la gestión de cada universidad o de cada facultad, aunque son confusas, hay algo que está claro: se toman a espaldas de toda la comunidad educativa.

Desde el comienzo de la pandemia, las autoridades aprovecharon para avanzar contra la ya poca democracia que existe en el gobierno de las universidades. Todas las decisiones que ocurrieron durante estos dos años fueron tomadas entre cuatro paredes, durante muchos meses no funcionaron los órganos de cogobierno y las decisiones fueron tomadas por los rectores y decanos de forma cuasi monárquica. Pero estas prácticas no son nuevas. Desde nuestras agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles, luchamos hace años por la mayoría estudiantil en los órganos de cogobierno, por claustro único docente, voz y voto para lxs trabajadores no docentes, y por la elección directa sin ponderación (una persona = un voto) de las autoridades.

Pero más aún en estos momentos donde estamos discutiendo la vuelta a las aulas, es que en asambleas, comisiones, foros, necesitamos debatir y decidir qué condiciones necesitamos para volver a las aulas, entre los estudiantes, docentes, y no docentes. Así como también discutir la situación de docentes, y de los estudiantes en cuanto a nuestros derechos básicos que hacen a nuestra permanencia. Las medidas necesarias para regresar a la presencialidad deben ser discutidas entre todos y tiene que ser la comunidad educativa quien tenga el control de los insumos de protección necesarios. ¿Cuáles son los protocolos que se darán? Nadie lo sabe. Nosotros sabemos que para volver necesitamos medidas de higiene básicas como la implementación de medidores de CO2, sistemas de ventilación cruzada en todas las aulas, y baños en condiciones sanitarias. También nos hablan de un sistema bimodal, tal como anunció el secretario de políticas universitarias. ¿Pero en qué condiciones está la Universidad para ir a este modelo? ¿Cuál es la situación de los jóvenes hoy?

Las autoridades universitarias y el gobierno nacional plantean un esquema de vuelta a la presencialidad que implica un “sálvese quien pueda” o “vuelva el que pueda”, mientras la realidad de los jóvenes hoy es aún más crítica que previa a la pandemia. Las cifras del INDEC muestran que el 40,6 % de las y los argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y 4.9 millones de personas se encuentran bajo la línea de indigencia. Estos datos muestran la gravedad de la situación social y económica en nuestro país, ¿Cómo se puede pensar en una Universidad que sea realmente de acceso masivo, gratuita y pública en un país con el 40 % de pobreza?

Muchos de los jóvenes hoy no pueden ni pensar en dedicar años a la universidad, costear el transporte y las fotocopias, porque tienen que trabajar jornadas extenuantes para poder llevar un plato de comida a sus casas. Otros hacen malabares para poder mantener sus estudios mientras trabajan, cuidan a familiares, y se rebuscan el tiempo y los recursos para poder hacerlo. Ante las imposiciones de autoridades y gobiernos urge discutir el modelo de universidad que queremos y las formas de organización que tenemos que tomar los jóvenes por todos nuestros derechos.

Una universidad cada vez más precarizada

Bajo el modelo de la Ley de Educación Superior, en los últimos años se configuró un modelo basado en el sostenimiento de una universidad masiva pero ahogada presupuestariamente y, por ende, reproductora de una creciente precarización (que se expresa en el cierre de comedores, en que no brindan becas, en la existencia de miles de docentes ad honorem y en la casi nula inversión edilicia). Bajo este esquema también tomaron forma los modelos de las actuales conducciones de los centros de estudiantes dirigidos por la Franja Morada y el peronismo que, en vez de exigir al Estado que garanticen los derechos básicos para los estudiantes, basan su actividad en la gestión de los buffets y fotocopiadoras. Se tapan los ojos y la boca frente al ajuste creciente en nuestra educación y han sido los grandes ausentes durante estos dos años, mientras la situación de los estudiantes y docentes empeoraba.

Con la pandemia, tanto las autoridades universitarias como el propio gobierno nacional profundizaron una orientación que continúa este camino en nuestras universidades.

Precarizaron aún más el trabajo de los docentes, quienes se tuvieron que hacer cargo ellos mismos de tareas administrativas, de garantizarse las herramientas necesarias para dictar las clases como es la computadora y la conexión a internet, de acomodar todos los materiales a la virtualidad y de trabajar el doble de horas en condiciones adversas como tener familiares a cargo.

La universidad pasó a ser a distancia, pero sin estar pensada para eso. Cínicamente Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias, plantea que “pudieron darle herramientas de la virtualidad a los estudiantes que no podían conectarse. Esta situación concluyó en un aumento de inscriptos y de graduados”. En realidad, la virtualización tuvo un doble movimiento contradictorio pero que deja al descubierto las contradicciones del modelo de universidad actual.

Por un lado, los límites del acceso a la universidad se mostraron en las altas cifras de deserción durante el 2020: en el conurbano los propios rectores reconocieron que la deserción fue del 60 %; en la UNR la deserción previa a la pandemia era del 20% y durante la pandemia creció a un 50%; en la UNJu según el decano de Ingeniería la deserción fue del 31 % en Agrarias, un 52 % en Económicas y un 34 % en Humanidades. Esto se debió a que muchos estudiantes quedaron por fuera al no contar con dispositivos ni acceso, y que ni el gobierno nacional ni las autoridades universitarias tomaron medidas al respecto, contrario a las declaraciones de Alpa. Esta situación se vio agravada por la crisis social que hizo que un sector de jóvenes tuviera que dejar de estudiar para trabajar.

Por otro lado, ante los cambios (forzados) que trajo la virtualidad también se produjo un aumento en las matrículas del año 2021 en varias universidades, y en un avance en la carrera de un sector de estudiantes. Esto se debe a que frente a los problemas con los que ya contaban los jóvenes para llevar adelante sus estudios (previo a la pandemia) la virtualidad apareció como una oportunidad para acomodar su tiempo fuera de los horarios de trabajo: quienes tienen familiares a cargo muchas veces cursan con ellos, y quienes empezaron a “ahorrarse” tiempos de viaje, costos de transporte o alquileres al poder cursar de forma remota desde su localidad o municipio. Estos “beneficios” que trajo la virtualidad a un sector de estudiantes son un síntoma de los problemas que existían previos a la pandemia. La universidad quiere mostrar a la virtualidad como una solución a estos problemas, lo que termina siendo una forma de buscar adaptarnos a la miseria de lo posible, adaptándonos a cursar a cualquier hora, con niños a cargo, básicamente haciendo malabares. Lo real es que pone en evidencia la falta de jardines materno/parentales para docentes, estudiantes y no docentes en las unidades educativas y la falta de becas integrales para el desarrollo de los estudios. Como ya mencionamos, esta política termina por individualizar en los docentes y estudiantes los problemas que en realidad se deben a un modelo de universidad excluyente en el marco de una sociedad sumida en una crisis cada vez más profunda

Lo que está por detrás y de lo que no quieren hablar es, por un lado, del ajuste por parte del gobierno y las autoridades universitarias a la educación superior, y los índices de deserción. Y por otro, de que las "oportunidades" fuera de la universidad son cada vez peores y que la gran mayoría de la juventud ni siquiera piensa la posibilidad de acceder.

Una vez más, un presupuesto de ajuste

Durante el 2021 el presupuesto a nuestra educación superior se ajustó un 13 %, y el presupuesto hacia 2022 es de un 5% de ajuste bajo un cálculo de una inflación irrisoria del 33%. Del presupuesto resulta una diferencia en la suma total de asignaciones en la cual 75 mil millones de pesos no tienen un destino claro. Se trata de un monto que será disputado por los distintos rectorados constituyendo una verdadera "caja negra" que arroja aún más oscuridad sobre la asignación de recursos.

En suma, en dos años se ajustará casi un 20 % del presupuesto. Sin embargo, este ahogamiento presupuestario data desde los últimos diez años, donde el poder de compra real del presupuesto universitario está entre 35 y 40 puntos por debajo del que había en el 2012. Los años 2018, 2019 y 2021 fueron los de mayor ajuste, al que se agrega ahora el que planifican ejecutar en el año 2022. Esto se vuelve directamente en una degradación de los salarios docentes y de las condiciones laborales y de estudio.

Hasta el propio gobierno reconoció en medio de la crisis política pos PASO, con la carta de Cristina Kirchner y los audios de la diputada Vallejos, lo que para todos los que vivimos día a día esta crisis ya era obvio: hay ajuste. Es que el FMI pide cómo condición para renegociar la deuda, ajuste en salud, educación y en el bolsillo de los trabajadores. Las prioridades son claras: hasta fin de año van a realizarse pagos por U$S 2.300 millones al FMI, y el 22 de septiembre ya se le pagó U$S 1.900 millones por un vencimiento de la deuda que tomó Macri y que el propio gobierno reconoció que no fue para beneficio de las mayorías trabajadoras sino para la fuga de capitales de las grandes empresas y para beneficiar a los acreedores externos. Este último pago equivale al 72 % del presupuesto universitario del 2021 ($264.896 millones). Es decir, casi un presupuesto entero se irá en uno solo de los pagos al Fondo. En diciembre habrá uno nuevo por el mismo monto.

Sin embargo, no sólo el gobierno nacional recorta el presupuesto, sino que también las autoridades universitarias quitaron con la excusa de la pandemia derechos históricos. Para dar un ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, el comedor que brindaba 7 mil viandas, pasó a repartir 2 mil. El albergue universitario fue cerrado con la excusa de los contagios, y se redujeron las becas que brinda la universidad. Hablando de becas, el gobierno nacional rechazó cientos de becas Progresar, poniendo requisitos incumplibles para los estudiantes, para quienes logramos acceder se dieron 3 mil pesos. ¿Quién vive hoy con esta plata? ¿Qué podemos pagar?

De conjunto, esta política apunta a profundizar el modelo actual donde aunque el ingreso es más masivo que en otras universidades de la región (aunque sigue limitado mayoritariamente a estudiantes provenientes de las clases medias) los que egresan con título son relativamente pocos, debido a la falta de condiciones materiales para poder proseguir sus estudios. Y quienes logran acceder a un título ven como este se desvaloriza en el mercado de trabajo debido a la generalización del requisito del posgrado arancelado para acceder a un empleo o a la actividad académica ¿En estas condiciones plantean que quieren implementar la bimodalidad?

Autoorganización y coordinación por nuestra educación frente al ajuste en curso

Más allá de la modalidad de cursada, defender la educación pública es pelear para que estemos todos dentro y también para que ingresen y permanezcan los que hoy ni pueden soñar con acceder a la educación superior. Peleamos por una universidad a la que puedan ingresar las y los hijos del pueblo trabajador. Para que no quede ni un solo estudiante afuera. Y para eso es que necesitamos un presupuesto acorde a nuestras necesidades, que solo puede financiarse dejando de pagar la deuda. Que permita tener becas integrales para todo aquel que lo necesite, para garantizar acceso a dispositivos y conectividad, con jardines materno/parentales en todas las unidades educativas, para comedores, albergues, por salarios y condiciones para docentes y no docentes, y por la plena implementación del boleto educativo gratuito.

Estas condiciones materiales excluyentes de la Universidad existen en una sociedad donde más de 5 de cada 10 pibes se encuentran bajo la línea de pobreza, sabemos que la universidad no es una burbuja. Año tras año condenan a los jóvenes a trabajos cada vez más precarios en los que tenemos que pedalear horas y horas, donde somos niñerxs o mozxs con salarios de miseria, sin cobertura social ni seguridad social, donde muchos otros se encuentran buscando trabajo haciendo filas interminables para tirar curriculum y para las empresas somos material descartable.

Por esto, también es que peleamos por la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana con un salario igual a la canasta básica familiar, como una medida que permitiría bajar la jornada laboral repartiendo las horas de trabajo con los miles de desocupados a la vez que ataca el problema de la precarización laboral.
Frente a la desintegración de la vida universitaria como tal, para hacer frente a estas problemáticas surge la importancia de retomar los canales de discusión cotidiana que contábamos previo a la pandemia y que el encuentro diario en la universidad permitía.

Los centros de estudiantes y las federaciones, conducidos nacionalmente en su mayoría por la Franja Morada (UCR) y las distintas variantes del peronismo, deberían ser herramientas para organizarnos tanto por nuestros derechos como estudiantes, como así también herramientas de lucha para todos aquellos jóvenes precarios y desocupados que pelean por trabajo, que estén al servicio de las demandas que tenemos por delante hoy como el medio ambiente y los derechos de las mujeres y disidencias. Con la pandemia quedó al descubierto su quietud y pasividad mientras que las autoridades y gobierno no perdían tiempo en ajustar nuestros derechos. En muchos casos no hubo reuniones de comisiones directivas de los centros de estudiantes ni asambleas durante todo el período de pandemia.

En la Universidad, desde la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, así como desde las Secretarías en los Centros de decenas de universidades nacionales y locales, peleamos por esta perspectiva y programa, y a la par de ello intentamos aportar a esto impulsando espacios de debate y organización estudiantil. Lo mismo hicimos en la UBA, la UNLP y otras universidades impulsando asambleas y encuentros virtuales.

En este nuevo escenario, se abre una hipótesis sobre la vuelta a la presencialidad hacia el año que viene, donde una presencialidad bajo estas condiciones de precarización puede llevar a un sector de docentes y del estudiantado a expresar cierto descontento, lucha y organización como lo hicieron los estudiantes del CBCque se movilizaron al rectorado de la UBA esta semana. Está planteado que se abran este tipo de conflictos frente a los cuales tendremos que intervenir fortaleciendo los reclamos desde una perspectiva que cuestione este ahogamiento presupuestario, como también al rol social de la Universidad.

Desde la Juventud del PTS, creemos que la vía para que los estudiantes sean un actor político en esta crisis es generar Comisiones, Secretarías, comités que de forma autoorganizada unan preocupaciones que presentan el conjunto de estos sectores. Desde donde imponer a las conducción de los centros y federaciones que impulsen asambleas, reuniones, espacios de debate y organización por las demandas de lxs estudiantes, lo que sin dudas tiene que incluir problemas fundamentales como el de las condiciones de informalidad laboral y desocupación. Por todo esto es que planteamos la necesidad de discutir con el conjunto de la comunidad educativa y unir la fuerza de todos aquellos que se quieran organizar frente a este ajuste en curso sobre nuestra educación, en la perspectiva de unirse con las luchas en curso y tomar las demandas de los otros sectores de la juventud precaria.

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Pensar una universidad no tal cual era sino la posibilidad de una universidad para las grandes mayorías que hoy quedan también por fuera de esta y que esté puesta al servicio de los problemas que vivimos día a día las y los trabajadores. Durante la pandemia se vio como siguieron proliferando los acuerdos entre la Universidad y las grandes empresas, cómo es el caso de Jujuy dónde la UNJu (nada más ni nada menos que la Universidad del rector que preside el CIN) tiene convenios con las multinacionales mineras que contaminan el ambiente, saquean los recursos y avasallan a los pueblos originarios; solo por dar un ejemplo. Nosotros queremos una Universidad dónde entren las grandes mayorías, para poner el conocimiento al servicio de la liberación de la clase trabajadora, al servicio de pelear una salida colectiva ante la crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿no podría la Universidad firmar convenios con las comunidades originarias y los mineros para hacer estudios de impacto ambiental y el desarrollo de nuevas tecnologías que minimicen las alteraciones sobre la naturaleza que implica la actividad minera?

Hoy pelear por este tipo de universidad, es pelear contra el modelo que quieren imponer bajo el mandato del FMI, de desfinanciamiento de la ciencia, atado a las necesidades del mercado y de un modelo neoextractivista. Por eso también nos tenemos que organizar frente al intento de pasar una nueva Ley de Educación Superior (LES) armada para imponer este modelo, y convertir nuestros conocimientos en un sistema de acreditación en función del mercado.

La juventud mostró que cuando está organizada tiene una fuerza imparable, como fue la marea verde que inundó el congreso, los colegios, los lugares de trabajo y las facultades. Retomando esta fuerza podemos luchar por nuestros derechos estudiantiles y con los docentes contra el desfinanciamiento de la ciencia y la educación. Pero también junto con la clase trabajadora luchar por trabajo, por vivienda, contra el ajuste que lleva a la pobreza a millones. Históricamente en momentos de crisis como el que estamos viviendo, el movimiento estudiantil ha jugado un rol como actor social junto a la clase trabajadora.

Esta es para nosotros y nosotras la pelea de fondo. En la unidad obrero estudiantil está la fuerza para pasar de la crítica de la universidad de clases a la crítica de la sociedad de clases, como idea y debate, como fuerza social para pelear por ello. La fuerza para cambiar de raíz este sistema que hoy a la juventud no le ofrece más que miseria, para pelear contra este ajuste bajo el régimen del FMI que cae también sobre nuestra educación.




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