Internacional

VOTO DE CONFIANZA EN EL CONGRESO

Aprueban en Perú un gabinete presidencial con fuerte peso militar

La aprobación por parte del Congreso de Perú del gabinete de Martín Vizcarra, presidido por el ex general Walter Martos, abre una importante discusión sobre el rol que vienen jugando las fuerzas armadas en el país.

Diana Solis

Directora de arte y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST"

Jueves 13 de agosto | 14:30

Walter Martos, ex general del Ejército peruano, será el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

El 6 de agosto el presidente de Perú, Martin Vizcarra, presentó a su nuevo gabinete conformado por 3 figuras provenientes de las fuerzas armadas, destacando entre ellos Walter Martos, ex general del ejército peruano, quien ahora asumiría como presidente del Consejo de Ministros. Ese gabinete fue aprobado finalmente este martes en el Congreso.

El ascenso de Martos en el ejecutivo ha sido meteórico. Recordemos que, en octubre del 2019, juramentaba como ministro de defensa, formando parte del gabinete de Vicente Zevallos. Hace una semana asumió la presidencia del consejo de ministros y el pasado martes 11 de agosto, por amplia mayoría (115 votos a favor), recibió el voto de confianza del pleno del congreso peruano, el mismo que hace un poco más de una semana atrás había rechazado al gabinete presidido por Pedro Cateriano.

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Martin Vizcarra y su relación con las fuerzas armadas y policiales

El 30 de septiembre del 2019, Martin Vizcarra disolvió el Congreso de la Republica. Ese mismo día el sector vinculado al fujimorismo juramento a Mercedes Araos como presidenta en funciones, sin embargo, la balanza se inclinó hacia Vizcarra cuando este recibió el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, quienes emitieron un pronunciamiento de respaldo al presidente lo cual termino por liquidar el anterior parlamento y asegurar que todo el poder político se concentre en la figura presidencial.

El 15 de marzo de este año, Vizcarra declaró el estado de emergencia por el avance de la COVID-19 en el país. Una de las primeras medidas que tomó el presidente fue militarizar todo el territorio peruano y declarar el estado de emergencia.

Esta medida fue complementada con la promulgación de la Ley N° 31012 (ley del gatillo fácil) que exime anticipadamente de responsabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Militarización y crisis del régimen democrático

Muchos países en América Latina están tomando el camino de la militarización. Un ejemplo es Bolivia y el golpe de estado a Evo Morales, donde las fuerzas armadas y policiales se negaron a seguir el mandato de Morales y decidieron apoyar a Jeanine Áñez.

Asimismo, en Chile y Ecuador la presencia de las fuerzas armadas no solo sirvió para reprimir a los manifestantes, sino que también estas respaldaron abiertamente las decisiones de los presidentes Piñera y Moreno, respectivamente.

De esta manera, la presencia militar en la gestión política, económica, social y de seguridad se hace cada vez más visible en estos últimos tiempos marcados por la proliferación de la pandemia. Claro indicador de la crisis de los regímenes democráticos que se vive en la región y del papel fundamental que juegan las fuerzas armadas como institución sostenedora del estado.

La figura del “militar salvador” y sus implicancias para el pueblo trabajador

Tanto en el Perú como en otros países de la región, existe una falsa idea sobre la incorruptibilidad de los militares. Se tiende a perdonar más los casos de corrupción en la esfera militar que en la esfera política, o se cree que los militares no son corruptos o son menos proclives a la corrupción. Y en estos tiempos de pandemia, se ha empezado a hacer creer que los militares son los más capacitados para encarar este problema, como bien lo expreso Daniel Urresti cuando en su intervención en el pleno del congreso señalaba que Walter Martos era “el hombre ideal” para enfrentar la proliferación del Covid-19 en el Perú.

Por esa razón, empieza a generarse un sentimiento a favor de los militares que se refleja en el alto índice de aprobación a la figura del militar como gestor de gobernabilidad o como autoridad de un país. En el Perú, por ejemplo, el 57% de encuestados apoyarían un golpe de estado militar ante un caso de corrupción.

No es raro entonces que este gobierno contenga un mayor número de militares dentro de sus carteras. Sumado a esto, no llama la atención tampoco que el Congreso haya aceptado el pedido de confianza del nuevo premier Walter Martos, quien en su última presentación ante el parlamento tuvo un discurso muy parecido al de cualquier otro político de derecha de los que están actualmente en el ejecutivo y el legislativo, sin embargo, su situación de ex militar parece haber pesado en quienes terminaron dándole su voto a favor.

Tener como cabeza de un gabinete a un militar normaliza la presencia de los militares fuera del cuartel, además, la tarea de militarizar la sociedad resulta útil para los intereses de los grandes empresarios y los grupos de poder económico, quienes de esa manera podrán apelar con mayor facilidad a la represión contra los reclamos de sus trabajadores y de los diversos sectores que cuestionen sus iniciativas y pongan en peligro sus ganancias, así mismo, este hecho favorece a una casta militar ansiosa de recuperar incidencia en el poder político.

Sin embargo, esto es muy perjudicial para los intereses del pueblo trabajador, en un contexto donde la conflictividad social se acrecienta a raíz de la profunda crisis potenciada por la propagación del Covid-19, como quedo claro esta última semana cuando en Loreto se desató un enfrentamiento entre la comunidad indígena Kukama y la policía, que ha dejado 3 fallecidos y 10 personas heridas, de las cuales 4 se encuentran en estado crítico. A este conflicto se suman otros como el que se vivió hace poco en Espinar-Cusco que dejo muchos campesinos heridos de bala, o las agresiones que sufren todos los días los trabajadores ambulantes, las trabajadoras de limpieza, entre otros sectores golpeados por la profunda crisis estructural y el desempleo.

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