Política

PUEBLOS ORIGINARIOS

Amenaza de desalojo en un territorio de la comunidad diaguita de Tucumán

Denuncia que el Poder Judicial expidió una orden desalojo para favorecer a una ex delegada comunal ligada a terratenientes.

Maximiliano Olivera

@maxiolivera77

Miércoles 21 de octubre | 00:00

La comunidad diaguita de Chasquivil difundió a través de un comunicado que el lunes recibieron una orden de desalojo que, afirman, va en contra de la “ley 26.160 que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas en todo el territorio argentino”. La resolución fue emitida por Juan Carlos Terán, del Juzgado de Paz de Chasquivil, y Leticia Mamaní, del Juzgado de Paz de Choromoro.

“El Poder Judicial de Tucumán expidió una orden de desalojo por amparo a la libre tenencia, a favor de la familia Chiarello, quienes mantienen conflictos con otras comunidades, entre ellas la Comunidad de Chuschagasta. La familia denunciante detenta cargos de Delegado Comunal hace varios años, amedrentando de manera permanente a familias y autoridades indígenas, a las que debería proteger en atención a la función pública”, afirma la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Tucumán en un comunicado.

Silvia Chiarello, oficialista y ex delegada comunal de Anca Juli (comuna a 60 kilómetros de la capital), junto a su hermano Dante fueron denunciados en 2005 por amenazas y extorsión a los pobladores de la comunidad Chuschagasta. El conflicto de fondo era avanzar sobre el territorio de esa comunidad por una cantera de laja que empresarios querían explotar. Darío Amín, uno de los empresarios interesados, encabezó en 2009 el ataque contra la comunidad que terminó con el asesinato de Javier Chocobar.

Un modus operandi en la Justicia

“Lejos de ser un caso aislado, se trata de un ‘modus operandi’ del Poder Judicial de Tucumán en complicidad con las clases oligarcas, quienes criminalizan los derechos indígenas en la persona de sus autoridades tradicionales. Podemos mencionar al respecto, solamente durante el corriente año, el Caso Chuschagasta, Indio Colalao, Tolombón, todos ellos en pleno contexto de pandemia. Al respecto, señalamos que la Justicia tucumana no tiene ningún área destinada al acceso de la justicia de Pueblos Indígenas, por lo tanto las causas toman como imputadas a personas individuales y ocultan que se trata de sujetos colectivos”, continúa el comunicado.

En una nota publicada por el portal Mallki Postales se señala que el amparo a la simple tenencia “es una medida civil con intervención de la fuerza pública creada en esta provincia a comienzos de la dictadura cívico-militar de 1976 que, para vergüenza de la Justicia tucumana, aún rige en algunos departamentos (no en todo el territorio provincial)” y es una herramienta que “ha sido sistemáticamente utilizado desde entonces por terratenientes y usurpadores amigos del poder político para desposeer, desalojar y atropellar derechos de familias, comunidades campesinas y pueblos originarios”

En la nota mencionada se da cuenta de una serie de desalojos ordenados por la jueza de paz Mamaní en la zona de Raco, en octubre de 2019. Uno de ellos para favorecer a la familia Huici Estrebou, heredera del abogado del genocida y ex gobernador Domingo Bussi en la causa por sus cuentas en Suiza.

La jueza de paz Leticia Mamaní encabezando un operativo de desalojo en Raco, en octubre de 2019. Foto: Mallki Postales

Además, durante este año la Justicia dejó en libertad a los asesinos de Chocobar, al no tener sentencia firme. Mientras en Indio Colalao la comunidad sufrió un ataque brutal por parte de una patota ligada a empresarios y los agresores fueron liberados.

“Sin voluntad política del gobierno nacional”

Desde el pueblo diaguita remarcan que todas las comunidades de Tucumán cuentan con relevamientos territoriales finalizados hace varios años aunque “sin voluntad política del gobierno nacional de avanzar en la regulación de la propiedad comunitaria indígena, la cual existe de hecho y por lo tanto debe ser reconocida”. Señalan también que en febrero el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de pueblos indígenas.

Para finalizar definieron a la orden de desalojo como “un pequeño ‘golpe de gracia’”. “Los tres poderes del Estado provincial concurren en la situación de exclusión y aislamiento de las comunidades de alta montaña, negando sistemáticamente el acceso a la salud, a la educación, a la conectividad, propiciando el desplazamiento forzoso de sus habitantes ancestrales”, afirman.







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