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Red Internacional

En el marco de la avanzada represiva de Gerardo Morales contra las organizaciones sociales, se allanó como parte del operativo la casa de una edil de la localidad de Calilegua del departamento Ledesma.

Viernes 8 de julio | 11:00

En declaraciones a los medios la concejal Fanny Martínez del Frente Unidad para la Victoria, denunció el operativo que llevó adelante la policía junto a la fiscal Moreno.

"Entraron a las 6 de la manana a mi casa, destrozaron todo. Yo no estaba, pero asustaron a mis hijos, no mostraron una orden de allanamiento ni fueron en el horario establecido en la orden. Rompieron todo, buscaban papeles de la organización, pendrive, computadora..." declaró a medios locales.

"Dijeron que la orden vino de la provincia. Pero yo tengo fueros, no pueden entrar así a mi casa. Soy funcionaria. Ellos deberían haber pasado primero por el concejo deliberante para iniciar cualquier proceso." agregó la funcionaria en referencia a las irregularidades del operativo que se llevó adelante.

También resaltó que además de la marcha que se realizó el día de ayer están viendo qué medidas legales tomar al respecto.

Este procedimento muestra la saña del gobierno provincial con las organizaciones sociales y los sectores que luchan contra la crisis creciente visibilizando el 60% de pobreza en la provincia y los altísimos números de trabajo informal y precario.

El Gobierno muestra una vez más que ni siquiera respeta los fueros de legisladores. Ya lo vimos con la represión en la Legislatura en el 2021 a la diputada de izquierda Natalia Morales, la golpiza a ella junto al concejal Guillermo Alemán en el marco del conflicto con vecinos del barrio Campo Verde, o en 2018 cuando detuvieron a un abogado y la concejal Andrea Gutiérrez junto a estudiantes de los CEIJA.

Esta avanzada represiva es alentada desde el centro del poder político nacional, no es casualidad que se de días después de que la propia vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionara abiertamente a las organizaciones sociales y de desocupados.

Recordemos que la situación de la provincia no fue aislada, en CABA también se allanó un local de la CCC entre otros ataques. Por eso es necesario que respuestas cómo la contundente marcha que se realizó en la provincia (con más de 5000 personas en las calles), continúen y se hagan aún más fuertes. Las patronales, los grandes medios de comunicación y los empresarios quieren impedir que se desarrolle la movilización activa y masiva frente al ajuste en curso, un ajuste que quieren profundizar para sostener la dependencia del país al FMI.

Es urgente imponer un paro provincial y un plan de lucha que, además de rechazar la criminalización de la protesta social, sirva para apoyar las luchas en curso y empezar a plantear una salida a la crisis a favor de las grandes mayorías.




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