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Red Internacional

Se conoció un estudio que elaboró la UBA, siguiendo la letra chica del acuerdo del Gobierno con el FMI, que advierte sobre un "déficit" en los regímenes de docentes, docentes universitarios, científicos y técnicos, entre otros. Primeras bases para realizar reformas más estructurales contra las conquistas de jubiladas y jubilados.

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Jueves 5 de enero | 20:15
Foto: Telam.

No contentos con dejar caer la moratoria previsional que impedirá que 9 de cada 10 mujeres puedan acceder a una jubilación, el Gobierno se predispone a continuar con la hoja de ruta de la reforma previsional trazada en el acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

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De acuerdo a Clarin, se conocieron los resultados de un informe que solicitó el Ministerio de Trabajo a la Universidad de Buenos Aires para estimar el resultado financiero de los próximos años de regímenes especiales de jubilación como docentes, docentes universitarios, Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos y técnicos, Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación.

Según los datos publicados, el análisis se realiza para todos los "regímenes especiales" por igual, sin distinguir entre las jubilaciones de privilegio que obtienen jueces y diplomáticos, del derecho al 82% móvil obtenido por colectivos de trabajadores como docentes, docentes universitarios, científicos, luz y fuerza y del yacimiento carbonífero de Rio Turbio.

Se trata de un informe realizado en diciembre por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a pedido de la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. En una de las auditorias del FMI a la Argentina, el comunicado del organismo ya adelantaba que "El Ministerio de trabajo en colaboración con la Universidad de Buenos Aires está finalizando un estudio (finales de diciembre de 2022) para facilitar la determinación de opciones para fortalecer la equidad y sostenibilidad del sistema, incluyendo una reducción de la fragmentación".

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Así, de acuerdo a Clarin, el informe concluye que en conjunto los regímenes especiales tendrán un déficit proyectado de $ 162.000 millones en 2023, y se incrementará año a año hasta alcanzar los $ 688.000 millones en 2055.

Sin embargo, "para los cálculos se utilizaron dos fórmulas sin considerar los ingresos tributarios con los que hoy se financian tanto los regímenes especiales como el régimen general. Uno de ellas estima las necesidades financieras a partir de los ingresos por aportes y los pagos por beneficios (jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento) para cada régimen, incluyendo la población pasiva actual y proyectada".

Los regímenes especiales son jubilaciones que dependen de la Anses pero han mantenido conquistas de trabajadores como el 82% móvil en algunos casos o menores requisitos de edad y años de servicios para jubilarse. Así también, para financiarlos se incluyen aportes adicionales, que van del 2 al 7 %.

Tanto el Gobierno como el FMI aducen que sólo se trata de "analizar" los regímenes. ¿Pero cuál es el sentido de proyectar su balance? ¿Por qué hacerlo con independencia del régimen general, en el que gran parte de los recursos deben financiarse con ingresos tributarios del Estado debido a las sucesivas rebajas de contribuciones patronales que les dan como concesiones a los empresarios?

La reforma previsional está en curso. Se ha incorporado una Pensión Universal para el Adulto Mayor que eleva la edad jubilatoria de mujeres a 65 años, se han eliminado las moratorias, se han modificado más de dos veces la fórmula de movilidad previsional, entre tantos cambios y ajustes sobre los jubilados del sistema nacional y los provinciales que se realizaron en los últimos años. Es necesario parar el ajuste.


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