×
×
Red Internacional

Entrevista. Alejandro Jasinski: “El fallo de Napalpí es un logro de la comunidad indígena afectada”

En esta entrevista, el historiador, que fue citado a declarar como testigo, reflexiona sobre el reciente juicio, sus consecuencias, las masacres a los pueblos originarios y el rol del estado.

Gloria PagésHermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Martes 6 de septiembre | 21:10

A mediados de mayo finalizó el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, considerado un juicio histórico. La justicia federal de Resistencia, Chaco, dictó una sentencia en la que considera a esta masacre como un crimen de lesa humanidad. Estableció también “la responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”. A pesar de no haberse producido condenas -los responsables materiales y políticos fallecieron-, y no haberse producido al momento cambios en lo que respecta al cumplimiento de la ley 26.160, constituye un claro reconocimiento a las comunidades indígenas y su lucha, que expuso ante los ojos de miles de personas lo que ocurrió en Napalpí hace casi cien años.

La repercusión del Juicio fue inmediata. Unos meses después, en agosto, se presentó ante los Tribunales Federales de Comodoro Py Ivana Noemí Huenelaf, mujer mapuche-tehuelche, para denunciar el genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la llamada "Campaña del Desierto”, ocurrida entre 1878-1890. Huenelaf junto a su abogado reclamaron al Poder Judicial que “se inicie un Juicio por la Verdad a los fines que se investigue la comisión de hechos atroces que encuadran dentro de la figura de genocidio: torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas y abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores.”

En esta oportunidad, para seguir reflejando y denunciando las masacres a los pueblos originarios, conversamos con el historiador Alejandro Jasinski, quien declaró como testigo en el Juicio de Napalpí. Jasinski es investigador e integra la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos (ex Programa Verdad y Justicia), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Participó en la coordinación y elaboración del informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado" y es autor del libro "Revuelta obrera y masacre en La Forestal: sindicalización y violencia empresarial en tiempos de Yrigoyen".

LID: Brevemente, ¿qué fue la Masacre de Napalpí? ¿Cómo se inserta en el proceso histórico de genocidio contra los pueblos indígenas? ¿Y en el ciclo represivo estatal contra los trabajadores en esa etapa de la historia nacional?

AJ: La que conocemos como Masacre de Napalpí, que ocurrió en el sur del entonces territorio nacional del Chaco (hoy provincia), en julio de 1924, es una de las más horrendas represiones que se vivieron en nuestro país. Alrededor de 500 personas qom, moqoit y criollos también, varones, mujeres, niños y niñas y ancianos y ancianas, fueron masacrados por fuerzas estatales y por civiles, sus cuerpos mutilados, quemados y enterrados en fosas comunes o dejados a la intemperie. Muchos sobrevivientes fueron perseguidos y algunos ultimados o murieron por las heridas o el hambre. En su mayoría, eran comunidades indígenas concentradas por el estado en una Reducción de Indios, y que protestaban por las condiciones de vida y de trabajo a las que estaban sometidos. Para que se entienda, estar reducidos significaba que el estado, con la fuerza del estado, en particular del ejército y de las formaciones de gendarmería y policías del territorio, los había vencido militarmente y les había prohibido reproducirse como lo hacían tradicionalmente y ocupado sus tierras, de manera que acosados por el hambre y las enfermedades, se entregaban o eran entregados a las nuevas instituciones creadas por el estado. La política de reducciones comenzó oficialmente en 1911, como resultado de una de las últimas y más importantes campañas militares al Chaco, y se diferenciaba de la antigua práctica de misiones religiosas y de los intentos de crear colonias agrícolas militares con indígenas, porque tenía control civil, ya que era dirigida desde el Ministerio del Interior. Esta política duró medio siglo.

Esta masacre debe leerse en dos claves. Por un lado, específicamente en lo que hace a las poblaciones indígenas del país, se inserta en una discusión de mediano plazo, en ese cambio de siglo, existente entre las clases dominantes sobre qué hacer con ellas, en el contexto de consolidación de la nación homogénea, blanca y católica. Una opción que se practicó fue el exterminio, como se vio en el sur, que no fue total, por cierto, pero existió como política. Una alternativa era la "integración", que era una fagocitación en realidad, no una inclusión que respetara sus tradiciones y cultura. Y eso se hizo a través de las reducciones y por medio de una violencia extrema. A muy grandes rasgos, este es el trazado del genocidio indígena, que es un camino en el cual, periódicamente, encontramos grandes represiones y masacres, como la de Napalpí. Pero también estuvo la primera de Napalpí, en 1883, la de San Antonio de Obligado en 1887, la de San Javier en 1904, la de Rincón Bomba en 1947, y eso sólo por mencionar unas pocas que ocurrieron en el gran Chaco.

La segunda clave tiene que ver con la coyuntura. Napalpí es un eslabón, quizás el último, de una extendida cadena de represiones ilegales y masacres que tienen lugar en distintas partes del país en aquel contexto, donde el eje es el conflicto entre el capital y el trabajo. Entre 1917 y 1924, tenemos las represiones en las huelgas ferroviarias de 1917 y 1918, las masacres de los talleres Vasena en Buenos Aires en 1919, las de La Forestal en 1920/1921, los fusilamientos en La Patagonia en 1921/1922, la represión del puerto en Buenos Aires en 1921, en Jacinto Aráuz en 1921, la represión en Las Palmas en 1922 hasta 1924, los hechos de Misiones, entre otros. Era, como advertían las organizaciones obreras de aquella época, la reacción brutal de la burguesía contra todo el poder y terreno que habían sabido conquistar las clases trabajadoras del país, en términos derechos y de lucha política. Es la época de la apertura democrática, del yrigoyenismo y de la Revolución Rusa.

LID: ¿Qué elementos estructurales sociales, económicos, culturales exponen hechos como la Masacre de Napalpí?

AJ: Lo primero que el hecho expone es el racismo y lo segundo, absolutamente entrelazado con lo primero, es el avance de la frontera agropecuaria sobre territorios no conquistados o recientemente conquistados por el estado de acuerdo a las demandas y lógicas que impulsa el mercado mundial. Para que se entienda, las clases dominantes decidieron en el último tramo del siglo XIX avanzar militarmente sobre tierras que llamaban indómitas, al sur y al norte, para ser distribuidas en propiedad privada entre nuevos y viejos propietarios, que no eran precisamente las comunidades indígenas, para producir bienes que demandaba Europa, especialmente Gran Bretaña, como la lana, el tanino o el algodón.

Los indígenas eran pensados como niños menores, incapaces, y fue un argumento clave para no darles a ellos tierra en propiedad. En Chaco, las poblaciones fueron proletarizadas y se les crearon nuevas necesidades, interrumpiendo sus prácticas y costumbres de vida y reproducción, de manera que fueron llevadas a la necesidad, cuando no obligadas directamente, es decir, forzadas, a entregar su fuerza de trabajo a las producciones del monte y agrícolas. Los derechos que supuestamente debían proteger a todas y todos los ciudadanos no aplicaban con estas poblaciones. Y los contratos se violaban sistemáticamente, como lo reconoció Juan Bialét Masé en su informe oficial de 1904. Podía existir incluso un registro formal de paga en cualquier obraje, establecimiento agrícola e incluso en las Reducciones, pero difícilmente veían en los hechos la moneda nacional. Sobre ellos y también sobre los trabajadores criollos, en estos ámbitos rurales y forestales, pesaba el sistema de deudas por consumo, que fijaban al trabajador a un patrón contra su voluntad. Esta es a grandes rasgos la matriz racializada y opresiva que ofreció las condiciones para que, ante un descontento y protesta como la de Napalpí, ocurriera una masacre. Esta, por otro lado, es la lógica con que se expandió el capitalismo a distintas partes del mundo de fines de siglo XIX, por eso encontramos situaciones similares en países como Canadá, Australia, Estados Unidos, países de África como Namibia, entre otros.

LID: Declaraste en el reciente Juicio por la Masacre, y en tu testimonio te referís a la “República negadora” y a las condiciones que posibilitaron luego el ocultamiento de la masacre. ¿Podrías contarnos qué significa y cuáles son esas condiciones?

AJ: Lo que ocurrió en Napalpí con la ejecución de la masacre y en los momentos posteriores tiene muchas similitudes con lo ocurrido en las otras masacres que ya mencioné. Digo “República Negadora” como metáfora del proceso político que hizo todo lo posible para que la masacre no saliera a la luz y cuando ello no fue posible, para presentar los hechos de manera tergiversada. Y no hablamos de una configuración mental de los actores de hace cien años que no podían entender lo que sucedía o que no podían representarse el exterminio como política, ¿verdad? O que no comprendían los actos ilegales o inhumanos, o que desconocían el derecho y los compromisos internacionales en esta materia, que los había, etc. Era una deliberada intención de minimizar, justificar y evitar una investigación oficial que tuviera efectos públicos y negativos sobre el gobierno nacional, en aquel caso del radicalismo de Marcelo de Alvear. Para ello, se combinaron fuerzas en los tres poderes del estado: la justicia, el Congreso y el Poder Ejecutivo, siempre con el objetivo de silenciar, de producir olvido, que es lo que finalmente se rompió en este tiempo, tantos años después.

LID: En algunos aspectos recordaba el accionar estatal en casos como el de Santiago Maldonado o el de Nahuel. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

AJ: En algunos aspectos puede ser, pero evitaría hacer comparaciones con los hechos de Napalpí y los casos que mencionás. Claro, el racismo sigue siendo un nervio muy vivo en nuestra sociedad. Y las injusticias en relación al acceso a la tierra y a la producción -que no afectan sólo a la población indígena- son cada vez más notables y preocupantes, pese a los importantes esfuerzos en el último tiempo en relación a los relevamientos territoriales, para evitar desalojos y a distintas políticas para la agricultura familiar, campesina e indígena. Nota aparte, en este tema, es común la criminalización del descontento y la protesta social y el accionar represivo que desborda las prescripciones legales, pero que son muy funcionales a ciertos actores del poder económico y político.

LID: Situados en el presente, ¿cuál es la importancia del fallo que reconoció a la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad?

AJ: El fallo es importantísimo en muchos sentidos. Primero porque es un logro de los pueblos indígenas y la presencia en Resistencia de representantes de más de treinta pueblos originarios del país el día de inicio del juicio habla mucho de ello. Segundo, y más importante aún, porque es un logro de la propia comunidad afectada. Aquí, la tarea de jóvenes historiadores indígenas, como Juan Chico, son fundamentales, para que las memorias tanto tiempo subterráneas se conviertan en memorias fuertes, hasta el punto de construir no sólo una verdad histórica, sino jurídica, lo que le da mucha más fuerza a la hora de construir una conciencia histórica pública. En tercer lugar, porque involucra políticas públicas en relación al reconocimiento del genocidio y en términos de reparación. El fallo fue simbólico en muchos aspectos, pero reconoció temas muy importantes, mencionó el problema de la tierra, condenó al estado por reducir a la servidumbre a las poblaciones indígenas, por ejemplo, y se refirió a la masacre en el "marco de un genocidio". Ahora hay que cumplir con la sentencia, las secretarías de derechos humanos de la Nación y del Chaco, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y la Fundación Napalpí tienen la tarea de consolidar el proceso, junto con la unidad de derechos humanos de la fiscalía federal de Resistencia , que tuvo un rol positivo imprescindible en este juicio.

LID: ¿Querés agregar algo más?

AJ: Sólo reforzar el concepto de que la "modernidad" y la "civilización" en nuestro país, en las diferentes etapas históricas en que ha sido evocada como necesaria e inevitable, vinieron acompañadas de feroces represiones, masacres, genocidios, violando incluso las libertades y derechos liberales establecidos en la propia Constitución de 1853 y otras leyes vitales posteriores. Hoy podemos demandar y construir una revisión de nuestra historia de largo plazo, respetando los saberes y reglas de la historia y otras ciencias sociales y pensando desde los estándares del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Te puede interesar: Masacre de Napalpí




Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias