Política

RÉGIMEN PENAL JUVENIL

Alejandrina Barry: "El Gobierno tiene un plan de guerra contra la juventud"

Se realizó la tercer audiencia de debate del proyecto de Régimen Penal Juvenil. Alejandrina Barry (PTS/FIT), hija de desaparecidos y directora de la Comisión de Violencia Institucional, que preside la diputada porteña Myriam Bregman, expuso sobre el tema en la jornada de la tarde.

Martes 23 de abril | 16:29

Este martes, en una nueva audiencia convocada para debatir sobre el proyecto de Régimen Penal Juvenil, especialistas y personalidades hablaron del texto enviado por el Poder Ejecutivo, con el objeto de bajar la edad de punibilidad.

Más de 50 oradores, entre jueces, fiscales, abogados, representantes de distintas ONG y de organismos de derechos humanos, hablaron en esta tercera audiencia presidida por la diputada jujeña Gabriela Burgos (UCR-PRO).

Alejandrina Barry fue una de las expositoras de esta audiencia. La referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) acercó la lectura del organismo y sostuvo que "con este proyecto hay una operación orquestada desde el propio aparato del Estado para construir un enemigo, contra los pibes". "Es un plan de guerra contra la juventud", afirmó.

Intervención completa

Soy Alejandrina Barry, miembro del CeProDH, Directora de la Comisión contra la violencia institucional que preside Myriam Bregman y militante del PTS. Desde hace muchos años soy operadora social en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires.

Soy hija de desaparecidos durante la última dictadura genocida. A mis padres los asesinaron, y a mí me utilizaron para legitimar los crímenes de la dictadura genocida a través de revistas de tirada masiva, donde publicaban mentiras para justificar el asesinato de mis viejos y los crímenes de la dictadura. Fue la construcción del enemigo desde el aparato del Estado.

Y más allá de que las situaciones son distintas, mi historia personal me hace sentir obligada a enfrentar estas nuevas campañas mediáticas y punitivistas, porque con este proyecto hay también una operación orquestada desde el propio aparato del estado para construir un enemigo, los pibes a los que no les dan voz para defenderse.

Este nuevo régimen penal juvenil busca reformar el vigente, que fue sancionado durante la dictadura genocida. Hay acuerdo casi unánime en que ese régimen es nefasto y que el proyecto actual agrava las cosas, porque, por ejemplo, establece que un joven puede sufrir hasta 2 años de prisión preventiva.

Por eso este proyecto podemos sintetizarlo como un plan de guerra contra la juventud, porque lo único que propone es mayor persecución y encierro.

Cifras que dan cuenta de la situación de pobreza hay muchas, cifras que dan cuenta de la represión del estado contra la juventud también, van de la mano, pero detrás de esas cifras hay historias de vida muy fuertes.

Ustedes en el proyecto hablan de que van a capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de derechos y garantías juveniles. Otra muestra de cinismo.

Voy a nombrar a un niño: Facundo Ferreira. Vivía en Tucumán y lo asesinó la policía sin justificación. ¿Y que hicieron Bullrich y el gobierno? Con su doctrina Chocobar, montaron operativos de prensa diciendo que el niño tenía una pistola y que la policía disparó para defenderse. Tenía 11 años. ¡Once! Meses después, se probó que era todo mentira: el niño estaba desarmado. Pero el daño ya estaba hecho.

A ese niño nadie le devuelve la vida y el gobierno ya había logrado su cometido: justificar que, ante la duda, la policía tiene que disparar a matar.

Son miles de casos dolorosos, pero quiero relatar dos casos puntuales de donde yo trabajo.

El caso de Kevin lo conocen, vieron esa foto con esa cara y sonrisa hermosa. Vivía en Villa Zaballeta y un sábado de septiembre del año 2013, Gendarmería y Prefectura decidieron liberar la zona para que se enfrentaran dos bandas narcos.

En media de una lluvia de balas, Kevin fue asesinado. Tenía 9 años. Recién este año, 6 años después, comenzó el juicio contra los responsables de liberar la zona. Al Prefecto que estaba de guardia aquel día le dictaron pena en suspenso y lo condenaron a pagar 12.500 pesos. Eso es lo que vale la vida de un nene de 9 años. Esos son los jueces que van a actuar contra los menores.

En el 2016, en la Villa 21-14 ocurrió otro hecho terrible. Iván y Ezequiel fueron detenidos sin justificación, los esposaron y los trasladaron a un destacamento de Prefectura. A Ezequiel lo golpearon y amenazaron en un baño químico. A Iván lo amenazaron y golpearon en uno de los móviles. Los trasladaron a un descampado frente al Riachuelo. Les siguieron pegando. Les ordenaron arrojarse a las aguas. Los sometieron a simulacros de fusilamiento. Les robaron. Los hicieron correr bajo la amenaza de que el más lento sería asesinado.

Los responsables fueron condenados en septiembre de 2018. ¿Pero cuántos de estos hechos llegan a juicio? Realmente pocos. Porque la mayoría de los jóvenes que viven estas situaciones cotidianas tienen miedo de denunciar. Porque saben que al hacerlo quedan expuestos a que se aumenten aún más los abusos contra ellos y sus familias.

El proyecto también plantea que les garantizará a los jóvenes derecho a la salud, a la educación, a la recreación y a una especie de vivienda digna en los nuevos “Centros Especializados de Detención” de los que habla el proyecto.

Esos mismos derechos se los niegan todos los días a la juventud y ahora nos dicen: “pero ojo, si cometen delitos y terminan presos los jóvenes por fin van a tener esos derechos que nunca tuvieron”.

Es perverso, porque no plantean ni una sola medida para resolver los problemas básicos de los jóvenes. Solo se proponen discutir un proyecto que busca criminalizar a la juventud y encerrar a los más pobres.

¿Ustedes saben como viven miles de pibes y pibas en el país? En los barrios más humildes, y esto lo veo todos los días como operadora social en la Villa 21-24, existen miles de viviendas precarias en barrios que se inundan, donde no hay cloacas, no hay asfalto, el tendido eléctrico es precario, no hay hospitales. Y a todo esto, el gobierno se niega a cumplir con la urbanización de los barrios, muchas veces incumpliendo sentencias judiciales.

Gilda Olmedo Cañetes, la mamá de una nena de donde trabajo, murió durante un temporal que inundó el pasillo de su casa. Mientras sacaba el agua recibió una descarga. Era madre de siete hijos. “A Gilda la mataron silenciada, sacando agua del pasillo inundado, con el foco amarillo apuntando para otro lado, aunque quieran culpar a un cable, inimputable” dijeron sus compañeros y compañeras del barrio, porque el gobierno no se hace cargo ni de esas vidas ni de afrontar la urbanización de los barrios. Esto viven cotidianamente los pibes.

Por eso, para entender la finalidad de este proyecto, no se puede discutirlo por fuera del contexto que estamos viviendo.

La mitad de los niños y niñas en nuestro país son pobres. Es una cifra alarmante y, como les decía, detrás de ellas hay historias de vida.

Leía lo que publicaba Unicef, de cómo viven los pibes la crisis social. Quiero mencionar los relatos de esos mismos chicos y chicas que publicó Unicef y que conozco también personalmente.

En su informe realizado en talleres grupales, Unicef explica cómo miles de niñas y niños comen sólo una vez al día, al mediodía, en algún comedor escolar o comunitario. Por la noche, únicamente un té o mate cocido. Muchos contaron que cenan lo que sus padres encuentran en la basura.

Las voces de esos mismo chicos y chicas cuentan con mucha angustia cómo viven esta crisis. “Pobreza es una casa de chapas, palos o cartón", dijo un adolescente durante un taller grupal. "Enfermarme y no poder comprar los remedios” respondió otra adolescente.

“¿Qué es la crisis?” preguntaba Unicef y la respuesta de un chico de 10 años fue demoledora: "Para mi es dejar de jugar" dijo el niño.

Por qué no pueden jugar los pibes y pibas, porque vienen con dolor de cabeza, porque tienen hambre, porque no comieron la noche anterior, porque en vez de estar jugando tienen que salir a pedir. En la Ciudad de Buenos Aires, hay cada vez más pibes y pibas que duermen en la calle en la ciudad más rica de Latinoamérica.

Muchos pibes con los que trabajo, acompañaban a sus mamás temprano a la mañana antes de ir al colegio para vender café y torta fritas. Con lo que ganan les alcanza con suerte para vivir un día. Pero a los vendedores ambulantes el gobierno les declaró la guerra. Los acusan de ser “mafias” y les quitan su única fuente de ingreso. Ustedes saben perfectamente que los que viven en las villas no pueden poner la dirección de sus casas, porque si las empresas se enteran que son de la Villa no los toman. Y esa violencia la ven ellos.

También hay muchos pibes jóvenes, muchas veces niños y niñas, que salen ellos mismos a vender paltas, artículos de librería o golosinas. Se los ve todos los días en la calle. A estos pibes y pibas también les declararon la guerra, porque los agarran la Policía de la Ciudad, les roban la mercadería, les pegan y se los llevan presos.

Dentro los adolescentes aumentaron los casos de chicos que salen a trabajar fuera de la casa o que incluso deben dejar el colegio para cuidar a sus hermanos o a sus propios hijos.

La semana pasada tuvimos que lamentar la muerte de un pibe de Rapi en un accidente durante su jornada de trabajo.

Nuestros abuelos y niños están pasando hambre. Y Lagarde, desde el FMI, ordena que se profundice el ajuste, todos aceptan y esto significa quitarles todavía más derechos a nuestros jóvenes.

Y esta es la verdadera inseguridad: la que viven millones de pibas y pibes todos los días producto de la desidia del gobierno. Y es esta la situación que se agravó en los últimos meses y que se seguirá profundizando, si se sigue ajustando para pagarle al FMI.

Por eso hay que cambiar la agenda, porque hay millones de niños y niñas en nuestro país que pasan hambre y se les roba el futuro. Quieren liquidar a una generación.

Por eso desde la Comisión contra la Violencia Institucional y desde mi partido, el PTS en el Frente de Izquierda, no queremos discutir ¡Ni penas ni condenas!

Porque mientras discutimos esto, reducen a los jóvenes a simples delincuentes, sin problematizar en las condiciones estructurales de sus vidas y sin denunciar a los responsables de generar tales condiciones.

Junto a los diputados del PTS Myriam Bregman y Nicolás del Caño tenemos propuestas concretas para terminar con la verdadera inseguridad, que es la vulnerabilidad social y la falta de futuro que afecta a miles de jóvenes.

Es necesario discutir en forma urgente un programa de emergencia para la juventud. Construir viviendas dignas; urbanizar todos las villas y barrios populares; construir centros recreativos en los barrios populares; garantizar becas de estudio y boleto estudiantil; aumentar el presupuesto para la educación pública y asegurar vacantes en todas las escuelas del país; terminar con el trabajo precario y la desocupación; garantizar el pase a planta permanente. Repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con un salario mínimo igual a la canasta familiar.

Para imponer este programa hay una sola salida posible: dejar de pagarle al FMI y que los millones de dólares cotidianos que hoy van a la deuda externa se destinen a las necesidades de las grandes mayorías, particularmente a nuestros niños y nuestros jóvenes.

Para pelear por nuestros jóvenes tenemos que derrotar este plan, porque quieren liquidar a una generación y no lo podemos permitir.

En el artículo 39 de este proyecto hablan de la reparación del daño causado por el niño. Yo pregunto acá, ¿qué previeron ustedes? ¿Qué penas, qué sanciones, qué costos van a tener ustedes por hacerles pasar estos sufrimientos a nuestros pibes y por robarles su futuro?

Para ustedes los jóvenes son costos y por ende, objetos de represión. Para nosotros lo contrario. Son por quienes trabajamos y militamos todos los días para que tengan un futuro y una vida digna de ser vivida, por eso apoyamos la organización de los jóvenes trabajadores, de los secundarios, de los jóvenes de los barrios para enfrentar esto y cambiar totalmente esta historia a la que los quieren condenar.

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