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¿Agua como derecho o como negocio? Racionamiento en tiempos de pandemia

Esta semana el plan de racionamiento de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Alcantarillado (AyA) establece nuevas interrupciones del servicio en concentraciones urbanas durante hasta 14 horas, a pesar de la crisis sanitaria producto del COVID-19.

Daniel Díaz Moya

Organización Socialista

Lunes 30 de marzo | 15:58

El viernes 27 de marzo, en un comunicado oficial del AyA, se anunció el programa de racionamiento del recurso hídrico de la semana del 30 de marzo al 5 de abril. El racionamiento del agua, sumado al incumplimiento de horarios de los recortes por parte del AyA, ha impactado a comunidades populares del Gran Área Metropolitana (GAM), como señalaron vecinos y vecinas de la comunidad de Hatillo semanas atrás.

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El plan de racionamiento contempla recortes cotidianos en al menos 15 cantones de la GAM, afectando alrededor de 50 distritos y cientos de barrios en donde se concentran miles de familias trabajadoras. El plan, además, se desarrolla durante la tercer fase de propagación de la pandemia COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), caracterizada por la aparición de la transmisión comunitaria y el correspondiente aumento de contagios.

¿Agua para quién?

Al tiempo que el AyA anuncia sus medidas de racionamiento, el gobierno de Carlos Alvarado destaca por haber multiplicado los permisos para el autoabastecimiento de condominios a lo largo del 2019. La normativa que rige tales concesiones, el Decreto Nº 35271-S-MINAE, está vigente desde el 2009, pero en los primeros años de gobierno de Alvarado las cifras han aumentado exponencialmente, llegando a concesionar hasta 800 Litros/segundo, cantidad equivalente al consumo de al menos 4 de los cantones afectados por el plan de racionamiento (Alajuelita, Escazú, Desamparados y Santa Ana), de acuerdo con datos del Semanario Universidad.

El propio Decreto establece la condición “aplicable únicamente a aquellos condominios ubicados en zonas donde no hubiere abasto público de agua potable, determinado así por una carta de disponibilidad hídrica”, que debe ser confirmada por el ente que presta el servicio en la zona, ya sea el AyA o cualquier otro autorizado en la zona. A pesar de la especificidad de la normativa, se han otorgado permisos para el uso de autoabastecimiento de condominios en zonas urbanas y sin ningún estudio riguroso sobre las capacidades de los mantos acuíferos, que pueden verse expuestos a sobrecargas y a contaminación producto de actividades intensivas como el turismo.

Es decir, mientras las comunidades de familias trabajadoras deben enfrentar la crisis con recortes diarios de agua, el sector empresarial dedicado al turismo, la agroindustria y la renta de condominios son premiados con mayor libertad para escurrir los mantos acuíferos. La situación se agrava cuando se suman las denuncias sobre la propia calidad del agua en Hatillo o Guadalupe, en donde el servicio es cortado regularmente y con presencia de agua contaminada en el tiempo en que, se supone, las comunidades deberían contar con el servicio.

En el contexto actual de propagación del COVID-19, deben tomarse medidas que garanticen el bienestar y la salud del pueblo trabajador. Medidas que apunten a detener la expansión de la pandemia en comunidades y barrios populares, que den cuenta de la necesidad por poner la vida de miles por encima de las jugosas ganancias de unos cuantos.

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