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Red Internacional

Saqueo y entrega. Agronegocio: diciembre cerraría con récord de U$S 2.300 millones, que se destinarán a pagar la deuda

Con una pobreza de alrededor del 40 %, las patronales del campo se la siguen llevando en pala durante el gobierno del Frente de Todos. Diciembre terminaría con un nuevo récord de ingreso de divisas en lo que va de 2021. Pero esos miles de millones de dólares no serán destinados para la generación de empleo o la mejora de la calidad de vida de millones de personas bajo la línea de pobreza, sino a seguir pagando la deuda ilegal.

Martes 28 de diciembre de 2021 | 11:05
Foto: BiodioversidadLa

El 2021 terminará con buenas noticias para las patronales del campo. Se prevé que diciembre se encamina a ser récord en la liquidación de divisas para el período 2021. Hasta el jueves pasado las empresas agroexportadoras ingresaron en el mercado de cambios local poco más de u$s2.200 millones y según las proyecciones, el último mes del año podría llegar a terminar en un total de más de u$s2.500 millones. La cosecha de trigo es una de las variables que continúa apalancando los superingresos de los monopolios exportadores, y se estima que lo mismo ocurrirá durante los primeros meses del 2022.

Ese commoditie continúa rompiendo marcas, tanto por el volumen de la cosecha, estimada en 22 millones de toneladas, como por los altos precios internacionales actuales. Por eso se espera que el “viento de cola” en el ingreso de divisas se prolongaría al menos durante el primer trimestre del próximo año.

Sin embargo la entrada récord de divisas al país, generadas con la explotación del suelo y la mano de obra local, no será destinada a generar empleo, construir viviendas, dar o aumentar Ingresos Familiares de Emergencia (IFE), o subir las jubilaciones. El destino de esos dólares serán las cuentas bancarias del FMI y los especuladores financieros.

Eso admitió y confirmó el presidente Alberto Fernández a fines de septiembre cuando durante anuncios de beneficios fiscales para las patronales del sector rural, aseguró que “necesitamos exportar para que las divisas entren al país máxime cuando cargamos con una deuda tan enorme”. En esa misma mesa había estado sentada también la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Con sus palabras, el presidente puso en evidencia una vez más que las prioridades del gobierno no están en resolver los problemas estructurales de las grandes mayorías. Ese mismo día, pocas horas antes el INDEC anunciaba que la pobreza afectaba a 18 millones de personas.

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Además de los precios internacionales que le son favorables a estas patronales, el Gobierno, lejos de tocar esas siderales ganancias, como más alguna vez amagó o mencionó, tan solo tres meses atrás anunció la presentación del Proyecto Agroindustrial (que espera ser tratado), el cual da una serie de beneficios impositivos al sector, entre ellos: beneficios para inversiones en construcciones; devolución de IVA en inversiones en tres cuotas, cuando hasta ese momento se realizaba en más de cinco años promedio; mejora de la valuación de hacienda vacuna a los fines de una reducción del impuesto a las Ganancias; y “una amortización acelerada en 3 años, en lugar de 10, o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro”.

Lejos quedaron los discursos de expropiaciones y suba de retenciones a medida que fueron pasando los meses del gobierno del Frente de Todos, lo cual se profundizó con la llegada al gabinete de Julián Domínguez, un hombre ligado a los negocios del campo.

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Lo cierto es que si bien el ingreso de divisas será abultado estará lejos de ser suficiente ante los millonarios compromisos que deberá afrontar el Gobierno dispuesto a honrar la deuda del FMI. Según la consultora Equilibra, en enero vencen u$s746 millones de capital e intereses de bonos y letras del Gobierno Nacional, y se le pagarán otros u$s731 millones al FMI (lo último que queda de los Derechos Especiales de Giro, DEG).

A la vez habrá que contabilizar u$s315 millones de vencimiento con otros multilaterales. En lo que sigue, entre febrero y marzo, se le deberán pagar u$s3.425 millones al FMI y u$s670 millones a otros multilaterales, además de la finalización del “período puente” acordado con el Club de París por la deuda de u$s2.000 millones. Es en este complicado escenario que el Gobierno tienen todas sus fuerzas puestas en cerrar un acuerdo con el Fondo, a costa de un fuerte ajuste en las cuentas públicas.

Desde que asumieron en diciembre de 2019 Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya se pagaron al organismo nada menos que U$S 6.454 millones. Con esa montaña de dinero se podría por ejemplo haber construido 183.681 viviendas. La semana pasada Martín Guzmán le giró nuevamente al Fondo unos U$S 1.900 millones, también en concepto de vencimiento por el préstamo ilegítimo e ilegal contraído en 2018 por Macri y aprobado fraudulentamente por el organismo.

Mientras las patronales agrarias la siguen juntando en pala, mientras a pesar del rebote económico los índices de pobreza no se mueven sustancialmente, cada nuevo pago al FMI es una sangría de recursos públicos que no irán a resolver los problemas urgentes de millones de personas.




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