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SALUD PÚBLICA

Agresiones en el hospital: políticas para disciplinar sin solución estructural

Producto de las últimas agresiones o maltrato ocurridas hace unos días en el Servicio de Urgencia del Hospital Barros Luco, se reabrió una vieja discusión de lo que se vive al interior de los centros asistenciales públicos: las violencia hacia funcionarias o funcionarios por parte de usuarios y familiares.

Raúl Muñoz

Dirigente Fenats Hospital Barros Luco

Lunes 12 de agosto

La doctora que fue agredida por un paciente y terminó detenida junto a él, visibilizó una vez más una situación que se vive al interior de los centros asistenciales públicos, en Hospitales, Centro de Salud Familiar, SAPU o SAR.

Esta no es la primera, ni la última situación, en la cual se han visto atravesados las y los funcionarios con la agresividad del sistema público de salud, en esta ocasión no solo con golpes, si no que con grabaciones sin templanza, sin diferenciar el origen de la demora de la atención: la agresión a la doctora había ocurrido luego de que un paciente comenzara a exigirle exámenes que aún no estaban listos.

La respuesta del MINSAL (Ministerio de Salud) es criminalizar las demandas por agresión, implementando una ley punitiva con cárcel a pacientes que agredan, un castigo que sigue dejando sin resolver el problema de fondo. Para quienes nos desempeñamos diariamente en este servicio público, estos hechos expresan en realidad la doble agresión existente hacia los derechos de los trabajadores: tanto en el plano del maltrato, acoso y sobrecarga laboral; así como en la forma de amedrentarlos, responsabilizando a éstos de la demora en la atención de salud.

La naturaleza de la demora o la postergación en la atención de salud tiene dos orígenes, la primera, es la clasificación de la atención que se prioriza en función de la gravedad y de acuerdo a los recursos disponibles: el comúnmente llamado Triage.

Sin embargo, la gente acude a la urgencia con el criterio de que ahí la van a atender y resolver el problema o al menos le dirán algo concreto de sus padecimientos, entonces, se colapsa la urgencia dado que los centros de salud municipales tampoco dan respuesta y abasto a las necesidades que demanda la población.

En segundo lugar, y lo problemático, es la demora en función de la falta de capacidad instalada o de resolución de los problemas de salud en cuanto a la oferta de atención a la población. Cuestión que origina el malestar de los pacientes y de la población, terriblemente gráfico de esto son las listas de espera, que dejaron el año pasado 26 mil personas fallecidas esperando atención.

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La sistemática desmantelación de la salud publica y la falta de financiamiento, tiene como unas de las principales causales en el traspaso de recursos públicos a instituciones privadas, mediante la compra de servicios al no contar con la suficiente oferta ante la gran demanda de la población de FONASA (80% del total). Lo anterior conlleva actualmente a una multimillonaria deuda hospitalaria con las empresas acreedoras, quienes chantajean a los hospitales para que el Estado pague esa deuda.

Entre los años 2005 y 2018 se traspasaron $ 11.853 millones de dólares al sector privado, lo que equivaldría a lo mismo que 9.845.215 intervenciones quirúrgicas, y el Estado ¿qué soluciones ha dado? La eterna búsqueda de una mejor gestión de las demandas, pero sin solucionarlas de fondo, por ejemplo, con la negociación con privados para las listas de espera Auge y No Auge, entregando subvención a través de la Modalidad de Libre Elección (bonos para los grupos de Fonasa B, C ó D).

La crisis de la salud pública la viven día a día los pacientes y la población que concurre a los servicios de urgencias, así como también los funcionarios que atendemos en estos servicios de salud.

Ante los últimos hechos ocurridos en el Barros Luco es importante dar cuenta de que la política laboral por parte del Estado, al no asegurar un lugar de trabajo sano y seguro, nos arroja a un entorno y relaciones laborales de maltrato, naturalizando como normales situaciones de estrés, violencia laboral y agresiones, cuestión de la que no se quieren hacer cargo ningún gobierno de turno y ofrece alternativas tan inútiles como jornadas de capacitación.

Mientras los intereses de los empresarios estén por sobre la necesidades de salud de la población, la salud pública nunca tendrá vida propia; y continuaremos con deudas, falta de insumos y de trabajadoras y trabajadores que permitan entregar una atención de calidad y oportuna.

La única solución para resolver los problemas de la salud pública es recuperarla para su fin último: satisfacer las necesidades de salud de la clase trabajadora, mediante la co-gestión de los hospitales y Cesfam, en manos de las y los trabajadores de la salud junto a comités de usuarios/pacientes y en simultáneo con la lucha y organización por un Sistema Único de Salud que no discrimine por el bolsillo de las personas y que acabe con la expresión del mercado, eliminando cualquier resquicio de los empresarios en el manejo de este derecho, estatizando (sin pago) Clínicas y Laboratorios al servicio de las mayorías trabajadoras del país.







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