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Red Internacional

Cada vez que es noticia un delito cometido por un adolescente vuelve al ruedo la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad. Desde el Equipo Técnico de Infancias y Adolescencias realizamos un análisis respecto a la problemática de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

Josefa ItzáTrabajadora Social del Equipo Técnico de Infancias y Adolescencias

Domingo 6 de junio | 19:33

Sergio Berni, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ha manifestado en estos días la necesidad de “discutir una nueva ley penal juvenil”, intentando poner en agenda un tema sobre el que ya ha mostrado su posición. En diciembre de 2020, el ministro había planteado que “hay que bajar la edad de imputabilidad”.

Este discurso a favor de la baja de edad de punibilidad es sostenido desde todo el arco político y suele recobrar fuerza cada vez que una niña, niño o adolescente comete un delito y la noticia tiene repercusión mediática. Así ha sido desde siempre y no hay gobierno que resista archivo al respecto.

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Allá por el 2009, el entonces expresidente Néstor Kirchner manifestaba “no se puede dejar en libertad por más inimputable que sea” y agregaba que era fundamental que “el congreso de la nación argentina se ponga a discutir definitivamente la ley penal del menor para dar las soluciones que corresponden” afirmando que “esto es lo que dice la presidenta de los argentinos”, es decir la actual vicepresidenta Cristina Fernández.

En la misma línea, 10 años después, el entonces ministro de justicia Germán Garavano, presentó un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluía la baja de edad de punibilidad. Dicho proyecto contó con el apoyo del propio Mauricio Macri, presidente de la nación en ese momento y de Patricia Bullrich, por entonces ministra de seguridad de la nación y actual presidenta del PRO, quien en varias oportunidades ha mencionado la importancia de endurecer las penas de los y las jóvenes que cometen delitos.

En ese momento, el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia, como órgano especializado en infancia, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que no modificaba la edad de punibilidad.

En diciembre de 2020, el secretario de justicia y seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, sostenía, luego de hacerse pública la comisión de un delito por parte de un adolescente de 15 años, “este tipo de hechos nos obliga a tener un debate sobre la ley penal juvenil. No puede ser que tengan impunidad de que no les va a pasar nada”.

Medidas judiciales y tipos de dispositivos

En nuestro país existen tres tipos de dispositivos para adolescentes en conflicto con la ley penal a los cuales las y los adolescentes ingresan de acuerdo con la medida judicial impuesta.

En los casos de medida de restricción de libertad, se encuentran los programas de supervisión en territorio, que aplican la medida restrictiva en ámbitos socio-comunitarios, y los establecimientos de restricción de libertad, dispositivos de alojamiento semi cerrado. En caso de privación de libertad, se encuentran los establecimientos de privación de libertad, es decir dispositivos de alojamiento de régimen cerrado.

Según el “Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” (1), realizado por UNICEF en el 2015, existen en Argentina 26 programas de supervisión en territorio, 31 establecimientos de restricción de libertad y 61 establecimientos de privación de libertad.

Respecto a quiénes son estas y estos adolescentes y jóvenes adultos, el estudio “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina” (2) realizado por UNICEF en 2018, da cuenta de su situación de vulnerabilidad social antes de ingresar al dispositivo.

En relación con su educación, el relevamiento muestra que sólo el 50,8% de ellos y ellas asistía a la escuela antes de ingresar al centro cerrado, el 77,2% había repetido algún grado antes de ingresar y el 77,6% había abandonado la escuela alguna vez antes de ingresar al centro.

En cuanto a sus experiencias laborales, el 77% había trabajado alguna vez en su vida, el 60,1% trabajaba antes de entrar al centro y el 61% había realizado trabajo infantil, siendo 13,9 años la edad promedio al acceder al primer trabajo.

Además, más del 80% había tenido experiencias de consumo de sustancias, mientras el 28,3% había estado en situación de calle y el 14,2% había vivido en un hogar.

Rompiendo mitos

Para poder hablar sobre el tema, es necesario derribar algunos mitos relacionados con esta temática. Un clásico es decir que las y los adolescentes cometen delitos una y otra vez “porque entran y salen”. De acuerdo con el Anuario Estadístico 2018 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3), el 79% de los NNyA ingresó al Centro de Admisión y Derivación sólo una vez en el 2018, mientras el 13% lo hizo dos veces.

Otra situación común, sobre todo porque el tema se suele poner en agenda cuando algún adolescente comete un delito grave, es decir que la “solución a la inseguridad” está en bajar la edad de punibilidad.

Según estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en 2015 menos del 0,5 % del total de causas que se iniciaron contra NNyA corresponden a homicidios dolosos.

De acuerdo con un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2015, sobre 175 homicidios registrados, sólo uno fue cometido por un o una adolescente de menos de 16 años, representando menos del 1%.

En la misma línea, el Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, da cuenta que el 64,89% de las y los adolescentes y jóvenes en dispositivos penales había cometido delitos contra la propiedad.

Unicef(4) ha sido contundente respecto a esta temática, sosteniendo que los y las adolescentes no son el problema de la inseguridad y que distintas experiencias internacionales han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad.

Teniendo en cuenta que, en nuestro país, el régimen penal juvenil vigente es un decreto aprobado por el dictador Jorge Rafael Videla en 1980, no hay dudas que hay que sancionar un nuevo Régimen Penal Juvenil.

Ahora bien, ese nuevo régimen, no debe bajar la edad de punibilidad, sino incorporar sanciones alternativas al encierro, donde el Estado garantice estrategias integrales de reinserción de los y las adolescentes a su medio social como sujetos plenos de derechos.

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Referencias:
1.https://www.unicef.org/argentina/media/1706/file/Adolescentes%20en%20conflicto%20con%20la%20Ley%20Penal,%202015.pdf

2. https://www.unicef.org/argentina/media/3936/file
3. https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anuario_2018.pdf
4. https://www.unicef.org/argentina/media/4336/file




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