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Red Internacional

El 30 de agosto el delegado de Aceros Zapla y referente del PTS-FIT, Julio Mamaní, fue notificado del rechazo del Requerimiento de Citación a juicio, haciendo lugar a la oposición presentada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.).

Viernes 2 de septiembre de 2016 | Edición del día

El martes 30 de agosto el delegado de Aceros Zapla y ex candidato a intendente de Palpalá por el PTS-Frente de Izquierda, Julio Mamaní, fue notificado del rechazo del Requerimiento de Citación a juicio, haciendo lugar a la oposición presentada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), logrando de esta manera su sobreseimiento en la causa por “compulsión a la huelga”.

En la misma causa estaban imputados el Secretario General del Sindicato de Aceros Zapla, Víctor Aguirre, y el delegado, Walter Calapeña. Los mismos no presentaron oposición al requerimiento del Fiscal. Ambos dirigentes son beneficiados por el fallo favorable a Julio Mamaní y la defensa del Ce.Pro.D.H.

Un gran precedente para enfrentar las causas abiertas contra los trabajadores que luchan por sus derechos como los del Ingenio La Esperanza y Ledesma, en el marco de la avanzada represiva desatada en la provincia por el Gobierno del radical Gerardo Morales y el massista Carlos Haquim.

Los hechos de la causa

El 13 de mayo de 2014 los trabajadores de la empresa Aceros Zapla S.A., iniciaron una huelga en el marco de las negociaciones paritarias, con el objetivo de obtener un aumento salarial y modificaciones en el Convenio Colectivo de Trabajo; la misma se extendió durante más de un mes, con asambleas y marchas que expresaron el apoyo de los palpaleños a esta justa pelea.

Ello originó una denuncia realizada por los gerentes de la empresa propiedad de Sergio Taselli y la apertura de una causa penal contra miembros del sindicato y delegados de los trabajadores.

En marzo de este año, en sintonía con la ofensiva judicial contra referentes sindicales y sociales por parte del gobierno de Cambiemos y, mientras el empresario Taselli avanzaba con despidos y suspensiones en la planta, el fiscal Darío Osinaga Gallacher decidió impulsar la causa de dos años atrás, presentando el Requerimiento de Elevación a Juicio por el delito “Compulsión a la huelga o Boicot”, contenido en el art. 158 del Código Penal.

Dicha citación se asentaba en las declaraciones del apoderado de la empresa y la gerente de Recursos Humanos, pretendiendo avasallar directamente el ejercicio del derecho a huelga.

El 31 de Marzo, Julio Mamaní, con el patrocinio letrado de los abogados del Ce.Pro.D.H. presentó la oposición al intento de elevar a juicio la investigación penal que recaía sobre los tres representantes de los trabajadores de la empresa, destacando que ello implicaba la lisa y llana negación de los derechos laborales y sindicales, derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales y de Derechos Humanos, pretendiendo penar a trabajadores que ejercieron el legítimo derecho a huelga.

Desde el organismo de derechos humanos definieron como un hecho de implicancias gravísimas este intento de judicializar el derecho a huelga, que implicaba atrasar hasta principios del siglo XX, cuando los trabajadores eran encarcelados y hasta expulsados del país por ejercer derechos fundamentales como el de huelga, por reclamar mínimas condiciones laborales o derechos laborales y/o políticos.

La inconsistencia del requerimiento del Fiscal Osinaga Gallacher, quedó plasmada en una causa plagada de irregularidades, sin una sóla prueba que demuestre sus acusaciones, pretendiendo utilizar como única “prueba” las declaraciones de jerárquicos.

Se trataba de una evidente finalidad, por parte del Fiscal, que tomando sólo los testimonios de los jerárquicos buscaba penalizar el legítimo derecho a huelga ejercido por los trabajadores de la empresa Aceros Zapla S.A. y sentar un grave precedente contra el conjunto de los trabajadores.

Ante tan evidentes inconsistencias y arbitrariedad por parte del Fiscal, el Juez Isidoro Cruz, en una escueta resolución y omitiendo pronunciarse en las implicancias de la vulneración de derechos constitucionales, resolvió no hacer lugar al Requerimiento de citación a juicio formulado por Osinaga Gallacher, hacer lugar a la oposición deducida por la defensa y dictar el sobreseimiento de Julio Mamani, Víctor Aguirre, Walter Calapeña.

Qué dice el fallo

El fallo del Juzgado de Control N° 4, a cargo del Juez Isidoro Cruz, dispuso que “(…) en relación a la prueba colectada, base del requerimiento Fiscal, entiendo que le asiste razón a los defensores”, ratificando de esta manera que no hay elementos de prueba suficientes para elevar a juicio.

Asimismo destaca que “(...) el sujeto activo del delito es un obrero que ejerce violencia sobre otro obrero, para compelerlo a tomar parte en una huelga. (…) Ahora bien, dichos extremos no están acreditados en el caso concreto que nos ocupa.” Destacando que “(…) lo relatado por el Dr. Meyer, apoderado de la empresa, no coincide con los testominios apuntados”, ya que el delito de “compulsión a la huelga” sólo puede configurarse si un obrero denuncia a otro obrero y en esta causa sólo intervinieron jerárquicos.

Un precedente a favor de los trabajadores

El sobreseimiento de Julio Mamaní, que alcanza en sus efectos a Víctor Aguirre y Walter Calapeña, es un importante precedente a favor de los trabajadores de Aceros Zapla, en momentos en que la empresa, propiedad del empresario Taselli, avanza con un plan de ajuste que incluyó más de 25 despidos, suspensiones y ausencia de paritarias en lo que va del año y que, en complicidad con la Justicia, pretendía legalizar sus prácticas anti-sindicales.

Por otro lado, el demorado fallo del Juez Isidoro Cruz, que atiende con suma celeridad varias de las causas impulsadas contra Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, implica un reconocimiento a la relación de fuerzas con la que cuentan los trabajadores en la Provincia.

La ofensiva del gobierno de Morales y Haquim utilizando su Justicia adicta contra los trabajadores, armando causas penales para cercenar el derecho a huelga, con represión y multas como en Ledesma, listas negras y descuentos a los estatales, no tiene otro objetivo que el de torcer esa relación de fuerzas a favor de los empresarios que pretenden hacer pasar, sin resistencia, sus planes de ajuste, despidos y mayor precarización del trabajo y de la vida.

Este precedente judicial muestra que no les será sencillo avanzar en sus planes. Los trabajadores cuentan con años de experiencia de organización y lucha, y con un amplio respaldo popular, lo cual llevó a que un Juez al que no le tiembla el pulso para proceder de manera irregular, violando derechos y garantías, en las causas contra los dirigentes de la Tupac Amaru, no se atreva a avalar esta causa armada contra los dirigentes de Zapla.

El Ce.Pro.D.H. apuesta a rodear de solidaridad las peleas de los trabajadores, las mujeres y la juventud de la Provincia contra los atropellos sistemáticos del régimen de Morales y Haquim. Este es un primer paso, que muestra la potencialidad de un organismo militante, junto a los trabajadores, al que convocan a integrar a nuevos abogados, profesionales y estudiantes en el Encuentro que realizarán el próximo 10 de septiembre, junto a Myriam Bregman y referentes de todo el país.




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