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ATE: un paro más que necesario

Mientras Macri anunciaba la “modernización” del Estado, se conocieron nuevos despidos en el Ministerio de Hacienda (ex Economía). Patricia Bullrich amenaza “aplicar” el protocolo represivo mañana, cuando se prepara la primera medida nacional contra el Gobierno.

Pablo Anino

@PabloAnino

Martes 23 de febrero de 2016 | Edición del día

La semana comenzó con un nuevo motivo para hacer un paro contundente este 24 de febrero.

Con una presentación realizada a través de imágenes proyectadas, que hizo recordar a las cadenas nacionales de Cristina Fernández, el gobierno de Mauricio Macri anunció un plan de “modernización” del Estado para ponerlo “al servicio de la gente”.

Para Cambiemos, la “gente” a la que está poniendo el Estado a su servicio es el capital financiero imperialista, los fondos buitre, las multinacionales exportadoras de granos, a los que beneficia con todo tipo de medidas económicas. En contraposición, el ajuste avanza sobre el pueblo trabajador.

Desde la mañana, a los trabajadores estatales el anuncio "modernizador" trajo a la memoria el fantasma de la Reforma del Estado de Carlos Menem que lanzó a miles de trabajadores a la calle. Apenas unas horas más tarde del anuncio se dieron a conocer más despidos en la Administración Pública Nacional. Una modernización “rápida y furiosa” que quiere dejar más familias en la calle.

En este caso se trata de trece trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, dirigido por Alfonso Prat Gay. Los funcionarios encargados de informar de la “rescisión” de los contratos no supieron explicar a la delegación gremial de ATE los motivos de los despidos. “Son órdenes del Ministerio de Modernización”, balbucearon.

Si las “órdenes” son ciertas, es probable que lo ocurrido en el Ministerio de Hacienda signifique el inicio de una nueva “ola de despidos” en el Estado, que se sumen a las decenas de miles que se están implementando en dependencias estatales de todo el país, miles y miles de empleados de diferentes áreas de los Gobiernos nacional, provinciales y municipales en la calle, tanto en jurisdicciones distritos y administraciones que responden a Cambiemos como al Frente para la Victoria.

La lista de dependencias donde avanza el ataque contra los trabajadores resulta cada vez más extensa: Violencia Familiar, Trata de Personas, Complejo Esperanza, Secretaría de la Niñez o Cultura en Córdoba, Desarrollo Social y municipales de La Plata, Quilmes y Morón, en el Ministerio de Agricultura en Jujuy (donde llegaron al extremo de despedir a la candidata a Gobernadora del Frente de Izquierda), en la provincia de Santa Cruz, en San Luis, Tierra del Fuego, cientos de municipales salteños, entre otras.

Pero la Administración Pública Nacional lleva la delantera: cientos y cientos de despidos en el Ministerio de Planificación, de Hacienda, de Desarrollo Social, la CNEA, el Ministerio del Interior, el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), el Ministerio de Cultura y la Casa Rosada, el Congreso nacional, el Ministerio de Salud, el Centro Cultural Kirchner, diversos sectores del Banco Nación y el Banco provincia, por nombrar sólo algunos casos. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se trata de al menos 25 mil despidos en todo el país. Sobran los motivos para preparar una medida contundente este 24 de febrero.

¿Modernización o encubrimiento del ajuste?

Entre alusiones a la educación y el Estado del Siglo XXI, durante la presentación del plan de “modernización”, el presidente Mauricio Macri, señaló que “El estado no puede ser el aguantadero de la política” y afirmó que el objetivo es “en cuatro años, ser uno de los diez países con mayor transparencia".

Él sabe de qué habla. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proliferaron los Fernando Niembro, los espías como Ciro James o los barras bravas que fueron a apalear a los ocupantes del Parque Indoamericano que reclamaban tierra y vivienda. Una política “transparente” contra los luchadores y a favor de los corruptos de Cambiemos.

Según el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el plan está basado en varios ejes, entre ellos: país digital; plan de tecnología y gobierno digital; gobierno abierto; innovación pública; desarrollo de recursos humanos. Además, indicó que se tomó en cuenta lo que se realiza en otros países del mundo, como así también proyectos de los gobiernos anteriores.

De acuerdo a lo señalado por Ibarra, se va a instaurar un plan que coordine todos los ministerios y que será implementado desde su cartera y la Jefatura de Gabinete para lograr una “transformación de fondo del Estado”. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró que no quieren un “Estado más chico, sino uno que funcione”. Por el momento, la única “coordinación” que está funcionando entre los ministerios se vincula a las órdenes para echar trabajadores.

El plan de “modernización” tiene su antecedente en la Reforma del Estado de Carlos Menem que sirvió de cobertura para privatizar empresas públicas, disolver áreas de la administración, desregular sectores económicos, ofrecer retiros voluntarios, flexibilizar las contrataciones y despedir miles de estatales. El verdadero objetivo fue reducir el déficit fiscal y equilibrar el presupuesto para liberar fondos para el pago de la deuda externa.

Ahora los fondos buitres y el capital financiero que aguardan la regularización con los “mercados” deben estar atentos a que el macrismo haga las tareas para garantizar los futuros pagos de deuda. El incremento de la deuda por el acuerdo que avanza en el juzgado de Thomas Griesa alcanzaría 15 mil millones de dólares. Hace un mes se emitieron bonos con un “pool” de bancos, entre ellos el J.P. Morgan, antiguo patrón de Prat Gay. Esa es la “gente” a la que beneficia la “modernización”.

De acuerdo al Decreto 336/2016, el próximo 29 de febrero el gobierno deberá tomar una definición sobre una cantidad indeterminada de contratos de asistencia técnica realizados mediante convenios con universidades. Se sabe que son decenas de miles, pero el número exacto no aparece en las estadísticas públicas porque el Estado oculta el fraude laboral que practica en gran escala.

No sólo eso. Marcos Peña y Andrés Ibarra tienen en sus manos la aprobación de todos los nombramientos del personal nuevo a partir del primero de marzo. A su vez, por el Decreto 254/2015 Ibarra comanda la revisión de concursos y contratos de todas las áreas de la Administración Pública Nacional. La revisión no se está llevando a cabo. Primero se estigmatiza como “ñoquis” o “grasa militante” a los trabajadores para luego cesantearlos. Una verdadera cacería de brujas.

El "protocolo antipiquete" busca aceitar los ataques

A tono con el discurso que despliega el gobierno nacional para justificar el ajuste en curso, este lunes convocó a la conducción de ATE para “informarle” como se implementará el protocolo contra la protesta social durante la jornada de paro nacional de mañana miércoles.

Se trata de un intento de intimidar a los estatales cuando está planteado que el paro sea acompañado por movilizaciones convocadas en varias ciudades del país.

Antes de la reunión y desde Tucumán, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a ratificar esa medida y pidió “compresión” a las organizaciones sindicales. Un poco más tarde, desde el gobierno también se salió a indicar que la Policía no portaría “armas letales” durante las manifestaciones de mañana.

Luego de la reunión con los trabajadores de ATE, los dirigentes de esa organización informaron que habían concurrido para hacer una presentación escrita y "dejar en claro que rechazamos y repudiamos las limitaciones que el Gobierno está dando a conocer”.

Asimismo, Silvia León, secretaria de ATE, agregó que “el protocolo limita el derecho constitucional de los trabajadores” y “el paro y la movilización serán como las anteriores”.

Desde temprano las agrupaciones estatales impulsadas por la izquierda criticaron la posible participación de la conducción de ATE en una reunión para regular la protesta. Ana Laura Lastra, delegada de la Junta Interna de ATE - INDEC y dirigente de la Agrupación Marrón Clasista, señaló: “Mientras aplican un ajuste sobre los trabajadores con devaluación, tarifazos y paritarias a la baja, el gobierno quiere avanzar en su política represiva. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por la dictadura de Onganía e intentan cercenar el derecho a la protesta, dándole más poder de fuego a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social”.

Y continuó: “Quieren comenzar con el paro nacional que convoca ATE para este 24 de febrero, llamando a la conducción de gremio a ‘adecuar’ la movilización al nuevo protocolo. Hay que rechazar toda reunión que busque legitimar la represión.”.

Sobran los motivos para un paro contundente

Mañana miércoles ATE está llamando a un paro para rechazar los despidos. La medida tendrá lugar mientras las idas y vueltas oficiales hicieron entrar en crisis la paritaria docente. El gobierno primero propuso un salario inicial para las y los trabajadores de la educación que alcanza apenas la mitad de la canasta familiar (valuada en alrededor de 16 mil pesos), para luego deshacer el ofrecimiento y hablar de un techo del 25%.

La movilización de estatales del 4 de febrero al Ministerio de Modernización mostró una gran predisposición de lucha de los trabajadores. Las conducciones nacionales y de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires venían planteando la posibilidad de convocar el paro recién para marzo. Esa predisposición de lucha y los ataques incesantes del macrismo obligaron a adelantarlo.

Por su parte, la directiva de UPCN aceptó los despidos a cambio de que no toquen a su propia tropa. Es una canallada dado que los despidos masivos debilitan al conjunto de los trabajadores por la imposición del miedo y tira las paritarias hacia abajo. Esto sin hablar que hasta dejan pasar los despidos de sus afiliados.

La jornada del paro nacional deja abierta la posibilidad de una demostración contundente contra los plantes anti obreros del gobierno. Más sectores se están sumando a la protesta. Entre ellos SiPreBA (el nuevo sindicato de prensa), el sindicalismo combativo, la Coordinadora contra el Ajuste y la Represión de Jujuy, los docentes de los SUTEBA combativos. Hay condiciones para una gran confluencia de trabajadores en lucha para torcerle el brazo a Mauricio Macri y su plan de ajuste.







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