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Red Internacional

Protestas.A un mes y medio del paro nacional en Colombia: el papel de las direcciones

A casi 45 días de iniciado el Paro Nacional en Colombia además de la política y la violenta represión de Duque, el papel jugado por sectores que se arrogaban la representatividad como los del Comité Nacional han hecho todo lo posible para desactivarlo, a lo que se ha sumado Gustavo Petro al acoplarse a la política de Duque y condenar los bloqueos.

Daniela GuzMar@daniguzmar

Viernes 11 de junio | 17:46
Fotografía EFE/ Carlos Ortega

Aunque las negociaciones entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Duque se encuentran suspendidas desde el domingo pasado, esto se ha debido fundamentalmente a que el presidente considera que ha venido ganando terreno en no ceder en ninguna de las peticiones, mientras que los del Comité entraron en su juego justo cuando el mandatario colombiano avanzaba con su política de asesinatos y de represión abierta.

De allí que Duque ya ha logrado desactivar varios de los bloqueos que mantienen el Paro vivo, mientras salió a prometer una insignificante reforma a la repudiada Policía y continúa la represión en las calles. Incluso a pesar de la visita de la CIDH y el reciente y el informe presentado en Washington por HRW.

El papel traidor de los representes del Comité Nacional del Paro

El pasado 6 de junio el Comité Nacional del Paro decidió levantarse de la mesa de negociación, ante el incumplimiento de la firma del preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta social presentado el 24 de mayo, que entre otras cosas solicitaba la derogación del decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta y que el gobierno de Duque se ha negado a aceptar.

El tire y afloje que viene desde el paro del 21N de 2019 donde el gobierno no quiso aceptar nada en las mesas de negociaciones que se montaron pero que sirvieron para desactivar esas jornadas de lucha, hizo que el 19 de junio del 2020 el Comité presentara un “Pliego de Emergencia” que hasta el 16 de mayo de 2021 y con más de dos semanas de transcurrido el Paro vigente, Duque insistía en negarse a tratar. Aunque en el discurso hablaba de “diálogo”, significaba sólo una política para ir ganando tiempo.

Sin embargo, las movilizaciones desbordaron y sobrepasaron al propio Comité que pensó que lo del 28 de abril sería una jornada más para presionar al Gobierno. Al tener fuerte continuidad, e incluso retrocediendo con la reforma tributaria, hicieron que el presidente amagara con que negociaría mandando unos delegados que no han hecho otra cosa más que dilatar la discusión del supuesto acuerdo inicial de “garantías” para las manifestaciones, haciendo imposible aún más, llegar a tratar dicho pliego con el que se pretende “resolver” la crisis y rebelión que se vive en las últimas semanas.

El CNP que aceptó sentarse a negociar cuando en las calles los asesinatos se multiplicaban, también ha sido responsable del desgaste y desactivación de la protesta convocando sólo a una jornada de movilización una vez por semana y sin haber llamado a parar efectivamente la economía paralizando la gran industria que mueve al país, los puertos, aeropuertos, los sectores de finanzas, etc., por el contrario, facilitando al gobierno avanzar en acuerdos regionales y locales de manera independiente, que han permitido a base de militarización el levantamiento de alrededor de 40 puntos de resistencia nacional.

Los bloqueos, que venían representando una de las maneras efectivas para paralizar el país, por lo menos el transporte y la distribución de mercancías, y una de las medidas que en perspectiva podía hacer retroceder a Duque al afectar la economía de los grandes empresarios, intentan ser desarticulados por el propio Comité que cada vez suma más rechazo entre las mayorías que no se sienten representados por lo mismos.

Fotografía: Guillermo Torres Reina
Fotografía: Guillermo Torres Reina

A su vez, este miércoles 9 entregaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde al finalizar el encuentro y según las declaraciones del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, “Pidieron que la CIDH le soliciten al gobierno la adopción del preacuerdo de garantías al que llegaron el 24 de mayo con los delegados de presidencia, el cese inmediato de la brutalidad policial, el complimiento de las sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social y la creación de una comisión de investigación independiente que indague sobre los hechos de violencia en el marco de las movilizaciones”. Todo esto cuando el gobierno de Duque ya ha venido avanzando con todas sus estrategias, y pensando que una Comisión hará rever su política, cuando lo central sería redoblar las movilizaciones y avanzar en un verdadero plan de lucha.

Pero no, apuntan más bien a la desmovilización. Así habían anunciado una rueda de prensa para este jueves que se suspendió minutos antes de su inicio sin dar las mínimas razones, dejando a la expectativa la estrategia con la que continuará o no el paro, si es que le dan continuidad aún bajo su esquema, es que otros sectores del Comité han llegado a plantear que “pueden haber otros mecanismos como llevar el pliego de emergencia al Congreso y volverlo proyecto de ley”, en otras palabras sacar al pueblo de las calles.

Por su parte, el gobierno redobla la represión al mismo tiempo que busca la estigmatización de la protesta responsabilizando a la juventud por los daños materiales en la vía pública y apostando al discurso de la infiltración de las disidencias de grupos guerrilleros en ciudades como Cali, epicentro de la protesta y represión. Así lo afirma por ejemplo el medio La Silla Vacía, quienes dicen que “La tesis del gobierno durante la crisis es que la infiltración de los grupos disidentes de Gentil Duarte, la Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia, además del ELN, en alianza con bandas locales”

El papel de Claudia López y Gustavo Petro

De la condena publica por los bloqueos y hacia los jóvenes no sólo se ha encargado Iván Duque, ya que también ha sido Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien ha sido muy eficiente dando declaraciones a través de la Secretaría de Gobierno del Distrito, en defensa de la fuerza pública e inclusive ha cuestionado el uso de los cascos y escudos de los manifestantes “con los que se equipan quienes los promueven y financian”, desconociendo la utilización de estos elementos como una herramienta básica de defensa para los jóvenes en las calles, que están plagadas de balas policiales.

Por su parte Gustavo Petro, uno de los más importantes referentes de la oposición y quien en su juventud fue militante de la ex guerrilla urbana, Movimiento 19 de abril (M-19), se pronunció recientemente a través de sus redes sociales y al igual que Duque, dijo estar en desacuerdo con los bloqueos y hasta cuestionó el uso de barricadas, responsabilizándolas de que “generan el asesinato sistemático”.

Petro, que en varias oportunidades ha reprochado al gobierno por no escuchar a los jóvenes, no podía decir menos, reiterando que no ha participado en la organización de las protestas y afirmando que “todas las movilizaciones que personalmente he convocado han sido pacíficas, sin ni un solo daño a propiedad pública o privada”. Una vez más las entrelineas de su discurso, dejan en evidencia el afán por apagar las calles que arden en la bronca de las juventudes, que a pesar de no recibir el apoyo de algunos de sus referentes políticos, si lo reciben por la comunidad de la que reciben solidaridad con ollas comunitarias y delegaciones de Derechos Humanos.

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Mientras los colombianos siguen tambaleando en ese limbo que deja como siempre su vida desprotegida como si fuera insignificante, son las nuevas generaciones las que aún se sienten sin futuro y continúan resistiendo y defendiendo la lucha obrera y popular. Son ellos los que vienen siendo asesinados sin superar los 26 años, y que con frecuencias reciben en sus casas panfletos con amenazas de entre otros, por ejemplo el grupo paramilitar “Águilas Negras”.

Como si fuera poco, también están expuestos a la propia Fiscalía General de la Nación, cómplices no solo de sus homicidios sino también de la indiscriminada judicialización para la que se valen de prácticas de tortura, falsos testigos y con las que proceden con allanamientos y acusaciones de terrorismo que pueden llegar a terminar en penas carcelarias de hasta 30 años.

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Los informes de la CIDH y la cínica reforma policial de Duque

Para intentar calmar los ánimos, a Iván Duque no se le ha ocurrido mejor idea que proponer una reforma a la Policía, que sólo responde a la banalidad con la que pretende distraer a la ciudadanía y ocultar la formación asesina que reciben estos, en sus entrenamientos casi para la guerra.

Las propuestas que incluyen que el atuendo de estos personajes cambie del color verde al azul, habla también de nuevo estatuto disciplinario que reestructure la inspección del servicio policial y la recepción de denuncias en su contra. También pretenden “profesionalizar” a la institución y proponer la creación de un “Centro de Estándares de Alto Nivel con aporte de centros de policía internacional, para capacitar a las fuerzas del orden en procedimientos de psicología de servicio, derechos humanos, gestión operacional, trazabilidad y escrutinio”. Según Duque, “la transformación será a costo cero y representa un cambio en la imagen institucional y la modernización de la entidad”.

El anuncio realizado el domingo, el mismo día que llegó la visita de la CIDH al país y en medio de las denuncias por asesinato en contra de la Policía tras casi y un mes y medio de paro nacional, pretenderá ser proyecto de ley ante el Congreso el 20 de julio. El mismo estará a la cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, quien al igual que Duque ha negado los abusos y excesos de la fuerza pública y ha ordenado la militarización. Como era de esperarse, el proyecto por ahora lo único que ha generado es repudio, críticas y burlas por parte de una población, que ya no se deja convencer con los discursos demagógicos que pretender engañarlos, cambiándole el nombre y los colores a la represión y la muerte que garantiza toda la institución.

La supuesta reforma a la Policía, también se usó como respuesta al informe que presentó este miércoles en Washington José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en el que se dijo que “hay denuncias creíbles de que se han presentado 68 muertes y de que 34 de ellas habrían ocurrido en las manifestaciones, la Policía ha cometido abusos gravísimos”, de igual forma se indicó que “Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”.

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Si bien la diversidad de “verificaciones o informes” que se presentan a nivel nacional o internacional, ponen en plataforma el accionar asesino de Duque en complicidad con las fuerzas armadas y puede afectar su imagen dejándolo en evidencia ante la opinión pública, no se debe perder de vista todas las alevosías disfrazadas de “recomendaciones para los gobiernos” que estas organizaciones internacionales aplican para ser cómplices mientras hacer elocuencia al derecho a la vida digna.

Además incluso, desde el régimen se incentivó a que personeros se inscribieran en las entrevistas con la CIDH para denunciar a los que llaman sus compatriotas, acusándolos “de atentar contra sus derechos humanos al realizar cortes de ruta e impedir la movilidad”. Hechos que han ido de la mano con las denuncias que a través de las redes sociales han hecho usuarios avisando que la derecha colombiana “venía haciendo una campaña para inscribir seguidores de Uribe y quejarse ante la CIDH de los bloqueos”. Pero también han sido los propios poderosos Medios de Comunicación, los responsables de no difundir las alternativas que tienen las víctimas de la represión para registrarse y hacer sus denuncias.

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A pesar de estos montajes de escenarios de verificación de Derechos Humanos, en varios lugres del país siguen acabando con la vida de líderes indígenas y demás sectores que vienen protestando, como por ejemplo el asesinato en Cali de la comunicadora indígena Beatriz, el pasado 7 de junio, quien recibió 3 impactos de bala, mientras se encontraba con su hija de cinco años que también resultó herida. De igual forma en la madrugada del miércoles, fue asesinada la profesora Sa’t We’sx, autoridad ancestral del resguardo Páez de Corinto Argenis Yatacué, junto con su compañero Marcelino Yatacué Ipia, mientras se encontraban en su residencia en Corinto, municipio del departamento del Cauca, territorio que concentra a varias comunidades indígenas y campesinas.

Contra las trampas de las mesas de diálogo el camino es profundizar la protesta

La lucha contra el gobierno de Duque continua vigente en las calles, la fuerza imparable de diferentes sectores del país, se ve disminuida por obvias razones que hemos explicado, fundamentalmente el papel de las direcciones que se arrogan la representatividad del mismo, dejando al descubierto la complicidad entre el CNP y Duque para desactivar las protestas, los bloqueos y en general la lucha.

A la espera de que en próximos días el Comité del Paro decida de qué forma se continuará o no las negociaciones, la incertidumbre de los colombianos cada día es más grande, ya que no pretenden que todos los abusos y asesinatos queden impunes y muchos menos que la cantidad de días de luchas, vayan a quedar reducidos a una negociación entregada y derrotada por la burocracia que redunda en el gobierno y los integrantes de la mesa de negociación.

Recientemente se ha realizado una Asamblea Nacional Popular (ANP) donde sus organizadores indican que contó “con la participación de más de 2.000 delegados y delegadas, presenciales y virtuales” e indican que “Hasta la siguiente sesión de la ANP, convocamos movilización nacional todos los miércoles”. Si bien indican que “Rechazamos las prácticas hegemónicas y burocráticas del Comité Nacional de Paro - CNP, que llevaron a una negociación con un gobierno genocida a espaldas de la mayoría movilizada” y que apuestan a la movilización, desgraciadamente convocan recién para “los días 17 y 20 de julio del presente año” una nueva ANP con convocatorias de marchas una vez por semana.

Pero el pueblo, sobre todo la juventud, aún continúa resistiendo en las calles. En la consciencia de los que han venido peleando está encendida la llama de la organización para la lucha y la resistencia de la que ya se dieron cuenta son capaces de construir, para exigir sus derechos. Es por eso que la clave sigue siendo avanzar en la organización por abajo, en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los puntos de resistencia, creando comités y todo tipo de autoorganización para que cada decisión de todos los pasos a seguir sea tomada por los que realmente llevan adelante esta rebelión que se ha desatado en el país. El camino de la huelga general sigue planteada más que nunca en Colombia hasta derrotar la política del Gobierno de Duque y de todos los capitalistas.




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