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Red Internacional

La fiscalía ya realizó el requerimiento de elevación a juicio de la causa para todos los integrantes de una comisaría. Un crimen producto de la práctica sistemática de las fuerzas represivas y la legitimación punitiva durante la cuarentena.

Maximiliano Olivera@maxiolivera77

Sábado 15 de mayo | 13:00

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las fuerzas policiales recibieron un mayor margen para el accionar represivo, con el aval de los gobiernos. Esto dio lugar a diferentes casos de violencia policial y a crímenes como el de Luis Espinoza en Tucumán, del cual se cumple un año. El 15 de mayo de 2020, Luis Espinoza (obrero rural, 31 años) junto a su hermano Juan se encontraron con un presunto operativo policial por la cuarentena en la zona de Melcho, Simoca.

Con policías de civil y en autos particulares, los hermanos Espinoza fueron golpeados y Juan no pudo saber en el momento qué pasó con su hermano aunque llegó a oír un disparo. Sin noticias de Luis, la familia Espinoza recurrió esa misma noche a la comisaría de Monteagudo, donde le aseguraron que no sabían nada. Ante la falta de respuesta, familiares y vecinos de los Espinoza comenzaron un corte de ruta y una búsqueda con sus medios.

Finalmente, el cuerpo sin vida de Luis Espinoza fue hallado el viernes 22 de mayo de 2020 en un barranco sobre la ruta 65 tras el límite con Catamarca. La posterior investigación arrojó que nueves policías de la comisaría de Monteagudo fueron los involucrados en el operativo y la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza. Se espera que juntos a dos civiles sean enjuiciados.

El estado de la causa y la investigación

Hace dos semanas, el Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de la Capital, Carlos Sale, requirió la elevación a juicio de la causa, con la imputación del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y concurso premeditado. En el caso de los nueve policías se suma el agravante de los incumplimientos de deberes de funcionario público. Además también se imputa los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones en perjuicio de Juan Espinosa.

Los policías involucrados pertenecen a la comisaría de Monteagudo y son: Rubén Montenegro, José Morales, Miriam González, René Ardiles, Victor Salinas, Carlos Romano, José María Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya. Los civiles involucrados son Héctor Villavicencio, quien oficiaba como vigía, y Álvaro González, quien ya recuperó su libertad.

De acuerdo a la investigación, en ese operativo ilegal el oficial Morales disparó su arma reglamentaria Jericho contra Luis Espinoza. Según las pericias fue un disparo por la espalda, a una distancia de 10 metros. Sin saber si Espinoza continuaba con vida no se prestó asistencia médica y comenzó el operativo de encubrimiento. González Rojas fue a buscar una bolsa de gran tamaño y se trasladaron a la comisaría de Monteagudo. Desde allí partió el VW Fox conducido Montenegro, que recorrió más de 100 kilómetros por la ruta 65, y 400 metros después del paraje La Banderita, ya sobre territorio catamarqueño, arrojaron el cuerpo de Espinoza.

A las 20 horas del día del crimen, familiares de Luis Espinoza fueron hasta la comisaría de Monteagudo a averiguar sobre su desaparición. Allí fueron recibidos por Salinas y Miriam González, quienes respondieron que no podían recibirles denuncia hasta que no transcurrieran 72 horas.

Tras el requerimiento de elevación a juicio, los pasos procesales dan pie a las respuestas y chicanas por parte de los abogados de los policías, por lo que es incierta la fecha de un juicio. La familia Espinoza reclama un pronto juicio y cadena perpetua para los policías involucrados.

Las responsabilidades políticas

Durante la semana en la que Luis Espinoza estuvo desaparecido, el gobernador Juan Manzur no dedicó una palabra a un caso que por su gravedad ya tenía proporciones internacionales. Lo mismo ocurrió con una visita del presidente Alberto Fernández a la provincia. Pero quienes sí hablaron en esos días fueron los funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial.

El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez habló de una “mala actuación” en un operativo “que había sido normal”; y, contrario a lo que dice el expediente, no habla de policías disparando —de civil y en autos particulares— sino de una “refriega”, como si los hermanos Espinoza se hubiesen enfrentado a los policías.

Ante la contundencia de la denuncia de la familia Espinoza, los policías debieron ser separados y ya con la confesión de uno de ellos, el ministro de Seguridad Claudio Maley debió recurrir a una vieja justificación. Recurrió a la teoría de la manzana podrida dentro del cajón, como si fuese un caso aislado del accionar de la policía tucumana, de hecho dos de los policías acusados ya tenían denuncias por apremios ilegales y por la muerte de un joven producto de los golpes. El propio Maley justificó crímenes de gatillo fácil antes y después de Luis Espinoza, como fue con el caso de Facundo Ferreira y Ceferino Nadal.

Cuestionado por su responsabilidad, Maley fue sostenido por Manzur. Un año después, se desliza la versión de salida elegante de su cargo para pasar a ser un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Hubo una conversación con el gobernador Juan Manzur y la continuaremos. Nos hizo extensivo ese interés y nosotros estamos considerando esa posibilidad”, afirmó la ministra Sabina Frederic en su último paso por Tucumán, hace diez días.

El crimen de Luis Espinoza es parte de la combinación de una práctica sistemática de las fuerzas represivas y su legitimación punitiva durante la cuarentena. Más que un caso aislado o una falla del Estado, es una consecuencia de su carácter de clase. Por eso es imprescindible continuar acompañando el reclamo de los familiares por el juicio y castigo, denunciando la responsabilidad estatal.




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