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Un repaso de estos doce meses, desde el famoso “quedate en casa” hasta la cadena nacional de Alberto Fernández alertando sobre la “inevitable” segunda ola. ¿Cómo afecto la pandemia a la realidad de millones?

Juan DuarteRedacción Ciencia y Tecnología | tw: @elzahir2006

Lihuen EugeniaRedacción Ciencia y Tecnología

Domingo 21 de marzo | 15:12

Se cumplió un año del decreto que dio comienzo al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, o como se conoció popularmente, la “cuarentena”. En unos pocos días, el covid-19 fue detectado en la Argentina y cambió radicalmente la vida de millones de personas.

Un año después, Alberto Fernández hizo su primera cadena nacional para anunciar lo que ya era evidente: que hay un problema global con la falta de vacunas del que Argentina no está exenta, por lo cual solo un poco más del 1% de la población pudo vacunarse con las dos dosis.

El Gobierno se autoadjudicó, sobre todo durante los primeros meses, una suerte de “éxito” (aunque se cuidaba de no usar esa palabra) en la gestión de la crisis sanitaria, social y económica.

Hace un año, exactamente el 19 de Marzo de 2020, el gobierno de AF decretaba el inicio de la cuarentena, luego de que el 8 de ese mes se conociera el primer caso en el país. Doce meses despues, el país se encuentra en el puesto nº13 en el total de muertes (54 476) y nº28 en el total de muertes por millón de habitantes (1205,33), apenas debajo de Perú (1513,22), Brasil (1365,8) y Colombia (1213,98), y arriba de Bolivia (1031,52), Chile (1155,41), Ecuador (930,22) y Uruguay (218,78).

Fallecimientos acumulados por millón de habitantes.

¿Cómo llegamos a esta fecha? ¿En qué situación epidemiológica está Argentina hoy?

Una cuarentena sin GPS

Desde que comenzaron a detectarse los primeros casos en el país pudieron verse muestras de clasismo explícito en el manejo de la pandemia. En un momento en el que la principal sospecha no podía ser otra que los casos importados, es decir de personas que volvían del exterior, no hubo un seguimiento serio de los mismos. La detección temprana con testeo y aislamiento cuando eran unos miles o decenas de miles implicaba un esfuerzo mucho más racional de recursos destinados a la prevención. Pero eso no sucedió.

En cambio, empezaba a practicarse un discurso general hacia toda la “ciudadanía” apelando a reducir la movilidad, lo que decantó el 20 de marzo en el decreto que establecía la cuarentena nacional. El presidente la anunció en una conferencia de prensa conjunta con dirigentes de la oposición de derecha, donde cargó las culpas sobre la población diciendo que tomaba esa decisión porque “la gente no entiende”. En las sucesivas conferencias de prensa, cuando se iba prorrogando el decreto, Fernández insistía en este sentido con frases como: “El virus no viene a nosotros, nosotros vamos a buscar al virus”. Insistía en la “responsabilidad individual” frente al contagio, ante la ausencia de la búsqueda activa de casos por parte del gobierno.

Pero si la intervención estatal en términos de rastreo de casos nunca fue suficiente, no faltó la presencia del Estado a la hora de criminalizar a sectores sociales vulnerables. Si a quienes volvían del exterior nunca se los presentó como “amenaza” de contagio, no corrieron la misma suerte los habitantes de la Villa Azul y Villa Itatí cuando se empezaron a registrar los primeros casos. Con menos de cien contagios la zona fue militarizada.

Lo cierto es que cumplir con la medida de cuarentena ya resultaba profundamente desigual por las condiciones habitacionales, el acceso a servicios básicos y la precariedad laboral de amplios sectores de la población, pero como si esto fuera poco, la represión policial agregó su cuota de discriminación. Lejos del mentado “cuidado” que pregonan algunos sectores progresistas, la policía del gatillo fácil se llevó la vida de Facundo Castro, Luis Espinoza y muchos otros. Según Correpi, "se decretó el aislamiento preventivo social y obligatorio para intentar paliar los efectos del COVID-19, sin embargo las medidas sociales adoptadas fueron insuficientes, lo que se tradujo en un recrudecimiento de la situación represiva", lo que dió lugar a que, de las 411 personas asesinadas por el Estado durante esta gestión en 2020, 348 casos ocurrieron luego de la cuarentena y 63 casos, antes.

“Que no colapse el sistema sanitario” fue la máxima con la que el gobierno emprendió el manejo de la crisis. Necesitaban evitar repetir las terribles imágenes que llegaban desde Europa, con personas muriendo en las calles sin una cama o un respirador y camiones transportando incontables cadáveres.

Sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad de contagios y fallecidos, el éxito ya no es tan claro, ni siquiera en comparación con el resto de latinoamérica.

Desde un primer momento la tónica estuvo marcada por las concesiones hacia los empresarios. Algunas postales son los despidos que se dejaron correr en Techint y Latam entre otros (a pesar de existir un decreto que los prohibía), la fallida intervención a Vicentín, la firma junto con las cúpulas de los sindicatos de un acuerdo para reducir los salarios, los fondos aportados a las clínicas privadas y el recule en las declaraciones de Ginés sobre la unificación del sistema de salud.

Del otro lado, las y los trabajadores de la primera línea contra la pandemia sostuvieron con precarios recursos los sistemas desfinanciados sistemáticamente durante las últimas décadas. Mientras tanto, millones de personas perdían su trabajo por estar precarizadas, y la única respuesta era un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10 000 pesos que se otorgó solo tres veces en todo el año.

El caso de la docencia es significativo: desde fines del año pasado, el Gobierno y la oposición macrista se enfocaron en abrir escuelas sin medidas mínimas de protección, justo en el momento en que comenzaban a circular las nuevas variantes. Las y los docentes lo denunciaron y se movilizaron en todo el país contra esta medida.

Necesidades, ciencia y negocios

Desde el comienzo de la pandemia la izquierda planteó la necesidad de hacer testeos masivos, para encontrar rápidamente los casos, aislarlos y evitar contagios, es decir la política de rastreo, testeo y aislamiento que luego fue reconocida incluso por científicos afines al gobierno.

A pesar de la retórica de “recurso escaso” de amplios sectores para justificar un bajo testeo en el país, o de las supuestas razones para no testear asintomáticos expuestas por el gobernador Kicillof, es innegable la necesidad de una política de detección como una herramienta de rastreo de casos, vigilancia activa y diagnóstico. Al principio el Gobierno sostenía que era un recurso escaso, pero esta excusa se vio rápidamente superada por la producción local tanto de test serológico como COVIDAR IgG como de test de rt-PCR, algunos con tecnología rápida LAMP como el NeoKit y ELA Chemstrip y otro tradicional como CoronARdx. A pesar de esto, el porcentaje de positividad en el testeo en Argentina nunca bajó del 10 % como recomendaba la OMS, y por momentos tuvo cifras de alrededor del 50 %, lo que indica un subtesteo grave.

Positividad de testeo comparada en países de la región (sin Brasil).

¿Por qué si el país produce este importante recurso, al día de hoy, no se utiliza en una campaña a gran escala de testeo y rastreo de contactos estrechos para frenar los contagios? ¿Y, más aún, cuando desde el 12 de febrero se informó el primer caso de circulación comunitaria de la variante B.1.1.7, 70% más contagiosa y con mayor carga viral, precisamente en La Matanza, y muchos otros casos de las variantes P1 (Manaos) y P2 (Río de Janeiro)?

El problema es que estos test producidos con aportes estatales y por científicos de universidades públicas, son luego fabricados en empresas privadas a las que les resulta mucho más rentable producirlos para la venta privada y sobre todo la exportación. Y el gobierno lo avala e impulsa.

Otro tanto sucedió con la producción de otro insumo clave: las vacunas. En lugar de denunciar el "nacionalismo de vacunas" y el sistema de patentes que hace que unos pocos países imperialistas acaparen gran parte de la producción y que las grandes empresas las produzcan distribuyan según sus intereses de lucro, de forma completamente irracional respecto a las necesidades sanitarias, el gobierno de Alberto Fernández apuntó tempranamente a que el empresario Hugo Sigman sellara un acuerdo con AstraZeneca para producir el principio activo en el país de esa vacuna y que sea envasada en México. Algo similar, recientemente con el empresario Marcelo Figueiras, de Richmond; y con acuerdos directos con Gamaleya (Rusia, Sputnik V) y Sinopharm (China, Sinovac). El Estado pone los fondos para impulsar el negocio de las vacunas. Las relaciones entre empresarios y gobierno son explícitas: recientemente, Vizzotti nombró como jefa de su gabinete directamente a una empleada de Sigman en su fundación Mundo Sano. Mientras tanto, solo de logró vacunar al 1,33 % de la población con dos dosis, y al 5,5 % con una y hoy se limita a mero expectador del "desierto de vacunas" (A.F, dixit).

Si bien este impulso a científicos emprendedores no es nuevo (de hecho es parte de las directrices y las líneas estratégicas que viene promoviendo el CONICET en los últimos años), la pandemia lo puso en evidencia y se profundiza esta hoja en la la nueva Ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Un dato no menor es que, en medio de la pandemia, el gobierno se abocó, a instancias de Hugo Sigman y Biogénesis Bagó, a introducir en el país las megagranjas porcinas, producción industrial de cerdos que generó pandemia de gripe A N1H1 en 2009. En ese entonces, el mismo esquema le permitió a Sigman cerrar un acuerdo similar con Novartis para producir también la vacuna. Avanzó con la producción de trigo transgénico, el fracking y sigue intentando con la megaminería, todas actividades con fuerte impacto sanitario (negativo). La matriz extractivista del gobierno no se detuvo con la pandemia.

En medio de una situación aún incierta, sigue siendo imprescindible cambiar las prioridades.

Vulnerables y privilegiados

El episodio más reciente del Vacunatorio VIP que terminó con el pedido de renuncia de Ginés González García, mostró los privilegios de una casta política y sus relaciones con la clase social que tiene el poder en la Argentina. Entre los nombres de quienes recibieron la vacuna con exclusividad, se encuentran desde empresarios como Aldrey Iglesias y su familia, la familia Duhalde, los Moyano y periodistas oficialistas como Horacio Verbitsky.

Desde la oposición de derecha la indignación tuvo patas cortas: mientras todo Juntos por el Cambio ponía el grito en el cielo por la república, los valores y la moral, salían a la luz los negociados de Larreta con clínicas privadas para la venta de vacunas, mientras los adultos mayores no podían conseguir turno para vacunarse. Pero no era todo, porque en la Jujuy de Gerardo Morales también saltaba la ficha de un vacunatorio VIP ligado al ministro de Salud provincial.

Sin embargo, lo que se quiso presentar como una “mancha” en una “gran gestión” de la pandemia en realidad es una prueba más de una orientación social que no cambia simplemente con la renuncia de un ministro.

Quizás la imagen que más resonó de la inflexibilidad hacia los sectores populares sea la represión en Guernica. Después de meses de un discurso que pregonaba el “quédate en casa”, se desalojó brutalmente a miles de familias sin techo, para que unos pocos ricos puedan construir su country con canchas de golf.

Ampliando los marcos de lo posible

La pandemia que atravesamos no es ninguna catástrofe natural, no es “inevitable” una segunda ola, como acaban de señalar Alberto Fernandez y Vizzotti, ni es “prematuro y poco realista” pensar en terminar con el covid en 2021, como señala la OMS.

Así como en su orígen está el avance de los negocios extractivistas y la destrucción ambiental, el combate a la pandemia depende de los intereses sociales, económicos y políticos que se privilegien. Esos discursos de “inevitabibilidad” son aquellos que presuponen seguir manteniendo intocables los de grandes capitalistas, mantener sus negocios, crear nuevos a partir de necesidades y seguir pagando una deuda ilegítima e ilegal. En el camino, el gobierno transformó lo que podría haber sido un impuesto progresivo a las grandes fortunas que financie la lucha contra el covid, en una “ayuda solidaria” mínima y dirigida en gran medida a financiar a empresarios del fracking.

Desde este diario venimos mostrando cómo las estrategias de mitigación y abrir y cerrar la economía a la espera de la vacuna salvadora, como señala el biólogo Rob Wallace y su equipo, no tiene fundamentos epidemiológicos y científicos-; al contrario, una estrategia que apunte a la supresión de contagios es posible y cada vez más la única opción racional para terminar con la pandemia. Pero implica cambiar la prioridades, privilegiar la vida y la salud de las mayorías trabajadores y cuestionar las ganancias de quienes se vienen enriqueciendo y expandiendo sus negocios durante la misma, tanto en nuestro país como a nivel global.

Reclamar la anulación inmediata de las patentes y políticas que apunten a frenar los contagios con recursos para aumentar el rastreo, testeo y aislamiento de casos, o incluso algo tan elemental como barbijos de calidad para todos y todas, (¿por qué no se producen y distribuyen estatalmente "los del Conicet"?) son medidas básicas, pero deben ser parte de un plan integral. Unificar el sistema de salud público y privado para poner la salud por encima de los negocios de los Sigman o Belocopitt; restituir el IFE aumentando su monto al costo de la canasta familiar para no poner a los trabajadores entre la espada del covid y la pared de la miseria; son otras medidas urgentes necesarias.

Para que esto no signifique más ajuste, urge dejar de pagar la deuda pública a los especuladores y nacionalizar la banca y el comercio exterior dentro de un plan integral para frenar el saqueo de recursos. Protocolos adecuados en lugares de trabajo, y cierre de actividades no esenciales con plenos derechos salariales y de trabajo, y sin despidos, es otra medida clave.

Y por supuesto, este ensayo de naturalización de la “segunda ola” no debe servir para fortalecer el aparato represivo estatal. Ni más Facundos Castros ni más represiones como en Guernica. La crisis sanitaria se resuelve con recursos y medidas como las señaladas, y no con represión.

Se trata de medidas que el PTS y el Frente de Izquierda levanta desde el inicio como parte de un programa de conjunto de la clase trabajadores y los sectores populares para terminar con esta pandemia.




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