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Red Internacional

La denuncia por usurpación levantada por Parques Nacionales fue la excusa que el 25 de noviembre de 2017 usó el gobierno de Macri para ejecutar un brutal operativo en Villa Mascardi. Cambió el Gobierno, pero el prefecto Pintos continúa en funciones, los responsables ideológicos y políticos impunes y el hostigamiento contra su comunidad sigue.

Miércoles 25 de noviembre de 2020 | 11:49

El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo por la espalda durante un desalojo a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi (cercanías de Bariloche) llevado adelante por la Prefectura Naval Argentina, los grupos especiales GEOP y Albatros y hasta un helicóptero de Gendarmería Nacional.

Días antes se habían reunido en Bariloche el juez federal Gustavo Villanueva, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad Gonzalo Cané.

El 23 de noviembre Villanueva firmó la orden de desalojar. En el operativo, los efectivos efectuaron más de cien disparos contra las mujeres, niños y jóvenes, que estaban desarmados. Una verdadera cacería que se cobró la vida de Rafa y que dejó a varios de sus compañeros heridos.

Algunos de los integrantes de la comunidad fueron detenidos e incomunicados, incluyendo menores de edad e incluso quienes bajaron del cerro a Rafa cuando éste agonizaba.

El Gobierno y todo el aparato mediático a su servicio intentaron desde el primer momento instalar la versión de que, entre los integrantes de la Lof y las fuerzas del Estado había ocurrido un enfrentamiento.

La misma ministra Patricia Bullrich, junto a su par de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, a horas de los hechos hicieron una conferencia de prensa reproduciendo la versión de Prefectura, según la cual la fuera represiva había sido "víctima" de un ataque armado por una banda de jóvenes mapuches, sin más pruebas que los testimonios de los criminales uniformados.

El montaje incluyó la versión de que la comunidad tenía armas de fuego porque formaban parte de una supuesta organización clandestina, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En febrero de 2018, “el gran diario argentino” publicaba un informe según el cual, científicos del Instituto Balseiro (sic) habían encontrado restos de pólvora en las manos de Rafael Nahuel, lo que fue desmentido en un documento sellado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de Cuyo y el propio Instituto.

En mayo de 2018 la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las excarcelaciones de Fausto Jones Huala (hermano de Facundo) y Lautaro González, que habían sido detenidos cuando bajaron a Rafael Nahuel y excarcelados cuatro días más tarde por el mismo juez Villanueva que había ordenado el desalojo de la comunidad.

Un mes más tarde una investigación periodística dio el nombre del prefecto que había disparado la bala que mató a Rafita. Francisco Javier Pintos era el autor material del crimen. Luego el cabo declararía en calidad de imputado frente al juez Villanueva, quien curiosamente no dictó la prisión preventiva ni para él ni para ninguno de los otros prefectos involucrados.

Francisco Javier Pintos
Francisco Javier Pintos

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En enero de 2019 el Juez Leónidas Moldes, mediante una maniobra judicial que todavía abonaba la teoría del enfrentamiento, procesaba a dos de los jóvenes mapuches por usurpación y a cinco de los prefectos que participaron de la represión, acusados de “homicidio agravado, mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa”. Un delito excarcelable y que les garantizaba esperar el proceso sin prisión preventiva.

Pero las pericias determinaron que solamente los uniformados habían efectuado disparos, que en la Lof no había armas ni municiones y que Rafa había sido asesinado por Prefectura.

Recién en mayo de ese año, un fallo de la Cámara Federal de General Roca ordenó la detención de Francisco Javier Pintos, cabo del grupo Albatros y autor del disparo que mató a Rafa, por “homicidio agravado”. Comenzaba a caer el “relato” de Bullrich y del gobierno macrista, aunque la medida se haría efectiva recién en junio. Un mes después de la orden de detención y 19 meses después del asesinato de Rafa.

Increíblemente (o no tanto) Pintos recuperaría la libertad veinte días después, gracias a un fallo de la misma Cámara que había ordenado su detención. Consideraron entonces que no había “peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa” por parte del prefecto.

En octubre de 2019, en un fallo escandaloso y basado en una pericia balística hecha por la Gendarmería de Patricia Bullrich (que tres meses antes del rimen de Nahuel había reprimido y hecho desaparecer a Santiago Maldonado), la Cámara Federal de Casación penal anuló el procesamiento de Pintos y apartó a los jueces de General Roca que habían ordenado su detención.

En febrero de este año, los nuevos camaristas de General Roca sobreseyeron al asesino, que sigue libre hasta el día de hoy.

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El cambio de gobierno no significó avances en la investigación ni mucho menos cambios en la política estatal para con las comunidades mapuches. Con el estallido de la crisis sanitaria y el despliegue de las fuerzas represivas por parte de los gobiernos nacional y provinciales, se acentuó la criminalización contra la Lof Lafken Winkul Mapu que inauguró el régimen macrista.

En marzo desaparecieron el arma y las balas que estaban bajo custodia judicial para aparecer al día siguiente en una caja de seguridad del juzgado de Bariloche, cuando estaban por ser trasladadas a Salta para una tercera pericia que, con la excusa de las condiciones que impuso la pandemia del covid-19, todavía no se llevó adelante.

Con el correr de 2020, la campaña mediática y política contra las recuperaciones ancestrales se intensificó, ante el silencio cómplice de los organismos del Estado nacional en teoría "mediadores" en un conflicto que desnuda sus propios intereses como Gobierno al servicio de la burguesía.

Las supuestas disputas políticas entre la gobernadora Arabela Carreras y el presidente Alberto Fernández resultaron no ser más que eso, supuestas.

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En agosto, la gobernadora de Río Negro se reunió en Buenos Aires con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para “acercar posiciones” en cuanto al “conflicto mapuche”. Y el mes pasado, días después de la Policía de Río Negro desalojara una recuperación en el Foyel, el Gobierno nacional envío un batallón de Gendarmería desde La Pampa para que quede apostado en Villa Mascardi.

A tres años del asesinato de Rafael Nahuel, la criminalización y represión contra las recuperaciones territoriales y la lucha por el derecho a la tierra para vivir han sido amalgamadas por el Estado provincial. Y ese mismo Estado ha sido cómplice y partícipe de esa criminalización y represión.

Las balas y las topadoras son todo lo que han ofrecido como solución a los reclamos de quienes luchan por el acceso a la tierra. Las causas como la de Rafa Nahuel, la de Santiago Maldonado y la de Facundo Castro son dilatadas y manipuladas por una maquinaria estatal que se alimenta de la miseria de millones mientras asegura la impunidad de unos pocos.

Pero la movilización y organización de todos los explotados y oprimidos pueden ser el motor que termine para siempre con este capitalismo inhumano. Si la clase trabajadora, las grandes mayorías, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios unificamos nuestras luchas, tenemos el potencial de cambiar este sistema de raíz.




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