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Red Internacional

El oficialismo intenta disimular el sometimiento a las garras del Fondo, que cogobernará el país. El ajuste en curso se agudizará en 2022. El país queda hipotecado por varios años.

Pablo Anino@PabloAnino

Viernes 28 de enero | 16:06

El Gobierno del Frente de Todos alcanzó un entendimiento con el Fondo en una negociación contra reloj y asimétrica. En el último tramo de la negociación el oficialismo “descubrió” que el FMI es el FMI: un organismo de dominación imperialista.

Esta realidad del orden mundial se vislumbra hasta en ciertos detalles: el Canciller, Santiago Cafiero, tuvo que viajar a los Estados Unidos a rendir pleitesía y rogar que destraben el acuerdo. Es que el país del norte tiene la llave del Fondo con el 17 % de los votos en el directorio. Y las otras potencias del G7 concentran lo central del resto de los votos.

En este contexto, reluce el dislate de una de las definiciones más importantes que realizó Alberto Fernández en su breve mensaje de hoy: “este acuerdo no nos condiciona”, afirmó el presidente. Estar en las garras del Fondo es uno de los más importantes condicionantes que cargará la economía argentina en las próximas décadas: el futuro está hipotecado.

Luego de denunciar que el crédito que concedió el organismo a Mauricio Macri fue un crédito político para facilitar su reelección, un crédito que extralimitó la cuota de Argentina, un crédito que facilitó la fuga de capitales a guaridas fiscales del gran empresariado, un crédito que no pasó por el Congreso, el oficialismo "perdió la memoria". Sin investigar nada, sin beneficio de inventario, decidió convalidar la estafa que realizó el Gobierno de Cambiemos al pueblo trabajador argentino.

El nuevo acuerdo llega sobre condiciones sociales agravadas por la pandemia y por las restricciones sobre las que operó la economía argentina aún antes de un acuerdo con el Fondo: nuestro país fue uno de los que menos gasto público realizó para enfrentar las consecuencias del Covid, no solo en comparación con las potencias económicas, sino incluso en relación con países vecinos con gobiernos ubicados a la derecha.

Las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con denuncias sobre el ajuste fiscal se basan en esta realidad: en 2021, según dijo CFK, el gobierno gastó más en pagos al FMI que en atender la emergencia por el Covid. A confesión de partes, relevo de pruebas. Desde que asumió Alberto Fernández se pagaron U$S 7.185 millones al FMI, incluidos U$S 731 millones pagados hoy.

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El acuerdo llega a relegar más las necesidades sociales urgentes cuando la pobreza afecta al 40,6 % de la población y ronda el 60 % entre los niños y jóvenes de hasta 14 años. Ni en el mensaje del presidente ni en la conferencia de prensa posterior del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se indicaron políticas para terminar con esta grave realidad social.

Guzmán señaló que el programa acordado se desenvolverá durante dos años y medio: comprende un ajuste para alcanzar un déficit de 0,9 % del PIB en 2024; el aumento de tasas de interés; y la acumulación de reservas para pagar la deuda. Pero las negociaciones siguen y como el Diablo está en los detalles podrían aparecer nuevos condicionantes inconfesables. Durante ese período de dos años y medio el Fondo aportará recursos (nueva deuda) para pagar la deuda heredada del macrismo. Desde 2026, el país deberá repagar la nueva deuda.

El ajuste fiscal implícito en los anuncios actuará por la vía directa sobre la educación, la salud, los jubilados, beneficiarios de programas sociales y los empleados públicos, entre otros destinos sociales de los recursos públicos, para liberar fondos en favor de los acreedores.

Pero la vía indirecta la inflación será otra arma central del ajuste en curso. La proclamada reducción de la brecha cambiaria no significa otra cosa que aumento del dólar oficial que, aunque sea gradual, y no comprenda (por ahora) un salto cambiario violento, impactará, como todo el mundo sabe en este país, en el nivel de inflación. En el polo opuesto, el ajuste cambiario beneficia en particular a los agroexportadores y, más en general, a toda la clase capitalista vía la devaluación del salario local medido en dólares.

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Por último, como señaló el comunicado del Fondo sobre el acuerdo alcanzado, un aspecto central del programa será la reducción de subsidios a los servicios públicos. Esto implica aumento de tarifas de gas y luz que, aunque no sean los tarifazos macristas, se aplicarán sobre ingresos populares que acumulan cuatro años de deterioro desde 2018.

Un objetivo poco explicitado, pero siempre buscado en los programas que aplica el Fondo en todo el planeta es atacar el salario real (es decir, su poder de compra): al contrario de lo que dijo Guzmán en la conferencia sobre el aumento del salario real, el combo de ajuste fiscal, reducción de la brecha cambiaria y reducción de subsidios a servicios públicos, ubicará al salario real en situación de fragilidad.

Cogobierno con Washington

El acuerdo fue presentado por el oficialismo con la intención de ocultar las graves consecuencias que traerá para las condiciones de vida del pueblo trabajador. “Alcanzamos un acuerdo que no contempla restricciones, que posterguen nuestro desarrollo, no limita, no restringe, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral y no nos impone llegar a un déficit cero", afirmó el presidente Fernández.

El acuerdo del Fondo con el macrismo tampoco contempló reformas jubilatorias ni laborales. Estaba en el aire (y sigue estando) el rechazo a la fórmula de actualización jubilatoria con la movilización de diciembre de 2017. Pero aquel acuerdo igual implicó un ataque a los ingresos a los adultos mayores y a los trabajadores. El nuevo pacto, obviamente, no plantea devolver lo robado a los jubilados en cuatro años de ajuste ni terminar con las jubilaciones de miseria: solo en este sentido es cierto que “no condiciona los derechos de nuestros jubilados”.

Además, lejos de la afirmación del presidente Fernández, la falta de resguardo ante la inflación de la nueva fórmula de actualización de jubilaciones que impulsó el Frente de Todos podría implicar nuevas pérdidas del poder de compra de los adultos mayores y otros beneficios sociales atados a esa fórmula, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), si se deteriora el salario de los trabajadores activos o la recaudación.

El régimen capitalista frente al seguro rechazo de una reforma laboral general por parte del movimiento obrero busca avanzar por sectores o por empresa. Es lo que hizo el macrismo con la flexibilización del convenio petrolero para Vaca Muerta, o como hizo el Frente de Todos dando vía libre a una flexibilización del convenio automotriz en Toyota. Hay más ejemplos.

Pero el acuerdo de facilidades extendidas al que llegó el gobierno actual comprende reformas estructurales que pueden aparecer como exigencia del Fondo si no se cumplen las metas acordadas. No es descabellado que el acuerdo deba readecuarse en poco tiempo: el Fondo siembra las condiciones del fracaso con metas potencialmente incumplibles. Esto ocurrió incluso con el macrismo a quien el Fondo le “dio todo”: en el mes de octubre de 2018, a pocos meses del primer acuerdo, tuvo que readecuar el programa económico con cierre de ministerios, metas de emisión monetaria cero y déficit cero para 2019.

El Fondo contará con un instrumento formidable con las revisiones trimestrales que anunció hoy Guzmán: esas revisiones implicarán una intromisión insoportable en todos los asuntos de estado, en particular en las cuentas públicas. Este sometimiento se afianzará con un arma adicional sobre la sien de la economía argentina en manos de los mandantes de Washington. Es que el gobierno que proclama el “nunca más” a la deuda, acaba de pactar lo contrario: tomar nueva deuda para cancelar la deuda macrista. Cada tres meses, el Fondo decidirá si manda fondos frescos para cancelar los gigantescos pagos comprometidos por el macrismo.

Si el Fondo decide cerrar el grifo ante un incumplimiento argentino, provocaría una crisis de dimensión mayor que la que supuestamente se está exorcizando. No solo eso. Desde 2026, el país deberá asumir los pagos del nuevo préstamo que se sumará a los ya imposibles pagos con acreedores privados que van a ir en ascenso desde 2024/2025.

Un freno a la actividad económica

El crecimiento de 2021 permitió recuperar la caída de 2020 por el Covid, pero no la acumulada desde 2018. No solo eso: el crecimiento sostuvo en niveles elevados los graves índices sociales y aumento la desigualdad en la distribución del ingreso: es decir, es un crecimiento que se lo quedaron unos pocos.

No obstante, la economía argentina se encuentra en situación de virtual estancamiento desde 2012/2013. La CEPAL habla de una “década pérdida” para América Latina. En este panorama está inmersa la realidad del país. Por eso, el crecimiento 2021, desigual socialmente y también por ramas de actividad, no significa ningún “milagro”. Con el FMI al mando de la economía el país difícilmente saldrá es esta situación de letargo.

En la conferencia de Manzur y Guzmán se dieron algunos detalles que contradicen la definición del presidente sobre la ausencia de restricciones, en particular al crecimiento. El sendero fiscal anunciado comprende un déficit primario de 2,5 % del PIB (Producto Interno Bruto) para este 2022. El ministro de Economía no se puso colorado al decir este número cuando en diciembre defendió un Presupuesto con déficit de 3,3 %.

Es estos términos, el Fondo impuso un recorte adicional de 0,8 % del PIB para el corriente año: siguiendo los cálculos del PIB que hizo el Ministerio de Economía para 2022, el recorte de 0,8 % adicional impuesto por el FMI alcanzaría a alrededor de $ 481 mil millones o el equivalente a cuatro meses de pagos del haber mínimo jubilatorio a cuatro millones de adultos mayores.

Este recorte se realiza sobre un recorte que ya había asumido hacer Guzmán antes del acuerdo: se trata de una reducción del déficit 2022 en relación al registrado en 2021. La dimensión del recorte entre ambos años fue disimulada por el efecto de factores operantes el año pasado que no estarán presentes en el actual: recaudación por aporte solidario; recaudación incrementada de retenciones incrementada por los precios internacionales; y los Derechos Especiales de Giro (DEG) que envío el Fondo a todos los países miembro.

El sendero de ajuste fiscal continuará en 2023 con un recorte adicional de 0,6 % del PIB para que el déficit llegue a 1,9 % del Producto. Otro tanto ocurrirá en 2024 con otro ajuste del 1 % para alcanzar la meta de 0,9 % de déficit en relación al PIB. Este sendero presuntamente gradual de ajuste establecerá estrechos límites, no solo al desarrollo del que habló el presidente (que implica mucho más que crecimiento en tanto comprende -aunque existe un largo debate sobre el tema- mejorar el entramado productivo), sino que será un ancla para el crecimiento de la economía.

El ministro Guzmán sabe, si es fiel al credo neokeynesiano de su mentor Joseph Stiglitz, que el sendero de reducción del déficit fiscal comprometido le quita herramientas al Estado para incentivar el crecimiento. De hecho, hace pocas semanas, en la presentación del estado de situación de las negociaciones a los gobernadores (donde se ausentaron los de Juntos) el ministro defendió un sendero de ajuste fiscal distinto al ahora aceptado. Y enfatizó que era el principal punto de disputa con el Fondo. Es decir, el gobierno defeccionó ante el organismo internacional al igual que lo hizo en 2020 en la negociación con los lobos de Wall Street para la reestructuración de deuda con acreedores privados.

El oficialismo hace malabares para explicar que no habrá ajuste en términos reales del presupuesto afirmando que la reducción del déficit se alcanzará gracias al crecimiento. Pero es justamente el crecimiento el que se está comprometiendo con el sendero de reducción del déficit.

No solo eso. El ministro Guzmán también anunció que se buscarán tasas de interés reales positivas. El aumento de las tasas de interés, algo que de todos modos comenzó a practicar el Banco Central antes del acuerdo, implica encarecer el crédito productivo y al consumo (costará más caro comprar, por ejemplo, una heladera o un televisor a crédito). Es decir, implica una traba adicional al crecimiento económico que el Frente de Todos dice defender como principio. No es casual que, entre tantas metas, por ahora no se hayan explicitado metas de crecimiento.

La suba de la tasa de interés tiene un objetivo adicional: dar un incentivo al capital financiero para que financie en el mercado local el déficit en la transición hasta su reducción. Esto significa un reemplazo del financiamiento del déficit en detrimento de la emisión monetaria (que en sí misma no es buena) y en favor del capital privado (que seguro es peor). Lo que nunca está en el debate con el Fondo es afectar fuertemente los intereses de los grandes capitalistas para “equilibrar” las cuentas con impuestos progresivos.

La política de acumulación de reservas en el Banco Central que anunció Guzmán tiene varias aristas. El cronograma de vencimientos de deuda desde 2024/2025 con acreedores privados y desde 2026 con el FMI será prácticamente imposible de abordar, por lo cual otra crisis de deuda está en el pronóstico para el futuro inmediato.

Por eso, existe una urgencia para que se acumulen reservas para pagar la deuda. Pero la acumulación de reservas para pagar deuda en el país de la “restricción externa” (es decir, la escasez de dólares para sostener el crecimiento) implica que los dólares disponibles en estas pampas estarán en disputa entre los que hay que guardar para pagar la deuda y los que se necesitan para sostener la actividad económica a través de la importación de bienes de capital (máquinas, tecnología, etcétera) e intermedios (insumos) para abastecer un aparato productivo atrasado o de bienes de consumo finales.

En este contexto, también se entiende la política talibán del oficialismo para impulsar el extractivismo minero, hidrocarburífero y agropecuario con el fin de obtener dólares en el comercio exterior: es reventar el ambiente para pagar la deuda.

La deuda eterna

Todo el régimen político (ya existen pronunciamientos de la oposición cambiemita a favor del acuerdo), el gran empresariado, los más poderosos grupos periodísticos, los economistas del establishment presentan la necesidad de someterse a las garras del Fondo como única alternativa para evitar el caos económico. Como garantía de estabilidad. En realidad, es todo lo contrario. Defienden un salvataje a los negocios capitalistas en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Esto se vislumbra en el festejo que tiene curso en los "mercados".

La historia es abundante en testimonios de cómo el Fondo hundió al país. Las consecuencias para el pueblo trabajador se grafican fácilmente con el final caótico del alfonsinismo, con las políticas noventistas del menemismo y el quiebre de la convertibilidad junto a la crisis social inédita del 2001/2002.

En la historia reciente, el acuerdo macrista, en los 19 meses que van desde junio de 2018 (primer acuerdo con el Fondo) a diciembre de 2019 (fin del mandato), implicó que el poder de compra del salario retrocedió 13 puntos porcentuales en el sector privado registrado, 10 puntos porcentuales en el empleo público y 19 puntos porcentuales entre los trabajadores y trabajadoras informales. El porcentaje de personas pobres pasó de ser el 27,3 % en el primer semestre de 2018 al 35,5 % en el segundo semestre de 2019. No hay dudas: el Fondo es una máquina de generar pobreza.

La izquierda plantea una salida opuesta al régimen capitalista: el desconocimiento soberano de la deuda basado en la movilización obrera y popular; y un programa de reorganización económica y social en beneficio de las mayorías. No es inexorable repetir una y otra vez la historia de sometimiento y decadencia a la que lleva el régimen capitalista.

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