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Red Internacional

Breve repaso de un momento histórico de enorme actualidad. Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández y demás funcionarios orquestaron una represión que dejó dos muertos y decenas de trabajadoras y trabajadores desocupados heridos. Así el peronismo respondía a las víctimas de la crisis económica y social. Una crisis que hoy regresa con rostros que se repiten.

Carla LacorteIntegrante del CeProDH | Dirigente del PTS

Carlos MusanteAgrupación Marrón (PTS e independientes), Congresal Suteba Quilmes

Sábado 26 de junio | 00:00
Fotos Pepe Mateos y Agencia DyN

Se cumplen 19 años de la Masacre de Avellaneda. En medio de la crisis económica, social y política que atraviesa el país se vuelve imprescindible repasar los hechos que la precedieron, lo sucedido y sus consecuencias políticas. Y también el manto de impunidad que rodea a sus responsables, muchos de los cuales hoy son parte del gobierno del Frente de Todos.

Para junio de 2002 el bloque del “piquete y la cacerola” que, junto a las fábricas ocupadas, había conmovido a la Argentina en las jornadas de diciembre del año anterior, comenzaba a debilitarse. Si bien la desocupación se mantenía en un 22,5 %, la subocupación alcanzaba una cifra similar y la fenomenal devaluación del peso (orquestada por el gobierno de Eduardo Duhalde) había reducido a su tercera parte el poder adquisitivo de los salarios, sectores medios de la población se ilusionaban con las promesas gubernamentales de devolución de los ahorros que habían sido confiscados por “el corralito” de Domingo Cavallo. Y comenzaban a pedir “orden”.

Duhalde, que había asumido en enero por un acuerdo de la Asamblea Legislativa en un clima de enorme inestabilidad, consideró que tenía la base social suficiente para acabar con los fuegos de diciembre. El posicionamiento oficial ante los sectores de trabajadores desocupados, las asambleas barriales que se mantenían y los obreros que ponían a producir sus fábricas sin patrón, que seguían movilizados, comenzó a endurecerse hasta volverse abiertamente hostil.

Una semana antes de la jornada del 26 de junio, el mismo Duhalde declaró: “los intentos de aislar a la Capital no pueden pasar más, tenemos que ir poniendo orden”. El burócrata sindical devenido jefe de Gabinete Alfredo Atanasof y el secretario general de la Presidencia Aníbal Fernádez, entre otros funcionarios, denunciaban ante los medios “planes insurreccionales” a partir de informes de inteligencia obtenidos en una Asamblea Nacional de Trabajadores realizada en el gimnasio municipal Gatica de Villa Domínico (Avellaneda) y aseguraban que se iban a impedir las acciones de lucha “como sea”.

Día de lucha y represión criminal

La jornada del 26 había sido convocada por un conjunto de organizaciones que reclamaban aumentos de salarios y de planes sociales, más alimentos para los comedores y solidaridad con la cerámica Zanón de Neuquén sobre la que pesaba una amenaza de desalojo. Esa mañana el centro de Avellaneda amaneció virtualmente blindado por efectivos de los distintos cuerpos de la Policía Bonaerense y de las fuerzas federales, como parte de un operativo coordinado por el exservicio de inteligencia y ministro de Seguridad de la Nación Juan José Alvarez y la gobernación de la Provincia de Buenos Aires encabezada por el actual canciller Felipe Solá.

Cerca del mediodía movimientos de desocupados y partidos de izquierda (Polo Obrero, MTR, MTL, una delegación del PTS, entre otros) se concentraron en las inmediaciones de Plaza Alsina y comenzaron a marchar hacia el Puente Pueyrredón. Lo propio hicieron el Movimiento Aníbal Verón (al que pertenecían Darío Santillán y Maximiliano Kostequi) y algunas asambleas barriales que se encontraron en la estación de trenes y marcharon por la avenida Pavón hacia Mitre.

Foto Pepe Mateos
Foto Pepe Mateos

Cuando las columnas iban a encontrarse bajo el Puente Peatonal que atraviesa la avenida Mitre una formación en “cuña” de la Policía Bonaerense encabezada por el comisario Alfredo Fanchiotti se interpuso provocativa y violentamente entre los dos grupos de manifestantes que pugnaban por unirse. Luego de algunos enfrentamientos sobrevino la represión.

La Policía fue empujando y atacando al sector más masivo para que retrocediera sobre Pavón, donde esperaban emboscados otras divisiones de la Bonaerense y las fuerzas federales que embistieron, detuvieron y dispararon con todo tipo de balas, fundamentalmente de plomo, a los manifestantes que trataban de retroceder ordenados en dirección a la estación de trenes.

Sobre Mitre la columna también retrocedió resistiendo, a pesar de los disparos, hasta que un ataque de la Bonaerense por distintos flancos en Plaza Alsina obligó a la dispersión por las calles que llevan al Hospital Fiorito.

Foto Pepe Mateos
Foto Pepe Mateos

Maximiliano Kostequi era uno de los manifestantes que se encontraban sobre Pavón. A la altura de un conocido hipermercado recibió un balazo que lo hirió gravemente. Como pudo llegó al hall de la estación de Avellaneda, donde se desplomó. Darío Santillán llegó poco después y se detuvo a socorrerlo. Ya estaba en la mira de la Bonaerense por informes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en ese entonces a cargo del duhaldista Carlos Soria (padre de Martín, actual ministro de Justicia).

Un grupo de policías con itakas rodeó a Darío mientras él intentaba hacer reaccionar a Maxi. Quiso pararlos, pero cuando vió que los uniformados sedientos de sangre hacían caso omiso a los pedidos por su compañero, trató de esquivarlos. Fue entonces que recibió la perdigonada en la arteria femoral que le arrancó la vida.

Las corridas y enfrentamientos duraron hasta avanzada la tarde. La policía continuó la persecución de la columna que retrocedía por Pavón hasta el límite con Lanús. También en los alrededores del Hospital Fiorito. Hubo noventa heridos (un tercio con balas de plomo) y casi doscientos detenidos. Darío y Maxi habían muerto.

Con la masacre consumada, Felipe Solá llamó al comisario Fanchiotti para felicitarlo por el éxito del operativo y anunciarle un ascenso. Años después Solá sería precandidato a presidente y recibiría el apoyo de algunos movimientos sociales, los llamados “cayetanos”, que precisamente aquel 26 de junio no fueron parte de la jornada de lucha nacional.

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Foto Pepe Mateos
Foto Pepe Mateos

“La crisis causó dos nuevas muertes”

Al día siguiente Clarín, “el gran diario argentino”, encabezó su edición con ese título, que no solo chorreaba complicidad por lo abstracto del sujeto que había ejecutado los crímenes sino que (des)informaba, en común con el actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio Aníbal Fernández (ahora fervoroso “enemigo” de Clarín) que las muertes habían ocurrido en el marco de “un enfrentamiento entre piqueteros” y no que habían sido producto del operativo y la represión conjunta ordenada por los gobiernos nacional y provincial.

Al día siguiente, mientras los velorios de Darío y Maxi en los barrios donde militaban recibían nutridas delegaciones de vecinos y organizaciones, se organizaba una marcha de Congreso a Plaza de Mayo para las últimas horas de la tarde. La respuesta oficial fue bloquear con retenes policiales y de otras fuerzas todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona sur del conurbano. Había que impedir las llegadas a la ciudad.

A la hora de la concentración las calles paralelas a Avenida de Mayo estaban tapizadas de policías federales. Todo indicaba que podían volverse a repetir hechos similares a los del día anterior. Pero la masividad de la movilización puso al Gobierno de Duhalde a la defensiva. Y no solo eso. Días después Duhalde tuvo que reconocer que en Avellaneda la policía había llevado adelante “una cacería”, de la que obviamente no se hizo cargo. Y anunció el adelantamiento de las elecciones.

Clarín “desarchivó” entonces las fotos que mostraban instante por instante el asesinato de Darío, que habían sido tomadas por valerosos reporteros gráficos como Pepe Mateos y ocultadas por Ernestina de Noble y Héctor Magnetto. No publicarlas era un gesto de agradecimiento de Clarín a Duhalde por darle la “Ley de Defensa de la Cultura” que había impulsado para salvar al multimedio de la quiebra.

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Así terminaba el intento de Duhalde de apagar con sangre los fuegos del 2001. Al “gobierno del orden” se le imponía otra salida, otra forma de desvío: las elecciones de 2003.

Un juicio a medida de la impunidad

Tras asumir en mayo de 2003 en reemplazo de Duhalde, Nestor Kichner instruyó al Poder Judicial para que la Masacre de Avellaneda fuera dividida en varias causas. El objetivo era diluir la responsabilidad política de su antecesor, que había apadrinado la llegada al poder del santacruceño y, con ello, la continuidad de varios de sus funcionarios en el nuevo gabinete.

Vale recordar también que, poco después de asumir, Kirchner se había comprometido ante los familiares y compañeros de Darío y Maxi a esclarecer el caso, ofreciendo incluso la apertura de los archivos de la SIDE. Eso sí, bajo la condición de que dejaran de cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de justicia. Como se ve, el puente se sigue cortando y los archivos nunca fueron entregados.

El juicio se llevó adelante en 2005. Como se relata en el libro La disciplina de las balas (Ediciones IPS, 2019), “terminó con la condena de algunos de los responsables materiales, como Fanchiotti, pero con la impunidad de los autores ideológicos que siguieron ocupando importantes cargos públicos y presentándose como candidatos, como es el caso del exgobernador bonaerense Felipe Solá”. Es que como en otros momentos de nuestra historia, no hubo “errores” ni “excesos” en la Masacre de Puente Pueyrredón. Lo que existió fue un plan criminal organizado por los gobiernos de Duhalde, Solá y el conjunto del Estado para intentar acabar mediante el terror con los sectores de vanguardia nacidos de los fuegos de 2001.

No pueden entenderse de otra manera las amenazas de Eduardo Amadeo y Alfredo Atanasof, entre otros, la semana anterior a los asesinatos de Darío y Maxi, el operativo montado ese día por el entonces ministro del Interior Juanjo Álvarez, ni el criminal y aceitado accionar de la Bonaerense, la Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la SIDE.

En el libro citado decimos que “Fanchiotti y los policías que lo acompañaban son asesinos sedientos de sangre, dignos continuadores del general Camps. Pero no son locos sueltos. Respondían a claras directivas políticas. Solo así puede comprenderse también la primera versión oficial de los hechos que atribuía todo a una supuesta ‘interna piquetera’. Solo después de la enorme movilización del 27 de junio se pudo conocer parte de la verdad”.

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A 19 años de la Masacre de Avellaneda, la enorme lucha dada por los familiares y amigos de Darío, acompañada consecuentemente por las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados y los partidos de izquierda, tuvo como logro la condena de algunos de los responsables materiales de los hechos. Sin embargo, los responsables políticos no solo siguen impunes sino que ocupan importantes cargos públicos, incluso dándose aires de “progresismo”.

Hoy, 19 años más tarde, la Argentina atraviesa una profunda crisis económica, política y social. A casi dos décadas muchos de los responsables políticos de la Masacre mantienen importantes cuotas de poder en el gobierno del Frente de Todos. Y 19 años más tarde trabajadores ocupados y desocupados protagonizan luchas para que no paguemos los platos rotos de la crisis. Conocer los hechos de aquel junio se vuelve fundamental para afrontar los desafíos que a todos los niveles nos plantea la actual situación política.

Hoy cuando muchas pibas y pibes retoman el legado militante de aquellos jóvenes heroicos, desde la izquierda obrera y socialista volvemos a marchar, a cortar el Puente Pueyrredón y a gritar con toda la voz: ¡Darío y Maxi presentes!




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