Sociedad

GATILLO FÁCIL

A 12 años del caso Luciano Arruga, la lucha contra la impunidad sigue vigente

Su caso recorrió el mundo y sigue siendo un emblema de lucha contra el gatillo fácil, la represión y la impunidad. El próximo 31 de Enero en un nuevo aniversario del secuestro y la desaparición, el espacio Luciano Arruga a partir de las 15 horas realizará una transmisión por Radio Zona Libre.

Fernando Barraza

Estudiante Trabajo Social | UNLaM

Mickaela Vivas

Ingresante UNLaM

Miércoles 27 de enero | Edición del día

Luciano Arruga fue un pibe que vivió en el barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador. En 2009 a los 16 años fue secuestrado, torturado y desaparecido a manos de la Policía Bonaerense de Scioli. El caso es ejemplo de una política donde las fuerzas represivas organizan y regulan el delito con el rol cómplice de la justicia y con responsabilidad estatal. Es la misma maldita policía la que mata sin piedad a los pibes de los barrios si se niegan a robar para ellos.

La lucha incansable de la familia de Luciano Arruga, con su hermana Vanesa a la cabeza junto a referentes de DDHH y diversas organizaciones políticas, impidió que el caso no pasara al olvido, y en definitiva, logró que en octubre de 2014 los restos de Luciano fueran identificados en una fosa del cementerio porteño de La Chacarita. En 2015 con la firme lucha, la familia consiguió que el policía Julio Diego Torales sea condenado a diez años de prisión por ser hallado culpable de torturar a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador en el año 2008.

Un responsable político es Fernando Espinoza, quien en 2009 era intendente del Partido de La Matanza y desde el 2019 hasta la actualidad retornó a su cargo histórico como parte del Frente de Todos. Daniel Scioli, otro de los responsables, era en ese momento Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y en la actualidad es funcionario del Frente de Todos como Embajador de Argentina en Brasil, donde se lo puedo ver elogiando al derechista y racista Bolsonaro durante el 2020.

La continuidad de la violencia institucional

Luciano Arruga no es un caso aislado, pasaron 12 años pero la impunidad es una realidad que sigue vigente. Tampoco fue un suceso ocasional ya que la función social y política de la Policía es defender los intereses de los grandes empresarios y para esto, el Estado y sus gobiernos utilizan de chivo expiatorio a la juventud y la criminaliza, así como lo hace también con la pobreza, y esto conlleva a una política represiva de todos los gobiernos dejando víctimas de gatillo fácil. Los datos según el último informe de Correpi informan que 411 personas fueron asesinadas por el Estado entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020, bajo la gestión de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la cuarentena se observó un aumento en los fallecimientos bajo custodia policial en cárceles y comisarías, además de un control y hostigamiento hacia los trabajadores que no podían cumplir con la cuarentena total por trabajar en condiciones precarias y de forma autónoma, como por ejemplo aquellos que subsisten a través de changas o en las populares ferias del conurbano. Sin ir tan lejos, una de las primeras imágenes de la cuarentena fue la Gendarmería arrinconando contra la pared a ocho pibes en Casanova.

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La violencia institucional siempre fue una política de estado. Durante el gobierno macrista uno de los casos más emblemáticos fue el de Santiago Maldonado, o el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, que es parte de la misma Fuerza que elimina pruebas y planta pistas falsas para desviar la investigación cuando está involucrada. Otros ejemplos fueron la masacre de San Miguel del Monte, la figura de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad al querer imponer las pistolas Taser y la conocida doctrina Chocobar, con el discurso de que la Policía que se lleva la vida de pibes todos los días, está para cuidarnos.

En relación a la gestión actual, Alberto Fernández junto con la ministra de Seguridad Sabrina Frederic suprimió algunas medidas tomadas por Patricia Bullrich, pero sostuvo una importante presencia de las fuerzas represivas en los barrios populares y obreros. Con la cuarentena como excusa, el Gobierno también reforzó el control social del aparato represivo en las calles de los barrios del Conurbano. Además el oficialismo aumentó las atribuciones a la Bonaerense, fuerza a cargo del ex carapintada Sergio Berni, dándole todavía más recursos y poder.

Uno de los acontecimientos más llamativos fue la crisis en la Provincia por el amotinamiento policial tras presentar un pliego de reclamos, que además de una suba salarial se encontraba la exigencia de mayor impunidad. El punto 14 del pliego decía: “Basta de represalias” (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento). En menos de 24 horas Kicillof y Berni cedieron ante el reclamo mostrando una rápida respuesta para la Policía, todo lo contrario a la hora de atender los reclamos de los trabajadores de la salud o las familias de las tomas del país, que luchan por una vivienda digna. En el desalojo de Guernica recibieron una brutal represión de la Policía disparando contra las familias. La misma Bonaerense prendió fuego las casillas en Rafael Castillo. También son recordados los eventos represivos en el frigorífico Penta o en Cresta roja.

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Como si fuera poco para terminar el año, el gobernador Kicillof y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero presentaron el “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la Provincia de Buenos Aires” lo que implica más equipamiento y desembolsar miles de millones de pesos para la Policía.

No hay ajuste sin represión

La juventud trabajadora es el principal sector que sufre la informalidad, el trabajo precario sin seguridad social ni derechos mínimos, un modelo de trabajo basura, en su mayoría se da en lugares como las apps, call centers o comidas rápidas y ante la pandemia muchos trabajan sin medidas de seguridad e higiene elementales. La desocupación para jóvenes de entre 14 a 29 años es de más del 20%, por su parte la pobreza finalizó el 2020 superandoel 42%. Mientras el Gobierno no toma medidas de fondo para enfrentar la pandemia, destina 37 millones a las fuerzas represivas, el Presupuesto 2021 no contempla ninguna partida para la IFE, se ajusta un 10% en salud y se garantiza el pago de la deuda fraudulenta. En conclusión, el ajuste no cierra si no es con represión.

La violencia institucional día a día sigue cobrándose la vida de los pibes más vulnerables: el 40% de las víctimas de 2020 tenían menos de 25 años y muestra que la juventud es el sector más afectado. Al comienzo de la cuarentena sucedió a manos de la Policía Bonaerense de Berni la desaparición seguida de asesinato de Facundo Castro de 22 años. Poco tiempo después, la misma fuerza asesinó a Lucas Veron de 18 años en el partido de La Matanza.

Hoy la bandera de Luciano Arruga en contra de la impunidad, la represión y la criminalización de la juventud se encuentra más vigente que nunca. Frente a un marco de ajuste, tomando el ejemplo de Mónica Alegre que se solidarizó con las familias de Los Ceibos y denunció la represión que sufrieron por parte de la policía bonaerense, es necesaria la unidad de todos los trabajadores, jóvenes precarizados y familias que luchan por tierra para vivir. Este 31 de Enero desde el CeProDH zona oeste y la Juventud del PTS acompañaremos a la familia y amigos de Luciano en la transmisión por Radio Zona Libre a partir de las 15 horas para pedir justicia y el esclarecimiento por el caso, en la lucha por que no haya impunidad.







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