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A 11 años del fallo Arriola: más criminalización y más penas

La criminalización de la tenencia para consumo personal fue considerada inconstitucional, sin embargo la persecución a pequeños cultivadores y consumidores sigue vigente y los grandes negocios del narcotráfico siguen impunes.

Domingo 30 de agosto | 18:01

El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley de drogas que penalizaba la tenencia de marihuana por parte de una persona adulta para consumo personal en el ámbito privado. Según el dictamen, conocido como “fallo Arriola”, la ley 23.737 no respeta el artículo 19 de la constitución.

Si bien este fallo sentó un precedente y generó varios debates sobre la necesidad de modificar la ley de drogas, las discusiones no avanzaron. Y el aumento de casos de encarcelamiento de miles de personas por tenencia para cultivo o autocultivo, el armado de causas penales, bajo la falsa idea de “guerra contra el narcotráfico”, muestran otra realidad.

La organización Reset, ONG especializada en políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos, reveló que alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales por la tenencia de sustancias para consumo personal, principalmente cannabis, lo que le viene costando al Estado alrededor de 400 millones de dólares desde el dictado del fallo. Dinero que bien podría haber sido destinado a fortalecer el sistema sanitario por ejemplo, hoy al borde del colapso por la irrupción de la pandemia.

Un relevamiento que realizaron desde el ministerio de Seguridad a comienzos de la gestión de Sabina Frederic, sobre datos de las acciones implementadas por las cuatro fuerzas federales durante la gestión de Patricia Bullrich. Aquí algunos de los datos:
• En 2019 se realizaron 25 mil operativos, apuntados a vendedores barriales o consumidores que tenían en promedio apenas 8 gramos, lo que entraría en la tenencia para consumo personal.

• Los operativos aumentaron en los últimos 3 años mientras disminuyó la cantidad de droga incautada. Por ejemplo, en cuanto a la marihuana, entre los años 2017 y 2019 hubo un aumento de246% de las incautaciones y una caída del 5% en la cantidad de la planta.

• Con respecto a las personas detenidas, en las cárceles federales el 35% lo está por infracción a la ley de drogas. Según la Procuración Penitenciaria Nacional (SPN) y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la Pena (Sneep) a diciembre de 2018 de las 5358 personas presas: 318 por tenencia simple, 368 por comercialización, 1.061 por tráfico y 3.426 sin especificación del artículo violado.

Uno de los casos más resonantes fue el Damián Raña, joven ensenadense que estuvo preso 8 meses en 2109 por cultivar marihuana para uso medicinal, tras sufrir un grave accidente, pasando por una comisaría de la policía bonaerense y dos alcaidías del Servicio Penitenciario provincial.

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En 30 años de vigencia la ley de Estupefacientes 23.737 ni el poder ejecutivo ni el legislativo iniciaron reformas que modifiquen esta norma que castiga a las y los usuarios de sustancias psicoactivas. Incluso, en los últimos años, esta situación se agravó con las intervenciones del Ministerio de Seguridad de la Nación que en su lucha contra el narcotráfico criminaliza particularmente a consumidores.

El camino que implementó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en su supuesto combate contra el narcotráfico, con sus espectaculares fogatas mediáticas de drogas incautadas, era parte de un show que perseguía el objetivo de fortalecer el aparato represuvo. En tanto la ministra Sabina Frederic se distancia de la política de su antecesora, y ha venido sosteniendo la necesidad de un debate serio sobre la despenalización de las drogas blandas ante el fracaso de las políticas de guerra contra el narcotráfico.

Pero como lo demostró ante la incautación de marihuana en Concordia, a mediados de mes, en un trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la justicia en lo que fue un”hito de colaboración” para la ministra, está lejos está de poner en jaque a las grandes bandas narcos, aunque así las presenten. Lejos también va quedando el discurso de la legalización de su agenda de trabajo.

La prohibición, la persecución y el estigma, tiene un beneficiario directo: el mercado ilegal y todos los garantes del crimen organizado, que actúan en convivencia con estamentos del Estado como el poder judicial, el poder político y las fuerzas de seguridad. El negocio del narcotráfico mueve millones por año sin ningún tipo de restricciones. Ilegalidad que lleva al fortalecimiento del aparato represivo estatal que golpea sobre la juventud y los sectores más emprobrecidos.

Más de 25 proyectos fueron presentados a lo largo de estos 11 años. En 2016 desde el Frente de Izquierda Unidad se presentó un proyecto de legalización integral del cannabis, que contemple tanto la plantación, cultivo, cosecha, producción y almacenamiento como para su comercialización, distribución, adquisición, tenencia y consumo. Ninguno fue tratado en las cámaras del Congreso.

La legalización de las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo es un derecho y un tema pendiente para los usuarios de sustancias.







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