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Red Internacional

Cada primer miércoles de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Un día de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad en un sistema cada vez más desigual.

Miércoles 6 de octubre | 18:09

Las personas con discapacidad, entre ellas las afectadas por la parálisis cerebral, una vez más se visten de verde para concientizar a la sociedad sobre su derecho a vivir una vida plena en un sistema caracterizado por la segregación y desigualdad.

En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en cuanto a normativas legales que amparan y reconocen a las personas con discapacidad derechos esenciales para desarrollar sus proyectos de vida. Pero en la práctica, los que nos desempeñamos en el área de discapacidad o los que tenemos a algún familiar con esa condición, sabemos lo que tienen que luchar para lograr acceder a coberturas médicas, a un puesto de trabajo real o a un plato de comida.

Acceso a prestaciones básicas de discapacidad ¿para todos?

La pandemia de covid-19 acentuó aún más las dificultades para que las personas con discapacidad puedan acceder a prestaciones médicas. Muchas de esas prestaciones son de carácter terapéutico que posibilitan mayor calidad de vida.

Muchos pacientes sufren la falta de tratamientos y de acceso a equipamiento necesario, debido a las múltiples trabas burocráticas administrativas que el sistema de salud les exige para poder acceder a la cobertura médica, a pesar de estar garantizadas por leyes nacionales.

Esta situación no solo perjudica a las personas con discapacidad. También afecta a los miles de prestadores de discapacidad que trabajamos bajo una relación de dependencia encubierta o bajo la falsa idea de trabajo independiente como es el monotributo.

Bajo esta forma de explotación laboral, la del monotributo, los profesionales del área de discapacidad no participamos en la discusión paritaria. Cobramos nuestros honorarios con importantes retrasos, sin derecho a vacaciones o licencias por enfermedad. Mientras tanto las prepagas, con el visto bueno del gobierno, nunca dejaron de incrementar sus cuotas. Hasta octubre de este año está pactado un aumento del 47,4%.

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Pasan los gobiernos de turno, pero las condiciones de miseria y precariedad laboral se sostienen en un sistema capitalista donde los recursos y avances tecnológicos no están al servicios de los que más los necesitan, en este caso las personas con discapacidad.

Una vez más cobra vigencia la necesidad de unificar el sistema de salud público y privado bajo la órbita del Estado, con control de los pacientes y de las y los trabajadores, para que no haya distinción en el acceso a la salud y terminar de una vez por todas con los negocios de las prepagas y la precarización laboral.

Cupo laboral del 4%: derecho a un trabajo digno

La posibilidad de conseguir un trabajo digno que permita la plena inclusión del sujeto con discapacidad en la sociedad se ve afectada por la situación que atravesamos en general, con un nivel de desempleo y precariedad en la juventud verdaderamente preocupante. En jóvenes mujeres de hasta 29 años de edad el porcentaje de desocupación llega a 24,9% y en varones de la misma franja etaria, al 17%.

En medio de esta situación, el cupo laboral del 4% de personas con discapacidad está lejos de cumplirse, inclusive en el sector público. Lo mismo pasa en el sector privado, a pesar de los beneficios que pueden obtener los empresarios al contratar personal con discapacidad.

En estos últimos días vimos cómo los empresarios y políticos afines a sus intereses quieren instalar el debate por la flexibilización laboral. Esto se traduce en la quita de derechos laborales en beneficio de las patronales. Aún no se llega a concretar de forma efectiva la aplicación del cupo laboral de personas con discapacidad, que ya piden a gritos más precarización de las condiciones de trabajo.

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Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad queremos resolver la problemática de la desocupación, el empleo precario y que de una vez por todas se cumpla con los cupos laborales establecidos en la ley. El reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción de sueldos y con un salario mínimo igual a la canasta familiar va en ese sentido.

De esta forma podrían ingresar cientos de miles de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral, entre ellos personas con discapacidad que se incorporen plenamente para dar cumplimiento al cupo laboral que tienen por derecho.

Estas condiciones de precariedad que sufren tanto las personas con discapacidad como las y los trabajadores que nos desempeñamos en el área son parte del ajuste que vienen descargando sobre nosotros. Cada peso que se destina al pago de la deuda o que se fuga a paraísos fiscales se traduce en menos recursos para las grandes mayorías.

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Es necesario organizarse desde abajo, en cada barrio con las familias, en cada lugar de trabajo con nuestros compañeros, para construir una fuerza que le imponga al gobierno una agenda en defensa de los derechos de los que menos tienen y más necesitan.




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