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Red Internacional
La Izquierda Diario

En Córdoba como todo el país sobran los motivos para marchar: contra la impunidad y la represión de ayer y hoy; contra la herencia del saqueo de la dictadura que se mantiene en el ajuste hacia el pueblo trabajador. .

Domingo 21 de marzo | 21:50

Pero sin dudas, un motivo muy especial que convierte a este 24 en una cita de honor en Córdoba es el repudio al accionar de la justicia que busca llevar a juicio a 27 estudiantes por luchar. La misma justicia patriarcal que garantiza la impunidad, resulta ser expeditiva cuando de condenar protestas se trata.

Procesados por luchar

En Octubre del 2018 se inició una causa penal contra 27 estudiantes de distintas carreras de la Universidad y la abogada Leticia Celli por ser parte de las y los miles de jóvenes que protagonizaron la lucha educativa que recorrió al país y en cuyo marco se realizó la toma pacifica del pabellón Argentina junto a otras dependencias de la UNC.

La imputación de los estudiantes despertó el repudio de reconocidas personalidades y organizaciones que firmaron un pronunciamiento público, entre los que se encuentran Raúl Zaffaroni, actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio Maldonado y Hugo Yasky.

También distintos organismos de Derechos Humanos como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, HIJOS (Córdoba, La Plata, Zona Oeste) y Correpi; numerosos Centros de Estudiantes y Federaciones Universitarias y sindicatos como APA Córdoba, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, AGD, ATEN, SUTNA, CICOP, UTS y otros. Legisladores y legisladoras nacionales y de distintas provincias sumaron su firma, como Nicolás del Caño (PTS), Nathalia Gozález Seligra (PTS), Laura Vilches (PTS), Ezequiel Peressini (IS), Romina Del Plá (PO), Pablo Carro (Unidad Ciudadana) y Gabriela Estévez (UC).

Los avances de la causa

En junio del año 2019 el juzgado federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió el procesamiento penal de 27 estudiantes por el delito de “usurpación por despojo” por la toma del Pabellón Argentina.

En mayo del año pasado, mientras el poder judicial se encontraba semi paralizado, funcionando con una guardia mínima por la cuarentena que todavía se hallaba en fase uno en un contexto de crisis económica y sanitaria que se profundizaba, y mientras mostraba una completa inacción frente a los casos de violencia institucional que se encontraban en una fuerte escalada, la justicia avanzó en el procesamiento de los 27 estudiantes.

El 10 de septiembre del mismo año, mientras crecía la deserción estudiantil en todas las universidades del país producto de la virtualidad, la cámara federal de Córdoba rechazó los planteos de nulidad realizados por la defensa de parte de los procesados, por lo que el expediente volvió al Juzgado Federal Número 1 para que se iniciara el juicio.

Hace apenas unos días el fiscal federal Maximiliano Hairabedián pidió que la causa sea elevada a juicio junto con el embargo de bienes por 50 mil pesos para cada uno de los estudiantes procesados. Además, incorporó en la resolución una petición para que se abriera una causa paralela a la abogada y docente universitaria de la Facultad de Derecho Leticia Celli por el simple hecho de asesorar legalmente a los estudiantes, lo que comporta un ataque muy grave no solo al ejercicio de su profesión sino también a las más elementales libertades democráticas en general.

Una imputación jurídicamente insostenible

El delito por el que se los imputa es “usurpación por despojo” por la toma del pabellón Argentina en el contexto de las distintas acciones de lucha realizadas. Este delito comporta una pena de entre seis meses y tres años de prisión. ¿Pero qué tan legal es que se lleve a juicio a los estudiantes y se los condene? Desde un punto de vista netamente jurídico es insostenible.

El artículo 181 del Código Penal tipifica la usurpación de bienes inmuebles. Este es uno de los tantos resguardos con los que cuenta la propiedad privada, quien le da la da razón de ser a este artículo en el ordenamiento jurídico. Desde su gestación y a través de las normas que lo fueron modificando y "adaptando" a las necesidades de los que más tienen, no es, ni fue nunca, más que una figura penal que intenta evitar la ocupación de un bien privado. Es por esto que no aplica en el caso de la toma del Pabellón Argentina que es un edificio público ya que no encuadra con el bien jurídico protegido por el delito en mención. Mas aun teniendo en cuenta que la toma del inmueble se da como una de las medidas elegidas por el movimiento estudiantil reunido en asambleas para reclamar por nuestros derechos y en defensa de la educación pública, en ejercicio legítimo de un método tradicional y democrático de protesta reconocido en la constitución nacional, dejando en claro que utilizan una figura creada en defensa de la propiedad privada para criminalizar la protesta.

Además, por ser un delito, como son los establecidos en el sistema penal, especifico en sus medios comisivos, requiere probar que los imputadas hayan sido quienes efectivamente cometieron el “hecho ilícito” tal cual se encuentra establecido en el articulado. Podemos inferir, sin miedo a equivocarnos, que la fiscal Lopez de Filoñuk (quien abrió la causa junto con el juez Vaca Narvaja) a la hora de imputar a los estudiantes no contó con ninguna prueba, ya que tomo como criterio de imputación la condición de voceros de las medidas de los estudiantes que hablaban a través de los medios de comunicación.

En el derecho penal argentino rige un sistema denominado “numerus clausus”, es decir, se siguen principios de legalidad y tipicidad por los cuales los delitos están expresamente previstos. En materia penal, la conducta que coincide exactamente con el tipo legal es la penada, y no otra parecida o que pueda participar de las características de dos o más figuras delictivas, las demás carecen de importancia en el orden penal. Pasando en limpio, en el derecho penal no solo se exige la existencia de una ley previa a la comisión del hecho, si no que también la estricta coincidencia de la conducta realizada por el acusado y la conducta descripta por la norma.

Si bien la defensa de los estudiantes fue clara y contundente en este sentido, la Justicia de manera notable desplegó un enorme esfuerzo argumentativo que se dejó ver en la resolución de septiembre del pasado año, donde las constantes citas doctrinarias denotaban de primera mano la falta de elementos de hecho y de derecho para justificar el procesamiento.

Para ejemplificar un poco, la justicia alega el ejercicio abusivo por parte de los estudiantes del derecho de huelga, y para justificar su postura cita un fallo de la corte suprema de justicia que data del año 1964 que versa: “el texto constitucional no justifica la comisión de todos los delitos comunes en el ejercicio de los movimientos huelguísticos.” Un fallo que fue emitido en pleno gobierno de Illia como intento de frenar mediante el código penal el ascenso de la lucha social, tanto del movimiento obrero como estudiantil. Bajo esa lógica, todas las acciones emprendidas en el marco de la protesta social (como por ejemplo una ocupación pacífica), cuyo ejercicio libre es el que permite la conquista y el ejercicio del conjunto de los derechos, deberían ser tipificados como delitos comunes pasibles de ser penados.

Como ayer, la justicia está al servicio del disciplinamiento social

¿Por qué el poder judicial, amparándose en un mar de doctrina y forzando argumentos, avanza con celeridad en llevar a juicio a estudiantes por luchar mientras sostiene una inacción sistemática -cuando no encubrimiento y participación abierta- ante el gatillo fácil, los femicidios, las redes de trata, etc.? La misma justicia que en los ‘70 cajoneó los habeas corpus presentados por abogados que defendían a los trabajadores y militantes, y que luego fue cómplice de la desaparición de estos mismos abogados en la recordada noche de las corbatas.

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Él porque está muy claro: buscan con esto sembrar un grave precedente histórico, sin antecedentes desde la vuelta de la democracia, para dejar claro que todo estudiante que se organice y defienda los ataques a la educación púbica,* puede ser perseguido por el poder judicial y eventualmente hasta encarcelado. Lo mismo vemos en Río Negro donde en el conflicto del 2018 se iniciaron causas judiciales, fueron expulsados estudiantes y se abrieron sumarios docentes por reclamar un aumento de presupuesto. Allí, frente a la toma del vicerrectorado por 3 meses llevada a cabo por los estudiantes para exigir el cese de las causas, la respuesta fue la represión violenta de la gendarmería nacional que con 80 efectivos, camiones hidrantes y gas pimienta se llevó una decena de detenidos. Nada que envidiar a la funesta "Noche de los bastones largos" de Onganía.

Queda en evidencia que ante el avance de una grave crisis social que cada vez más se choca con la resistencia popular

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La Justicia es parte de los preparativos del régimen para disciplinar al movimiento estudiantil, que históricamente fue uno de los actores más destacados en la lucha social forjando lazos con el movimiento obrero y los sectores populares. Lo muestra la reforma del 18, las luchas de la laica o libre y la resistencia al represivo Plan CONINTES bajo el Gobierno de Frondizi, la enorme resistencia en el Cordobazo donde obreros y estudiantes hirieron de muerte a la dictadura de Onganía, por poner los ejemplos más emblemáticos. No es casual que más de un 21 % de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar hayan sido estudiantes, en su enorme mayoría militantes de distintas organizaciones que tenían la lucha como horizonte de vida contra este sistema injusto.

Por eso, a 45 años del Golpe, levantar bien alto la bandera por el desprocesamiento de los 27 estudiantes es parte de la defensa de las mejores tradiciones de lucha del movimiento estudiantil. Porque tenemos memoria, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos! Hoy retomamos más que nunca las luchas históricas del movimiento estudiantil y este 24M levantamos las banderas de ayer y hoy, por eso creemos muy importante ser miles en las calles, por los 30 mil compañeros desaparecidos, por los 27 compañeros procesados por luchar y contra la herencia de la dictadura que vive en la deuda externa, en los grandes empresarios y la justicia. Vos también tenés que estar. No da lo mismo que te quedes en tu casa.

Miércoles 24 de Marzo. 17 hs. Desde Colon y Cañada.
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